Emilio Zebadúa, exoficial mayor de las dependencias que ha encabezado Robles, ha sido señalado de ser el artífice de la ‘Estafa Maestra’, publica el diario Reforma.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó a Emilio Zebadúa, el principal colaborador de Rosario Robles, irregularidades en sus informes patrimoniales y cuentas bancarias.
La SFP denunció a Zebadúa ante la Fiscalía General de la República por enriquecimiento ilícito, al no poder comprobar el origen de 13.2 millones de pesos, según concluyó la Verificación Patrimonial VP/026/2018.
El exoficial mayor de las dependencias que ha encabezado Robles ha sido señalado de ser el artífice de la ‘Estafa Maestra y del saqueo millonario en Sedatu.
La investigación inició en julio del año pasado, pero antes de que terminara el sexenio de Peña, la PGR detuvo la denuncia alegando fallas legales.
Después de siete meses de litigios, el actual Gobierno reactivó la acusación y, el 24 de junio, la SFP obtuvo un amparo para que la FGR retome la denuncia.
Señalan a Zebadúa por enriquecimiento
A inicios del sexenio, la FGR rechazó la denuncia por un presunto enriquecimiento ilícito contra Zebadúa.
La dependencia federal argumentó que el denunciante, Alejandro Gonzalo Aurelio Ríos Puente, subdirector de Asuntos Penales de la Unidad de Asuntos Jurídicos en la SFP, carecía de legitimación.
El 15 de noviembre, Ríos Puente presentó la denuncia ante la Subprocuraduría de Delitos Federales de la FGR. Su fundamento era un procedimiento de verificación patrimonial que concluyó que Zebadúa no había justificado 13.2 millones de pesos.
Según documentos judiciales, el 6 de diciembre pasado, la Subprocuraduría estableció que tanto el Reglamento como el Manual Organizacional de la SFP delegaban al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos la facultad de autorizar al Director General Adjunto de Asuntos Penales.
Por ser subdirector, para la FGR Ríos Puente no podía ser denunciante y tampoco era procedente su petición de reconocer a la SFP como coadyuvante del Ministerio Público, ni como víctima u ofendido, en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001647/2018.
Esta decisión implicó un retraso en la investigación de por lo menos siete meses, porque la SFP recurrió a los tribunales para reclamar que fuera aceptada la denuncia contra Zebadúa en la FGR y, en principio, tampoco tuvo suerte.
En diciembre pasado, la Función Pública presentó un amparo contra la decisión de la Fiscalía, pero Julio Veredín Sena Velázquez, juez séptimo de distrito de amparo penal en la Ciudad de México, desechó la demanda.
La SFP impugnó esa determinación y fue apenas el pasado 4 de abril que consiguió que el Tercer Tribunal Colegiado Penal ordenara al juez Veredín aceptar el amparo.
El 24 de junio, Veredín finalmente le otorgó el amparo a la Función Pública, precisando que la FGR no advirtió que el último párrafo de la fracción X del artículo 25 del Reglamento Interior de la SFP también facultaba a los subdirectores para presentar las querellas.
El fallo obliga a la Fiscalía a cancelar su acuerdo con el que invalidó al denunciante y, al mismo tiempo, a emitir uno nuevo en el que argumente sobre la procedencia de la misma.
La denuncia de la SFP contra Zebadúa refiere que durante un periodo de tres años no justificó un total de 13.2 millones de pesos en su patrimonio.
De acuerdo con el amparo otorgado a la SFP, el 1 de junio del año pasado, la dependencia inició el Procedimiento de Verificación Patrimonial VP/026/2018 contra Zebadúa y el 3 de julio el entonces funcionario fue citado para hacer sus aclaraciones sobre las presuntas incongruencias determinadas en su patrimonio y ofrecer pruebas.
En principio, la SFP indicó que debía aclarar una suma de 13 millones 485 mil 156 pesos con 74 centavos, correspondientes a los ejercicios de 2012, 2013 y 2015.
El 30 de julio, el 8 y 17 de agosto Zebadúa presentó a la SFP escritos con sus aclaraciones, pero el 30 de octubre siguiente Jéssica Rodríguez Mora, entonces Directora Contable de Verificación Patrimonial, concluyó que sólo aclaró 225 mil 884 pesos con 99 centavos.
El excolaborador de Rosario Robles no justificó el importe de 13 millones 259 mil 271 pesos con 75 centavos, según las conclusiones de la Función Pública.
Fuente: Reforma
