La nueva Legislatura que será encabezada por Morena ya anunció un “ajuste” y la compactación de plazas de la burocracia legislativa para ahorrar 208.5 millones de pesos. En sentido contrario y a pocos meses de concluir su cargo, los diputados federales salientes de las dos fracciones mayoritarias (PRI y PAN) autorizaron por lo menos cuatro plazas que implicarán un gasto de 4 millones 263 mil 960 pesos, así como pagos adicionales de un mes a empleados de la Mesa Directiva y la Mesa de Coordinación Política.
Por Jesusa Cervantes/ Proceso
Tres semanas antes de la elección presidencial, PRI y PAN acordaron crear nuevas plazas en la Cámara de Diputados y hacer un pago extra de un mes a algunos empleados de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo), “derivado de las cargas de trabajo”.
Al tiempo que la Jucopo decidió rescindir anticipadamente el contrato a aproximadamente 200 asesores, autorizó un pago por única ocasión, de un mes completo y sin deducir impuestos, a 43 asesores de los órganos de gobierno.
Dos acuerdos del Comité de Administración de San Lázaro, cuya copia tiene este semanario, dan cuenta del “pago único” y de la autorización de cuatro plazas con nivel de “subdirector de área”. Se desconoce si existen otras plazas autorizadas para las 13 direcciones que tiene la Cámara de Diputados.
La justificación que se dio a esos pagos adicionales fue el arduo trabajo que realizaron los integrantes de la Mesa Directiva y la Jucopo en el último periodo ordinario de sesiones. Sin embargo, dichos órganos de gobierno cuentan con 176 personas con plaza, plaza homologada o contratadas por honorarios, cuya labor consiste precisamente en realizar las labores por las que se les entrega la mencionada remuneración extra.
El presupuesto de la Cámara de Diputados para 2018 es de 8 mil 439.4 millones de pesos; de los cuales 5 mil 441 millones se destinan al rubro de servicios personales o salarios.
Todas las fracciones parlamentarias cuentan con asesores; algunos trabajan por honorarios y son recontratados al inicio de la nueva Legislatura, otros no y son reemplazados por personal que acompaña a los nuevos diputados federales.
Este año, por acuerdo de la Jucopo, que encabeza el diputado panista Marko Cortés, aproximadamente a 200 de los más de mil asesores que laboran en San Lázaro se les liquidó el 31 de mayo, lo cual generó protestas de los afectados, pues su contrato establece que el trabajo concluye el 31 de agosto, fecha en que culmina la 63 Legislatura federal.
El 17 de mayo los asesores se manifestaron en la cámara con pancartas en que se reclamaba al presidente de la Junta esa decisión. En una de ellas se leía: “Jucopo 3 meses te vas a ahorrar, pero ahora ¿quién va a trabajar?”
No les respondieron. Fueron liquidados y menos de un mes después el Comité de Administración decidió hacer el pago extraordinario para asesores de la Mesa Directiva y la Jucopo.
El acuerdo está fechado el 5 de junio de 2018 y únicamente lo firman la presidente del comité, la panista Marisol Vargas Bárcena y la priista Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, cercana al primer coordinador de su partido, César Camacho Quiroz, quien dejó el cargo para competir por una senaduría y perdió.
El Comité de Administración es la instancia que, por órdenes de la Jucopo, proporciona a los comités o comisiones los recursos humanos, materiales y financieros para realizar sus labores. También vigila la entrega de las prerrogativas y subvenciones a los diputados, es decir, el dinero que se entrega a cada fracción parlamentaria de acuerdo a su número de curules.
Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2179, ya en circulación
