Autoridades de México y de EU han decomisado toneladas de droga en patios y vagones de Ferromex y de su socia estadunidense Union Pacific. Pese a las incautaciones este trasiego no tiene freno, debido, en parte, a la falta de protocolos de seguridad de la empresa, propiedad de Grupo México Transportes, y de convenios de colaboración con instancias federales. La agencia que regula el transporte ferroviario en nuestro país considera el robo y el vandalismo como amenazas, no así al narcotráfico, que representa un reto para la compañía que este 1 de noviembre pretende cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores.
Por Claudia Ocaranza*/ Proceso
El 24 de marzo de 2006 un grupo de personas movió 400 kilos de mariguana de una camioneta blanca a un vagón de tren en un patio propiedad de Ferrocarril Mexicano, SA de CV (Ferromex) en Hermosillo, Sonora. Al conductor de la pick-up que transportó la droga hasta las instalaciones de la ferroviaria le dijeron que la carga era sólo de ropa. Él nunca se bajó del vehículo y no pudo identificar si los que cargaron los paquetes eran guardias de seguridad. En la bitácora de entrada, redactada por los custodios, no está registrada la camioneta.
Como evidencia del delito está un sello de seguridad con el número 0979756 FXE que apareció roto y tirado a 150 metros de la entrada del patio de Ferromex, justo debajo del vagón. Fue sustituido por un sello nuevo. Pero ese cambio de precintos no fue registrado en ninguna bitácora. Los guardias aseguran que no estaban autorizados para romper el sello nuevo por ser “material fiscal”, por lo que el vagón permaneció cerrado con la droga oculta en su interior. El tren iba para Nogales, Sonora, para después cruzar la frontera con Estados Unidos, según el expediente judicial del caso, obtenido por el proyecto periodístico RindeCuentas.
A las 23:00 horas de ese 24 de marzo, agentes del Ministerio Público de la Federación detuvieron a ocho guardias y al chofer; también aseguraron el tren y la droga.
Han pasado 11 años y siete meses de ese hecho y las cosas no han cambiado mucho dentro de los patios y trenes de Ferromex: el narcotráfico sigue utilizando los vagones de la empresa para enviar droga a Estados Unidos. Por ejemplo, en octubre de 2016 fueron hallados 97.6 kilos de metanfetaminas en un carro de la misma compañía, de acuerdo con una respuesta de la Procuraduría General de la República (PGR) a la solicitud de información 0001700321616.
De hecho, en poco más de una década, autoridades de México y de Estados Unidos decomisaron más de cinco mil kilos de droga en patios y trenes propiedad de Ferromex y de su socia estadunidense Union Pacific, según un conteo realizado por RindeCuentas, mediante monitoreo de medios y solicitudes de transparencia.
“Los grupos de narcotráfico mexicanos también transportan drogas ilícitas a Estados Unidos a través de trenes de carga comerciales y autobuses de pasajeros”, señala el informe “Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas”, publicado en 2016 por la agencia antinarcóticos estadunidense (DEA).
Entre 2006 y 2016 fueron decomisados 61 mil 255 kilos de todo tipo de drogas en trenes en la zona sur del territorio estadunidense, según información obtenida de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para esta investigación.
Sin embargo, en 10 años ni la PGR, ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ni la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) –creada por decreto del presidente Enrique Peña Nieto el 18 de agosto de 2016– tienen protocolos o convenios con el sector privado para evitar el tráfico de droga a través del transporte ferroviario.
Consultada al respecto, la PGR declaró “inexistente” cualquier documentación oficial sobre una colaboración con Ferromex para “reducir la carga de droga en patios o trenes de la empresa”. La dependencia respondió que no tiene un protocolo específico cuando “encuentra droga en patios o trenes de Ferromex”.
Incluso la PGR negó existencia alguna de comunicación de su personal con el de Ferromex entre 2006 y 2016, según la respuesta a la petición de información 0001700107317.
