El Pentágo oculta agresiones sexuales, revela informa

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La cantidad de delitos sexuales en las comunidades militares estadounidenses es mucho mayor de lo que ha admitido públicamente el Departamento de Defensa, afirmó ayer una senadora, en un duro informe que asegura que el Pentágono se negó a dar información sobre agresiones sexuales en varias bases importantes.

Las esposas de los miembros del servicio y mujeres civiles que viven o trabajan cerca de instalaciones militares son especialmente vulnerables a las agresiones sexuales, señaló la demócrata Kirsten Gillibrand en un informe. Sin embargo, estos casos “siguen en las sombras”, explicó la senadora por Nueva York, porque no se cuentan en los estudios del Departamento de Defensa para analizar la prevalencia de agresiones sexuales en el ejército.

“No creo que el ejército esté siendo franco sobre este problema”, dijo Gillibrand en una entrevista.

La senadora indicó que su análisis de 107 casos de agresión sexual halló castigos demasiado suaves, y que era más probable que se creyera al supuesto agresor que a la víctima. Menos de un cuarto de los casos fueron a juicio, y apenas 11 terminaron con una condena por un delito sexual. Las mujeres civiles eran las víctimas en más de la mitad de los casos. Señaló la senadora, una gran defensora de que se reforme el sistema de justicia militar.

En su informe anual sobre agresiones sexuales en el ejército, publicado el sábado, el Departamento de Defensa indicó progresos para combatir la epidemia de agresiones sexuales. El Departamento indicó que los delitos se habían reducido y cada vez más víctimas optaban por denunciar, un indicio de que hay más confianza en que los agresores responderán por sus actos.

Laura Seal, portavoz del Departamento de Defensa, señaló que el organismo no tiene autoridad para incluir a los civiles en sus estudios.

En uno de los casos analizados por Gillibrand, un miembro de la Fuerza Aérea fue acusado de derribar a su ex novia, sujetarla en el suelo y violarla. Durante la investigación, otras dos víctimas civiles lo acusaron de agresión sexual. Una de ellas, esposa de otro militar, se despertó de noche y encontró al hombre en la cama con ella. Tenía dos dedos dentro de su vagina. El oficial que lo investigó recomendó que el hombre fuera sometido a un consejo de guerra. De ser condenado, se hubiera enfrentado a una larga pena de cárcel.

Pero los superiores del investigador decidieron no celebrar un juicio y emplearon un proceso administrativo para licenciar al acusado bajo “condiciones diferentes a honorables”. La Fuerza Aérea dijo que las víctimas habían preferido eso.

Ese resultado es sospechoso, señaló la senadora, y las víctimas podrían haberse visto intimidadas.

“Es frustrante porque miras los hechos y ves testigos dispuestas a dar un paso adelante, pasar el examen médico, y o bien terminan retirando las acusaciones o los investigadores deciden que su testimonio no era válido o creíble”, señaló.

El informe publicado ayer lunes afirma que los documentos sobre los casos contradicen la afirmación del Pentágono sobre que los comandantes serán duros con los soldados acusados de delitos sexuales. Gillibrand ha apoyado leyes que apartarían a los comandantes del proceso de decidir si los delitos graves, incluyendo los casos de delitos sexuales, van a juicio. Esa decisión dependería de experimentados abogados militares con experiencia judicial. El Pentágono se opone a ese cambio.

Para determinar si se producía la misma situación en las grandes bases en Estados Unidos, la senadora neoyorquina pidió al entonces secretario de Defensa, Chuck Hagel, detalles sobre casos de agresión sexual investigados y resueltos entre 2009 y 2014 en cuatro grandes bases militares: Fort Hood en Texas, la base naval Norfolk en Virginia, el campamento de marines Pendleton en California y la base aérea Wright-Patterson en Ohio.

Diez meses más tarde, en diciembre, el Pentágono proporcionó sólo los datos de 2013, dijo Gillibrand.

Esa resistencia a proporcionar los datos, señala el informe de la senadora, “pone en cuestión el compromiso del Departamento con la transparencia y el llegar a la raíz del problema”.

Fuente: AP

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