Por Luis Javier Valero Flores
Dos muy ominosas reformas de carácter político están en marcha en el Congreso de la Unión, ambas fortalecerán en grado superlativo a las cúpulas partidarias y una de ellas, la propuesta de crear el Instituto Nacional de Elecciones (INE), servirá para el fortalecimiento del centralismo y, dentro de éste, al presidencialismo.
De aprobar ésta última, nos inscribiremos de manera plena en la ruta de la reconstrucción del centralismo, vía directa a la reconstrucción del autoritarismo mexicano pues se contribuirá decisivamente a la reconcentración del poder en la Presidencia de la República.
La otra reforma propuesta, rechazada mayoritariamente en todas las encuestas, es la de la reelección inmediata de los legisladores y alcaldes.
Es imposible saber en qué planeta político viven los dirigentes del PAN y del PRD cuando argumentan que, para evadir el control ejercido por los gobernadores sobre los órganos electorales locales, deba crearse un órgano nacional, el cual no estaría sujeto a un control semejante, como si, de aceptarse el argumento, no ocurriera lo mismo en el ámbito federal con el presidente de la República ¿Por qué allá sí y acá no? Es una pregunta automática.
Ni modo que el régimen político existente en las entidades fuera distinto al del país, vigente en la federación.
Más aún, estamos ante la más vasta y potente ofensiva por centralizar nuevamente la vida política en todos los órdenes.
Por doquier se pueden apreciar tales intentos, el de los órganos electorales no es la excepción.
Se pretende establecer un solo órgano en materia de transparencia; una sola instancia en derechos humanos; en adelante, el gobierno federal (¿Nacional?) pagará el salario de todos los maestros; se busca la aprobación de un solo código penal y ahora se pretende un solo órgano para conducir los procesos electorales, en lo que es, a no dudarlo, una grosera agresión al régimen federal vigente, aún con todas sus imperfecciones.
Los panistas creen poseer el mango del sartén. O se aprueba la reforma política, o no hay la reforma energética. ¿Cuánto estará dispuesto a ceder el Presidente Peña Nieto con tal de abrir al capital privado el petróleo mexicano?
Pareciera que Sir Francis Drake tuviera más motivaciones éticas que estos legisladores. Lo mismo aplica para la cúpula perredista, cuyos integrantes ya se sueñan reelegidos una y otra vez en las curules plurinominales. Así, ¿para qué luchar por un proyecto de nación? N’ombre, esas son “fumadas” del Andrés Manuel.
“… la reforma política se centrará en el artículo 41 de la Constitución… el punto toral es la sustitución del Instituto Federal Electoral (IFE) por el Instituto Nacional de Elecciones (INE). Esta instancia se encargaría de organizar todos los comicios, tanto nacionales como locales”. (Nota de Germán Canseco, La reforma electoral, secuestrada antes de nacer, Proceso 1929, 20/X/13).
En la propuesta panista, el INE no sólo organizaría los comicios; además, haría la declaratoria de validez de la elección y otorgaría la constancia de mayoría a los candidatos triunfadores, actos que hoy corren a cargo del TEPJF. Proponen, además, eliminar los 32 tribunales electorales locales y concentrar todas las resoluciones en el federal. “La parte que aún no se consensúa con el PRI es la central: que rebasar los topes de gasto de campaña sea causa de nulidad de la elección, además de que en la elección extraordinaria no pueda participar el candidato sancionado”. (Ibídem).
La propuesta la han rechazado 28 de los 32 consejos estatales, incluido el del Distrito Federal. En un estudio, realizado por los consejos estatales electorales, se refutan los tres argumentos ofrecidos para desaparecer los órganos locales.
Rechazan que sean más caros, que dupliquen las funciones y que sean controlados por los gobernadores. Sostienen que tales argumentos carecen “de estudios previos, serios y sustentados”.
Según los estatales, el IFE cuesta al año 7 mil millones, contra los 4 mil 500 que cuestan los 32 consejos locales, para celebrar la elección de 3 mil 631 puestos, contra los 629 cargos cuya elección debe conducir el IFE.
Si hubiera intromisión de los gobernadores en los órganos electorales no existiría la alternancia que hoy se da en prácticamente en todo el país, argumentan los consejeros estatales.
Tampoco es del todo real tal aseveración, la intromisión de los gobernadores en la vida electoral de sus entidades es un hecho incontrovertible, pero cambiarla por la intromisión del presidente de la República es inaceptable. Lo que se debe hacer es cambiar el método de designación de los consejeros electorales para evitar la grosera partidización de los órganos electorales y el reparto al mejor estilo de los corsarios de ellos.
Inmersos en su mundo y preocupaciones, la mayor parte de ellas lejanas a las de una muy amplia mayoría ciudadana, ahora nos recetan una fórmula “mágica”, la de que tendríamos más elementos a la mano para “premiar” o “castigar” sus actuaciones como servidores públicos si ellos, los evaluados, tienen la posibilidad de la reelección inmediata. Así, dicen panistas, priistas y perredistas, si hicieron una buena gestión ya no habría necesidad de “improvisar” con otro que llegue al puesto sin experiencia alguna. Ajá.
Sin duda que en las democracias desarrolladas hay la posibilidad de la reelección, pero en prácticamente todas existen una serie de candados para impedir la utilización de recursos públicos en la promoción política, amén de que existe un mejor comportamiento de los gobernantes, pero, sobre todo, existen mejores condiciones para la participación política.
No sólo los especuladores profesionales –como el escribiente– han asentado que la existencia de una muy amplia capa de pobres en el país es terreno fértil para la manipulación política, el uso patrimonialista de los recursos públicos y el uso salvaje de la pobreza para construir “tendencias” electorales; también estudios más serios, como los realizados por las universidades públicas de Chihuahua y el Colegio de Chihuahua, sobre el abstencionismo, demostraron que tales asertos son correctos.
Nada más hay que imaginarse a la mayoría de los presidentes municipales, (éstos, que se acaban de ir y que se gastaron el presupuesto sin dejar la provisión de los aguinaldos de los trabajadores del municipio y cuyas cuentas públicas contienen serias irregularidades) en los meses anteriores a las elecciones en busca de su reelección. ¿A poco será mucho pensar que se gastarían algo del presupuesto en su promoción personal?
O los diputados, federales y locales, que se gastan sumas millonarias sin la obligación de rendir cuentas de ellas a nadie, porque así lo dice la ley que ellos mismos aprobaron.
No, abrir la puerta a la reelección inmediata de alcaldes y legisladores será otro tremendo despunte en los niveles de corrupción del mundo gubernamental. Lo que hoy vemos y padecemos empequeñecerá frente a lo que harían esa pléyade de políticos en busca de su reelección.
Frente a estas dos reformas, contrarias al desarrollo democrático del país, tienen una honda responsabilidad los diputados priistas de Chihuahua. Aprobar la creación del INE significará que aceptan el argumento central de los promotores, la de que sus gobernadores controlan los órganos electorales locales. Tal determinación conlleva otra peor, la de su aceptación a que mejor sea el presidente –obvio, de su partido– quien controle el órgano electoral único.
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