Las reformas constitucionales aprobadas recientemente en el Congreso han resultado ser un mero trámite legislativo para validar –pero sobre todo para consolidar– la entrega absoluta de los recursos energéticos de México y los mexicanos a los grandes capitales privados, sobre todo a los trasnacionales, de lo cual no van a salvarse ni siquiera amplísimas extensiones de tierras ejidales a lo largo y ancho del país. Desde hace años, consorcios trasnacionales, principalmente los de origen estadunidense y español, tienen al botín mexicano repartido en sectores como el carretero, el energético y el de telecomunicaciones… Y en este festín prodigado por Enrique Peña Nieto, su gobierno manipula tramposamente los términos del Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018…
Por Arturo Rodríguez García/ Proceso
En abril pasado y entre verdades a medias o la plena opacidad, el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 (PNI) presentó como proyectos de gobierno cuantiosas inversiones privadas, anunció obras que en realidad estaban condicionadas a las leyes complementarias en materia de telecomunicaciones y energía que todavía no se aprobaban, y presumió como “inversión” hasta los fondos de ahorro para vivienda de los trabajadores.
El resultado: un ambicioso plan de infraestructura por 7.7 billones de pesos para 743 proyectos por desarrollarse en comunicaciones y transportes; desarrollo urbano, territorial y agrario; hidráulicos, de salud y turismo, y de energía en sus sectores eléctrico y petrolero.
Pero resulta que al menos la tercera parte de los recursos anunciados para el PNI no son del gobierno. Además, en lo que va de la administración los grandes contratos de obra que sí comprometen recursos públicos muestran otra variable: la mayor parte está siendo asignada a empresas trasnacionales.
El 28 de abril el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, presentaron el plan de este sexenio. Como oradores fungieron también los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza; Energía, Pedro Joaquín Coldwell; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín; Turismo, Claudia Ruiz Massieu Salinas, y Salud, Mercedes Juan López.
“Estamos cambiando el rostro de México y construyendo juntos, literalmente, un mejor futuro para todos”, dijo Peña Nieto ese día, y luego agregó: “Ya hemos iniciado una nueva era en la construcción de grandes obras y el desarrollo de proyectos estratégicos en toda la geografía nacional”.
Para difundir y –según Videgaray– transparentar el PNI, en internet se abrió el sitio www.pni.gob.mx, donde es posible consultar los proyectos, información relacionada con el plan y descargar una hoja de cálculo con la descripción de cada uno. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se establece cuáles serán inversiones privadas, público-privadas o sólo públicas, ni las condiciones de ejecución y operación una vez que sean concluidas.
Carreteras opacas
Un ejemplo de opacidad contenido en la mencionada página del PNI es el relativo a las inversiones en autopistas y libramientos, uno de los sectores más importantes de la infraestructura del país.
Por ejemplo, para 221 proyectos de infraestructura carretera o vial (el PNI incluye hasta pavimentación de localidades urbanas, labor que por lo general atañe a los municipios) se prevé invertir 246 mil 859 millones de pesos (mdp). De esa cantidad, según el plan, 102 mil 58 mdp son para el “Programa para la conservación de la red federal libre de peaje de 43,800 km”, de manera que quedarían 144 mil 801 mdp para inversiones en las autopistas de cuota, que el documento no establece si serán invertidos por las concesionarias o por el gobierno.
Peor: Algunos de los proyectos que aparecen con mayor monto de inversión son privados.
De los proyectos condicionados a las reformas, se anunció la “Inversión privada en infraestructura de telecomunicaciones detonada gracias a la Reforma en Materia de Telecomunicaciones” por 507 mil 168 mdp. Es decir, los negocios privados que se podrán generar con dicha reforma son presumidos por el presidente Peña Nieto como parte de su PNI y fueron anunciados antes de ser autorizados por las leyes que apenas se promulgaron el lunes 14.
Algo similar ocurre con otro proyecto consistente “en la instalación de la Red Compartida (última milla) de fibra óptica, así como la instalación de infraestructura para aprovechar la banda de 700 MHz”, en la cual se invertirán 130 mdp. Resulta que la administración de dicha banda la tendrá el organismo público Telecomunicaciones de México junto con una empresa privada.