También en la Sedena es “inexistente” cualquier documento sobre “procesos que tenga donde se relacione a las empresas Grupo Ferroviario Mexicano, Ferromex, Ferrosur…”, de acuerdo con la respuesta a la solicitud de información vía transparencia número 0000700216616.
En su segundo reporte trimestral de 2017 la ARTF considera amenazas el robo, vandalismo y descarrilamiento de trenes.
Pero a la pregunta de por qué el tráfico de drogas no está identificado como una amenaza, la agencia reguladora respondió, también vía transparencia a la solicitud 0901000003117, que su “objeto es regular, promover, vigilar y verificar la construcción, operación, explotación, conservación, mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y la prestación del servicio público de transporte ferroviario y de sus servicios auxiliares, garantizar la interconexión en las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación, fomentar la interrelación de las terminales ferroviarias con la operación multimodal, así como imponer sanciones”.
En la misma respuesta negó la existencia de una colaboración entre ella y Ferromex.
Responsabiliza a Ferromex
Después de un juicio que duró diez años, Union Pacific se vio obligada a colaborar con la CBP para evitar la entrada de droga en sus trenes. Suscribió un acuerdo –con vigencia de 2011 a 2016– para que la agencia aduanera estadunidense redujera el monto de las multas que le aplicaba por las drogas que descubría en sus trenes. Así, de sanciones acumuladas por 500 millones de dólares sólo pagó 40 mil. Además, la CBP dejó de multarla mientras duraba la colaboración.
Durante los procesos judiciales que se llevaron a cabo de 2001 a 2011 por el trasiego en trenes, Union Pacific señaló a Ferromex como el responsable de verificar y asegurar que los vagones que cruzan la frontera estuvieran limpios de droga.
Desde 1998, cuando se fundó, 26% de Ferromex es propiedad de Union Pacific, luego de que en 1997 Grupo México y Union Pacific consiguieran la concesión de 6 mil 200 kilómetros de ferrovías en el norte de México, según una nota publicada el 4 de agosto por el sitio de internet de la revista Forbes.
El acuerdo de colaboración entre Unión Pacific y la CBP incluía asegurar la frontera y, entre otras medidas, desarrollar “un programa integral para expandir la colaboración entre los gobiernos de Estados Unidos y México sobre los trenes transfronterizos”. Union Pacific invirtió 50 millones de dólares para fortalecer la tecnología, infraestructura y capacitación de personal. Además, la CBP, Union Pacific y otros “actores de interés” compartirían información de inteligencia, análisis y coordinación.
“Otras iniciativas endurecerán la inspección y detección en la frontera de Estados Unidos y alentarán inversiones en corredores ferroviarios mexicanos”, se lee en el documento firmado el 19 de agosto de 2011.
A pesar de ello, no existe un acuerdo formal entre Ferromex y el gobierno mexicano.
Cabe recordar que los trenes mexicanos se privatizaron en el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000) y fue en ese momento cuando Grupo México creó su rama de transportes y pasó a controlar gran parte de las ferrovías del país, como consigna la empresa en su página web. En 2001, un año después de acabar su mandato, Zedillo entró al Consejo de Administración de Union Pacific, aliada de Grupo México, donde permaneció hasta 2006.
Planes de expansión
Grupo México Transportes, subsidiaria de Grupo México y propietaria de 75% de Ferromex, pertenece a dos de los hombres más ricos del país: Carlos Slim Helú y Germán Larrea Mota Velasco. Grupo Carso-Sinca Inbursa posee 25% de Grupo México Transportes –antes Infraestructura y Transportes Mexicanos–; el restante 75% es de Grupo México, según el sitio de internet de la empresa. Grupo México Transportes tiene como consejeros a Roberto Slim Seade y Arturo Elías Ayub, entre otros. Mientras que Grupo México tiene como consejero a Claudio X. González Laporte.
