En el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se compromete a sacar de la pobreza a 20 millones de personas y a 5 millones de personas de la pobreza extrema en el horizonte 2024, pero también a reducir las brechas de desigualdad que excluyen a sectores enteros de la población mexicana –las comunidades indígenas, en primer lugar– y reducir un poco las carencias en el acceso a derechos sociales.
Para conseguir que en 2024 todos los mexicanos vivan en un “entorno de bienestar”, el gobierno anuncia que implementará “enérgicas políticas recaudatorias” y restablecerá una “intervención estatal” en la economía de mercado, la cual se encuentra “sin control alguno” y produce “enormes desigualdades sociales”, según el PND.
Sin embargo, las metas que se impuso el gobierno no serán suficientes para conseguir que todos vivan en el bienestar cuando concluya el mandato de AMLO: según las cifras oficiales más recientes, 53.2 millones de mexicanos eran pobres en 2016, por lo que, de cumplirse las promesas, más de 30 millones de personas permanecerán pobres en 2024.
Ocurre algo similar en la erradicación del hambre: el gobierno se puso la meta de que 81% de los habitantes de localidades de menos de 15 mil habitantes tendrá seguridad alimentaria en 2024 –contra 73% actualmente–, lo cual implicará que, en estas localidades, una de cada cinco personas seguirá padeciendo hambre.
Así, el gobierno se compromete a reducir de 28% a 22% la tasa de la población con viviendas insalubres, o de disminuir de 38% a 36% la proporción de habitantes sin acceso al agua entubada, y a elevar el salario mínimo para que llegue a 83% de la línea de bienestar urbana –contra 60% actualmente–.
Estas promesas se basan en la aplicación de una política social enfocada en “los siempre desposeídos, oprimidos, despojados y discriminados” y todos quienes fueron “atropellados por los grandes intereses económicos, ignorados por los medios y privados del ejercicio de sus derechos por el poder político”.
En el PND, el gobierno anuncia que abandona la visión de un Estado “gestor de oportunidades” –que calificó de lógica neoliberal, pues se refiere a “circunstancias azarosas”–, y lo cambiará por un “garante de los derechos” establecidos en la Constitución.
La estrategia: la entrega de subsidios
Esta política se concentra en la entrega de subsidios para “subsanar las injusticias sociales”, pero también incluye el mejoramiento de “las condiciones materiales de las escuelas del país” –y la instalación de las 100 Universidades para el Bienestar Benito Juárez–, y el abandono de las políticas de privatización en el sector educativo y de la salud pública “corroído por la corrupción”.
Entre los subsidios destacan los mil 275 pesos mensuales del Programa para el Bienestar de los Adultos Mayores, los mil 125 pesos del Programa de Pensión del Bienestar de las Personas con Discapacidad, los 5 mil pesos para los participantes en el programa de reforestación Sembrando Vida, los 3 mil 600 pesos a empresas en el marco de Jóvenes Construyendo el Futuro o las Becas Benito Juárez, como se renombró el programa de becas de Prospera.
“El objetivo más importante del gobierno de la Cuarta Transformación es que en 2024 la población de México esté viviendo en un entorno de bienestar”, sostiene el gobierno en el PND.
El bienestar, según ese documento, es una herencia de las luchas obreras del siglo XIX – que aportaron los servicios universales y gratuitos en educación y salud, las vacaciones pagadas, la jornada de ocho horas o los salarios mínimos–, que posteriormente fue despedazada por los “economistas neoliberales” a partir de 1973.
El PND vincula la política social con la económica, la estrategia de seguridad y la migración. El gobierno refrenda el lema de “no dejar a nadie atrás” y plantea que su nueva política económica abandona el modelo que fomenta la concentración de riquezas “en unas cuantas manos” y resulta “opresor de sectores poblacionales y minorías, depredador del entorno”.
Pero también aspira a utilizar la política social para reducir los niveles de inseguridad y de violencia, y generar “alternativas económicas sostenibles para los hogares y comunidades que dependen del ingreso provisto por actividades ilícitas como el cultivo de drogas, la extracción y distribución ilegal de hidrocarburos, el robo de autotransporte, etc”.
En materia de Salud, refrenda la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que sustituye al Seguro Popular y beneficia a las personas no afiliadas al IMSS o al ISSSTE, donde en 2024 “todas y todos los habitantes de México podrán recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos y materiales de curación”.
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