Otro ejemplo. En el sector turismo el PNI contiene el apartado “Obras iniciativa privada”, donde se describe el proyecto de obra por 112 mil 203 millones de pesos: “hoteles, marinas, campos de golf, restaurants (sic), complejos habitacionales para segunda residencia, parques de diversiones, acuarios, museos, entre otras”. Es decir, una estimación de los recursos de inversionistas privados del sector y no de recursos del gobierno.
Pero si hay un sector donde se percibe la falta de transparencia respecto a los recursos y el usufructo del bien público una vez realizado, es el de energía. No se establece cuáles proyectos serán privados y cuáles públicos. No obstante, por lo expuesto por los funcionarios federales, como Joaquín Coldwell, se puede advertir que la inversión para extracción de gas de lutitas y gas natural la harán particulares (Proceso 1920).
En el caso del gas, aún no se aprueban las leyes complementarias que autorizarían a particulares la exploración y extracción de hidrocarburos, pero las obras por realizar se hicieron públicas desde abril.
El PNI incluye “Proyecto tipo: Exploración y extracción de hidrocarburos, región Norte. Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas”, con una inversión de 305 mil 474 mdp y el objetivo de “asegurar el desarrollo óptimo de la infraestructura para contar con energía suficiente, con calidad y a precios competitivos”.
En cuanto a la vivienda, hay también un manejo engañoso. Durante el acto de presentación del PNI, Peña Nieto destacó para el sector una inversión de 1.8 billones de pesos, pero no explicó lo que sí detalla el documento en línea: 1.7 billones de pesos se obtendrán “aprovechando los fondos de vivienda que aportan (los trabajadores) a las instituciones oficiales promotoras de vivienda”.
Lo anterior quiere decir que la mayor parte de los recursos anunciados provendrán del ahorro regular de los trabajadores en el Infonavit y el Fovissste, además de que, según lo dicho por el secretario Ramírez Marín, el resto de los recursos serán públicos y privados.
Sólo con los anteriores cinco proyectos (sin contar los carreteros y viales), enlistados entre los 743 del PNI, fue posible identificar que de los 7.7 billones de pesos anunciados, al menos 2.7 son recursos privados.
Ventaja trasnacional
Desde el arranque del gobierno peñista la presencia de empresas españolas, estadunidenses, portuguesas y brasileñas se ha consolidado en la asignación de obra con los montos más altos.
A finales de enero pasado, la empresa española Astillero Hijos de J. Barreras obtuvo un contrato por 682 millones de dólares (mdd) para construir dos plataformas habitacionales para Pemex Exploración y Producción (PEP). Las brasileñas Odebrecht y Unigel tienen ya inversiones en millones de dólares. La primera para el Complejo de Etileno Siglo XXI (10 mil 300 mdd) y la segunda para el Clúster Petroquímico en el sur de Veracruz (5 mil mdd).
Una consulta al Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) –la herramienta digital en la cual las dependencias y entidades gubernamentales difunden la información, entre otras cosas, de contratos– permite ver la ventaja de las empresas trasnacionales sobre las mexicanas.
Por ejemplo, en la SCT se puede observar que la empresa española Assignia obtuvo un contrato por 375 mdp para una obra carretera en Tabasco. El portugués Grupo Mota-Engil obtuvo uno por 301 mdp para construir también caminos en Tabasco. Al español Grupo Aldesa se le concedió uno por 293 mdp para obra carretera en Nayarit. Constructora y Edificadora Gia, asociada con Constructora Urales y a la española Azvi, 313 mdp para obra en Nayarit.
El único contrato superior en monto a los mencionados –por una sola obra– fue para la mexiquense Puentes y Maniobras, por 785 mdp, para construir puentes en la carretera Puerto Escondido-Huatulco.
Incluso grandes contratos asignados por adjudicación directa –sin concurso– también favorecen a empresas extranjeras. La francesa Freyssinet consiguió obras de reparación en el puente Coatzacoalcos 1 por 259 mdp y un contrato para una etapa posterior por 226 mdp.
Mota-Engil consiguió el contrato más grande entre las extranjeras. Se trata de obras de un subtramo ferroviario en Guanajuato por 517 mdp, que construye en asociación con la mexicana Nexum Rail.