El pasado 28 de septiembre, Grupo México Transportes mandó a la Bolsa Mexicana de Valores su prospecto de Oferta Pública Inicial para listarse en el mercado bursátil este 1 de noviembre. Para Ferromex, hacerse pública significa una oportunidad para recapitalizarse después de comprar la empresa Florida East Coast Railway Holdings Corp. por poco más de dos mil millones de dólares.
Con dichas acciones, Ferromex espera duplicar el flujo operativo de la división de transporte de Grupo México, de 154 millones de dólares en 2016 a 328 millones de dólares en 2021, dijo Alfredo Casar Pérez, presidente ejecutivo de la División de Transportes de Grupo México, citado por El Financiero en marzo pasado.
Con esta compra, Ferromex amplía su campo de acción, sumando puntos de operación en Florida y controlando los principales puertos de ese estado que tienen un importante tráfico con Veracruz.
Actualmente la compañía tiene cinco entradas en la frontera norte: Ojinaga y Ciudad Juárez, en Chihuahua; Nogales, en Sonora; Mexicali, en Baja California; y Piedras Negras, en Coahuila.
En 2017, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Federal de Competencia Económica emitieron dictámenes y opiniones sobre el estado de poca competencia y regulación mínima en la industria ferroviaria en México.
La OCDE consideró que México debería tener una regulación de transporte en trenes más cercana a la de Estados Unidos en cuanto a tarifas y cruce de vías. La compra de FEC le dará a Grupo México el acceso a 70% del territorio estadunidense mientras mantiene, junto con Kansas City Southern de México, el control de 72.3% de las vías férreas de México.
Seguridad incierta
“La droga se podría poner en el tren en tres momentos: en el patio, en el trayecto o en la línea fronteriza. Si es en el patio, sí o sí se tiene que prestar un trabajador de Ferromex o un agente del Cusaem (Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México), porque hay cámaras y más seguridad”, comenta un exmaquinista de Ferrosur (otra ferroviaria de Grupo México) en entrevista con RindeCuentas. En cada tren en movimiento viajan cuatro agentes del Cusaem, los cuales resultan insuficientes hasta para detener robos comunes.
El Cusaem tomó fuerza en 2010, durante la gubernatura de Enrique Peña Nieto, pero da el servicio de seguridad en diferentes entidades. Desde enero de 2013 este cuerpo de seguridad se ha beneficiado de contratos por 8 mil 130 millones de pesos con diferentes dependencias de la Federación.
También se trata de una empresa protegida por el PRI, pues este partido ha evitado que sea revisada por la Auditoria Superior de la Federación. Se trata de una organización opaca: no figura como agencia pública estatal y tampoco está en el registro de empresas de seguridad privada, aunque ofrece servicios a particulares y a gobiernos, dio a conocer en septiembre pasado el portal Eje Central en el reportaje “Cusaem, hoyo negro en Edomex”.
En los patios de Ferromex suelen haber 10 agentes distribuidos en los dos kilómetros que mide el parque de maniobra de los trenes. Según la experiencia del exmaquinista entrevistado, estos agentes controlan la zona y se encargan de poner los sellos de seguridad. Los agentes son cooptados mediante amenazas de grupos criminales; no son denunciados por temor a los despidos y a las represalias de los delincuentes, afirma.
En 2008 la empresa invirtió 200 millones de dólares en equipo especializado para reforzar la seguridad en sus patios y trenes, según reportó el diario La Jornada. Pero en su informe de 2016 no existe ningún rubro específico para seguridad.
La PGR y la Sedena sólo contestaron solicitudes de información vía la Ley Federal de Transparencia, pero, al igual que Grupo México Transportes, hasta el cierre de esta edición no respondieron a peticiones de entrevistas hechas por RindeCuentas.
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*Texto editado por Eduard Martín-Borregón. Este es un reportaje realizado por RindeCuentas.org, proyecto de periodismo de investigación y datos de la organización Project on Organizing, Development, Education and Research (PODER).
