Por Bernardo Bátiz V.
Una de las fallas o carencias de quienes gobiernan el país desde hace ya algunos años es que no saben historia, y mucho menos historia de México; no leen o al menos no leen mucho y se olvidan pronto lo que leyeron; no investigan ni ellos ni sus cortes y caudas de asesores y colaboradores, de lo que deriva que para tomar decisiones capitales para el futuro del país, estén atentos tan sólo a la coyuntura del momento y lamentablemente a sus propios intereses, tanto para negocios de hoy como para empleos en el futuro.
Deben saber que para debatir sobre petróleo no basta la publicidad y la reiteración hasta el cansancio de términos como competitividad y modernización, que poco significan. Se requiere información, conocer nuestro pasado y decir la verdad; por ello me refiero hoy a unos pocos de los muchos trabajos serios e informados escritos sobre el tema.
Es ya un clásico el libro que en 1968 publicó el entonces joven investigador Lorenzo Meyer con el título México y Estados Unidos en el conflicto petrolero; ideas expuestas en él han sido reiteradas, ampliadas y enriquecidas por el autor en escritos y conferencias, y proporcionan información seria a quienes quieran leer y oír y contradicen el fácil gracejo que califica de dogmáticos los argumentos en contra de las ocurrencias e intereses de quienes pretenden entregar nuevamente el petróleo mexicano a empresas extranjeras.
Otro libro, recién salido de la imprenta, coordinado por el senador Manuel Bartlett, aporta datos precisos y confiables para demostrar que es un contrasentido carente de patriotismo pretender que el área estratégica de nuestra economía, constituida por los energéticos, petróleo, gas, electricidad, se ponga en manos precisamente de los competidores de Pemex, que a pesar de la corrupción de muchos, ha sido la columna vertebral de la economía mexicana.
Los autores del libro coordinado por Bartlett no son ningunos improvisados; se trata de Alberto Montoya Martín del Campo, doctor por la Universidad de Stanford, investigador de la Universidad Iberoamericana y servidor público experimentado; de la doctora en ingeniería energética de la UNAM Rocío Vargas Suárez; del egresado de la ESIME, con experiencia en Pemex, en petroquímica, proyectos y construcción por más de treinta años Heberto Barrios Castillo; de Francisco Garaicochea, ingeniero petrolero de la UNAM, catedrático de la Universidad de Oriente de Venezuela y de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, también con experiencia laboral directa en Pemex y Gonzalo Núñez González, arquitecto y economista de la Iberoamericana y de la UNAM especialista en planeación del desarrollo y con experiencia en el servicio público. Este libro, que ya está circulando, es indispensable para entender cómo están las cosas hoy en este asunto y conocer las verdaderas posibilidades de conservar y mantener Petróleos Mexicanos como la herramienta fundamental para sostener la soberanía económica de del país.
El jurista y diplomático Antonio Gómez Robledo también se ocupó del tema en varios y valientes trabajos. Uno es el ensayo La cuestión del petróleo, publicado por El Colegio de México, en el que recuerda que unas antiguas Ordenanzas de Aranjuez, de 1783, constituyeron la primera disposición legal que reservó para el dominio de la real corona las minas y todo lo que se pueda descubrir en el subsuelo, entre ellos, los bitúmines y jugos de la tierra, dominio que, recuerda el autor, pasó a ser de la nación mexicana con motivo del tratado de 1836, con el que España reconoció la soberanía nacional.
Gómez Robledo cita en este trabajo un célebre voto del ministro Ignacio L. Vallarta, que reconoce ese dominio directo sobre el subsuelo, que no se puso en tela de juicio hasta 1884, en el Código de Minas promulgado por el compadre y hechura de Porfirio Díaz, general Manuel González. Ahí se determinó que los productos del subsuelo serían propiedad de quien tuviera la propiedad del suelo. Insinúa el autor, que quizás ya se movían los intereses de las empresas petroleras.
Bajo el gobierno de Carranza se retornó, con el artículo 27 constitucional, al anterior sistema con el texto que califica Gómez Robledo de diáfano: Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos cuya naturaleza sea distinta de los componente del terreno entre ellos por supuesto el petróleo y todos los carburos de hidrógeno.
Este es el estatus actual del petróleo; sólo que en 1923, con los llamados Tratados de Bucareli, de los que hablaré en otra ocasión, en forma ilegal y de hecho, se dejó de aplicar la Constitución a cambio del reconocimiento por Estados Unidos al gobierno de Álvaro Obregón. Fue hasta 1938, que Lázaro Cárdenas expropió los bienes de las compañías petroleras, que se pudo recuperar lo que era nuestro y que hoy se pone nuevamente, en riesgo con una frivolidad inexplicable.
Fuente: La Jornada
