Apenas se supo que Emilio Lozoya Austin habría recibido más de 10 millones de dólares en “propinas” por parte de la empresa brasileña Odebrecht, el exfuncionario peñanietista amagó con demandar por difamación a quien difundiera lo que llamó “chisme”. Su actitud contrasta con la del año pasado, cuando un centenar de medios internacionales, incluido Proceso, difundieron la investigación global Panama Papers, según la cual el pasaporte de Lozoya se encontraba en los archivos internos de Mossack Fonseca, ante lo cual guardó silencio.
Por Mathieu Tourliere/ Proceso
En abril de 2011 el despacho panameño Mossack Fonseca, especializado en la incorporación de sociedades offshore, hizo los trámites para abrir una cuenta bancaria y una caja fuerte en el banco panameño Prival Bank a nombre de Balerg Associates Inc., una sociedad de papel con sede en Panamá.
Era una fachada. En paralelo, el despacho otorgó un poder de administración de esa cuenta a Emilio Ricardo Lozoya Austin, entonces socio del fondo de inversión JF Holdings, S.A., establecido en Luxemburgo, e integrante del consejo de administración de la empresa española OHL en México.
Lozoya no lidió directamente con el despacho panameño: se valió de los servicios de Kalliopi Paky Houriet, una abogada del sector financiero, exvicepresidenta del Chase Manhattan Bank, experta en incorporación de sociedades offshore y una de las primeras clientas de Mossack Fonseca en Suiza.
Ese mismo año, en agosto, Houriet pagó 96 dólares con 30 centavos a Mossack Fonseca para costear el papeleo que realizó el despacho en el otorgamiento del poder de administración de la cuenta bancaria a Lozoya.
En 2012, Lozoya se incorporó a la campaña del candidato presidencial priista Enrique Peña Nieto como coordinador de asuntos internacionales. Cuando Peña llegó a Los Pinos, Lozoya se convirtió en director general de Pemex.
Altos ejecutivos de la empresa brasileña Odebrecht declararon ante la justicia de su país que otorgaron “propinas” por 10 millones de dólares a Lozoya, primero mientras formaba parte de la campaña de Peña Nieto y luego como director de Pemex, a cambio de su apoyo para obtener contratos de obra pública, como lo exhibió la organización periodística Quinto Elemento Lab en un reportaje publicado en este semanario (Proceso 2128).
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