Para otra obra ferroviaria, la sucursal en México de la española Sener, Ingeniería y Sistemas consiguió 498 mdp para estudios técnicos del proyecto del Tren Interurbano México-Toluca, cuya construcción fue asignada a la también española OHL por 10 mil 148 mdp.
El tren México-Toluca es la segunda obra más onerosa del PNI –presentada como el “Compromiso de Gobierno-263″–, por 38 mil 608 mdp. En cuanto a montos, el proyecto sólo es superado por el “Compromiso de Gobierno-094”, el tren rápido Querétaro-México, que se plantea conforme a los datos abiertos del PNI con un presupuesto superior a 43 mil mdp, próximo a licitarse.
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) sostuvo una reunión nacional para abordar el tema de la infraestructura los días 10 y 11 de julio. El jueves 17 el organismo publicó un desplegado en el cual si bien parece coincidir con el PNI y el gobierno en diferentes aspectos, desliza la inconformidad que prevalece en el sector, por ejemplo:
“(Entre Centros SCT y delegaciones CMIC) se establecieron compromisos para mejorar los procesos de la contratación de obra pública.”
Y aunque la mayoría de las adjudicaciones han sido por licitación, la exclusión de los constructores nacionales es notable, aunque no sólo en la SCT, sino en el sector energía.
Por ejemplo, en PEP los contratos que superan los mil mdp fueron para trasnacionales. El contrato más alto fue asignado a la estadunidense Halliburton, que obtuvo 12 mil 801 mdp por trabajos de perforación y terminación de pozos terrestres. En segundo lugar, la estadunidense Dowell Schlumberger obtuvo un contrato por 10 mil 136 mdp por el mismo concepto que Halliburton.
Ésta obtuvo el tercer contrato más costoso, por 7 mil 120 mdp por el mismo concepto mencionado, en tanto Dowell Schlumberger obtuvo –por adjudicación directa– otro contrato en PEP por 3 mil 121 mdp para trabajos de perforación en aguas profundas.
En Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), la española ACS Servicios Comunicaciones y Energía, con su subsidiaria Dragados Industrial, en asociación con la también española Cobra Instalaciones, obtuvieron un contrato por obras en el Complejo Procesador de Gas (CPG) Nuevo Pemex por mil 225 mdp.
Venezolana de Proyectos Integrada, junto con la también venezolana Lindsay CA, con otros socios, obtuvieron contrato por 599 mdp para obras en la planta de hidrocarburos en el CPG Cactus. El tercer contrato de mayor monto también involucra a Grupo Cobra asociado con Delta Proyectos y Desarrollo pues consiguieron uno por 144 mdp para una obra contra incendios en el CPG Cactus.
ICA Flour Daniel –la asociación de la mexicana Ingenieros Civiles Asociados con la texana Flour– consiguió por adjudicación directa las obras en el CPG Ciudad Pemex por 712 mdp. En tanto T. D. Williamson, asociado con Lloyd Germánico (filial aquí de Germanisher Lloyd), consiguió un contrato para “administración de la integridad basada en riesgo en ductos”, por un monto de 374.9 mdp.
En Pemex Petroquímica los contratos más altos sí fueron asignados a constructoras principalmente mexicanas, aunque con lo transparentado hasta el momento ninguno llega a 300 mdp.
En Pemex Refinación el patrón se repite. Las españolas Cobra y Dragados Industrial, con otros socios, obtuvieron mil 27 mdp para obras en la refinería Héctor Lara Sosa de Cadereyta.
Sin embargo Pemex Refinación no ha colocado en el POT los contratos más cuantiosos con otras trasnacionales, como en el caso de los adjudicados a OHL (Proceso 1961) lo mismo que en PGPB, en cuyos registros no aparecen los 2 mil 500 mdd asignados a la italiana Bonatti para la construcción de la Etapa II del gasoducto Los Ramones.
Pese a todo, el 28 de abril Peña Nieto expresó sobre el PNI: “Es la estrategia general para construir las obras y concretar los proyectos que contribuyan de manera importante a liberar el potencial de nuestro país”.
Fuente: Proceso
