Por Salvador Camarena
Si les pidieran poner dinero en una apuesta sobre quién puede más, Andrés Granier o Enrique Peña Nieto, ¿en dónde meterían su dinero? ¿Del lado del Presidente de la República, cierto? Sin embargo, el que apostara por Granier no necesariamente estaría loco. De hecho, ¿por qué razón tendríamos qué pensar que el ex Gobernador de Tabasco va a sufrir una suerte distinta a la de Humberto Moreira, Eugenio Hernández, Ulises Ruiz, José Murat o Tomás Yarrington?
Porque una cosa es que en las últimas semanas hayamos escuchado al Procurador Jesús Murillo Karam (“se sigue integrando la suficiente evidencia –sobre el desfalco a Tabasco– para que en caso de existir algún delito se castigue con contundencia, pero con seriedad absoluta”) y al Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong (“todo el apoyo, todo el respaldo que quiera el Gobernador –Núñez, para investigar a Granier–, así lo sabe, le pueden preguntar, hemos estado en completa coordinación”), y otra muy distinta que el ex inquilino de la Quinta Grijalva esté cerca de la cárcel.
Para empezar porque hay que recordar lo que pasaba en las viejas épocas del PRI: los mexicanos aprendieron a descifrar que cuando el gobierno decía una cosa, el verdadero mensaje estaba en otro lado, aprendimos que esa declaración incluso podía significar exactamente lo contrario a lo dicho.
De ahí que ante declaraciones como la de este fin de semana del presidente nacional del PRI, César Camacho, que declaró que “si como él (Granier) dice no tiene ninguna responsabilidad, que lo acredite, pero nosotros tomamos distancia de Granier y de su comportamiento”, no queda más que el escepticismo: puede ser estrictamente una cortina de humo, el tricolor se lava las manos, y la cara, pero de ahí a que pase algo, a que haya justicia, dista un buen trecho.
Y es que las declaraciones de los priistas sobre Granier no difieren, por ejemplo, gran cosa de las que jerarcas y figuras de ese partido dijeron en al menos dos ocasiones sobre otro ex Gobernador, Tomás Yarrington. En mayo y en agosto del año pasado, tanto el PRI, como el entonces jefe de la campaña de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, así como el hoy Senador Emilio Gamboa, señalaron que el ex mandatario de Tamaulipas debía hacer frente a los señalamientos que se le hacían. Releamos al hoy Secretario de Hacienda: “No vamos a defender a alguien que está en esta inexplicable situación, le pedimos al señor Yarrington que comparezca ante la justicia y que aclare lo que tenga que aclarar”. Palabras más palabras menos, lo mismo que hoy dicen priistas sobre Granier, ¿o no?
Por otro lado, no me tome a mal la comparación, pero si usted fuera Granier, y después de ver lo que le pasó a Elba Esther Gordillo, ¿se sentiría muy cómodo haciéndose “ojo de hormiga”, escondiéndosele al gobierno federal? ¿Se sentiría muy tranquilo con el tono retador de su ex Secretario de Finanzas, que lleva dos semanas desafiando al Gobernador Arturo Núñez? Contra todo lo que ha conocido la opinión pública, por ejemplo la crisis hospitalaria tabasqueña de finales del año pasado, el ex Secretario de Finanzas José Manuel Saiz Pineda tiene el aplomo de declarar a Milenio que cuando el PRI salió del gobierno “la administración estatal no se encontraba en quiebra financiera y existen todos los soportes documentales para comprobarlo”. O sea que Núñez ha inventado todo, incluida la presentación de 88 millones de pesos, como parte de un “burdo montaje”.
Los desplantes de Granier y los suyos, incluido el acusar a Núñez de torturar a una mujer, no se explican sin concluir que perciben que la señal del gobierno federal es que la administración de Peña Nieto ha decidido no ejercer toda su capacidad para emprender acciones políticas y legales en contra de ellos. Nadie en su sano juicio se prestaría a desafiar la supuesta coordinación de los gobiernos si no tuviera datos de que las declaraciones priístas son una cosa y la realidad otra.
En pocas palabras, el PRI está aplicando la vieja receta de “qué barbaridad, que se investigue y se castigue hasta llegar a las últimas consecuencias”, al tiempo que el gobierno de Núñez, incapaz de dar pasos contundentes, va desgastándose en anuncios mediáticos.
Es una retorcida reedición de lo que pasaba con el gobierno federal panista: un ex Gobernador priista era acusado, el priismo respondía apelando a la ley y, si ya era insoportable, deslindándose del personaje cuestionado, y mientras tanto los fiscales naufragaban en su intento de llevarlo ante un juez.
El paso, y el peso, de la justicia se atora en una obra bufa donde el PRI se rasga las vestiduras y la administración de Tabasco no encuentra la manera para que los abusivos dejen de burlarse de todos nosotros.
Granier está prófugo de la ley porque así lo ha consentido Peña Nieto y su partido. El Presidente no toleraría que alguien se le escondiera, ¿o sí? Hagan sus apuestas.
Fuente: Sin Embargo
