Por Bernardo Barranco
Bajo el proceso de un procedimiento sancionador, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ha citado el 13 de julio a comparecer al sacerdote Alejandro Solalinde, uno de los actores religiosos de origen mexiquense más destacados, bajo supuestas violaciones electorales. El PRD mexiquense lo acusa de cometer actos de proselitismo electoral en favor de Morena por mensajes difundidos en redes sociales, en especial en periodo de veda. El caso ha levantado interés y preocupación, pues se trata de un actor relevante en la vida política del país. En algunos casos su activismo en favor de los derechos humanos, en especial de los migrantes, lo lleva a sacudir la conciencia social y ética del país. Su infatigable celo en la denuncia le ha acarreado advertencias y acechantes amenazas de muerte en diversas ocasiones. Ahora Solalinde ha pasado ser de un amigo entrañable del PRD a un malqueriente.
En primer lugar, el marco jurídico es muy claro, el artículo 130 de la Constitución sostiene el principio histórico de separación entre el Estado y las iglesias. En materia política establece: Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. El proselitismo es ratificado en el artículo 14 de la ley de asociaciones religiosas. A su vez, a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 455, asienta: La inducción a la abstención, a votar por un candidato o partido político, o a no hacerlo por cualquiera de ellos, en los lugares destinados al culto, en locales de uso público o en los medios de comunicación. Ningún ministro de culto debe escapar a la ley, sea conservador o progresista, sea católico o cualquier otra Iglesia. Independientemente de nuestras preferencias, sea Norberto Rivera o Raúl Vera, la ley no debe tener distingos. Es cierto que mediáticamente se les carga la mano a los conservadores cuando irrumpen en la esfera pública. Por ejemplo, Hugo Valdemar, con largos jaloneos entre Gobernación y el IFE, fue apenas apercibido por Gobernación en 2011 por haber llamado públicamente a los católicos a no votar por el PRD. Hay otro caso reciente, se trata del obispo de Aguascalientes, monseñor José María de la Torre Martín, a quien se le acreditó proselitismo durante el pasado proceso electoral de 2016 en la entidad. Por ello desde febrero pasado la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordena a la Secretaría de Gobernación proceder al respecto, es decir, sancionar, pero no ha procedido o no ha querido. ¿Quién se atreve tocar a los príncipes de la Iglesia? ¿Sigue vigente el fuero religioso? ¿Por qué frente a las constantes intromisiones del clero en los procesos electorales el Estado se achica? ¿Tienen miedo a provocar el poder social de la Iglesia?
El caso de Solalinde es diferente. Es cierto que el sacerdote en su activismo y denuncia se sitúa en las fronteras del discurso antisitémico. De manera regular se enfrenta al Estado, a sus instituciones y gobiernos. Pero el caso que nos ocupa, tiene sus particularidades. Los días en periodo de veda, antes de la jornada del 4 de junio, el padre Solalinde subió varios tuits y videos, donde llamó al voto y a no dejar coaccionar el voto. También pidió a los obispos y sacerdotes de la entidad promover la participación ciudadana. También desmintió una nota falsa suministrada por el portal electorama.com de que declaraba un apoyo a Juan Zepeda. Se desmarcó tuiteando: “Respecto a nota falsa difundida hoy en un portal electrónico reitero que la maestra @delfinagomeza es la única opción de cambio en #Edomex”. El 3 de junio, regresa pronunciando: Mexiquenses, que no los sorprendan, no he dado apoyo a Juan Zepeda, ni al PRD, ni al PAN y mucho menos al PRI. La única oposición es Morena. Estos son los mensajes impugnados por el PRD. En términos de libertades, incluida la religiosa, Solalinde expresa su posición política, pero no llama a votar, ni a no votar; en favor o en contra de ningún partido. En sentido estricto no hace proselitismo, como sanciona la Constitución. Proselitismo es la acción, según el diccionario de Real Academia: El celo por ganar prosélitos, es decir, incorporar personas para una religión o causa política.
No hay una inducción evidente a terceros de manera explícita para votar por ningún partido. Por ello la propia Fepade ha desechado la queja, ya que no constituye ilícito. En Twitter, el funcionario federal Santiago Nieto escribió: ‘‘En la #Fepade hemos determinado la abstención de investigar en la denuncia vs el @padresolalinde. No es delito al no ser en acto de culto’’. Yo añadiría que no sólo es el lugar sino sus dichos. Este jueves, Solalinde se meterá en la boca del lobo, es decir visitará al IEEM. Se encarará con su secretario ejecutivo, Javier López Corral, masón proveniente de Atlacomulco. Un hombre frío del sistema, impuesto en 2008 por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto. Solalinde por ello señala que ahora se enfrenta al PRI, el PRD como vehículo quedó atrás. Sabe bien, que tanto el IEEM como el tribunal electoral local son territorios colonizados. La prédica social del cura se ha focalizado en una crítica sistemática al gobierno y al propio Peña: migrantes, Ayotzinapa, corrupción, vínculos con narcotráfico, entre muchos temas. ¿Será la hora de resarcimientos? ¿El grupo en el poder le cobrará tantas afrentas? No lo creo. El caso legalmente es débil y políticamente es inconveniente.
El propio proceso poselectoral mexiquense se calentaría y se enturbiaría aún más la asunción de Alfredo del Mazo. El mismo IEEM saldría perdiendo que ahora se quiere lavar la cara ante el cúmulo de irregularidades electorales fraudulentas toleradas y cometidas por el propio órgano electoral. Habiendo tantos transgresores del proceso electoral mexiquense se cita a un cura valiente. Teniendo a tantos funcionarios del gobierno local, encabezados por su gobernador, como verdaderos delincuentes electorales se procede a intimidar a un luchador social. ¿Cuántos operadores neomapaches electorales disfrutan sus logros sin que nadie los toque? Sin duda, el PRD cometió un error de cálculo. Pregunto al partido, ¿por qué no se inconformó con aquella comida, a fines de marzo pasado, entre los obispos mexiquenses y el presidente Peña, en la que, según filtraciones de Proceso, les pidió apoyo por su candidato Del Mazo? ¿Eso no es delito electoral? Se vale encajarse contra el cura atrevido, pero frente a los príncipes de la Iglesia, ni quién se meta.
Fuente: La Jornada
