Las irregularidades abruman en la indagatoria de la Procuraduría de Justicia del DF en torno a los asesinatos del fotorreportero Rubén Espinosa y cuatro mujeres en la colonia Narvarte: desde el primer momento se menospreció la posibilidad de que la masacre haya ocurrido en represalia por la labor periodística de Espinosa; se minimizaron las amenazas contra dos de las víctimas por parte del gobierno de Veracruz, encabezado por Javier Duarte; se privilegió a priori la hipótesis del robo; se criminalizó a las víctimas por su nacionalidad, sexo, oficio y costumbres; se deslizó la idea de que el narcotráfico colombiano estaba atrás de la matanza; se filtraron datos, videos y fotografías que por ley deberían permanecer secretos, y se declaró información que resultó ser falsa… Una estrategia de sobra conocida en México para enturbiar casos incómodos para las autoridades.
Por Sara Pantoja/ Proceso
En su afán de cerrar lo antes posible el caso del multihomicidio de la colonia Narvarte —que atrapó la atención nacional e internacional al conocerse la actividad pública y los antecedentes de acoso, hostigamiento y amenazas contra dos de las cinco víctimas: un fotoperiodista y una activista del movimiento #YoSoy132—, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ha incurrido en inconsistencias, contradicciones y omisiones que de antemano vuelven sospechoso el resultado final de la indagatoria número FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07.
Desde su primera aparición pública para hablar del crimen perpetrado el viernes 31 de julio en un edificio de apartamentos de la colonia Narvarte, delegación Benito Juárez, el titular de la PGJDF, Rodolfo Ríos Garza, comenzó a ensuciar la investigación al perfilar las muertes de Yesenia Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, Mile Virginia Martín, Nadia Dominique Vera Pérez y Rubén Espinosa Becerril como producto de un robo, pese a la existencia de una agravante fundamental en la escena del crimen: los cinco cuerpos tenían el tiro de gracia, y Mile Virginia, de nacionalidad colombiana, había sido torturada y violada antes de ser ultimada.
“Del análisis de los hechos y las constancias recabadas en el lugar se desprende la comisión de delitos de homicidio, robo y lo que resulte, sin demérito de las líneas de investigación que sean necesarias”, dijo.
REUNIÓN PRIVADA
Era el domingo 2. Antes de dar la cara a la prensa, Ríos Garza se había reunido en privado en sus oficinas con el director del semanario Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda; el editor de la agencia Cuartoscuro, Pedro Valtierra; la directora de la Red de Periodistas de a Pie, Daniela Pastrana; el director de la organización internacional Artículo 19, Darío Ramírez, y representantes de la asociación PEN International.
Ahí, los periodistas y activistas le pidieron puntualmente al Procurador capitalino investigar el crimen sin descartar las amenazas denunciadas por el fotógrafo Rubén Espinosa y la promotora cultural Nadia Vera antes de abandonar el estado de Veracruz y refugiarse en el Distrito Federal.
Pero la respuesta del funcionario capitalino —que llegó al cargo gracias a su añeja amistad con el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de quien fue secretario particular en el tramo final de su paso por la PGJDF— desconcertó a los presentes.
Ríos Garza puntualizó que Espinosa no había sido asesinado “durante el ejercicio de su trabajo, estaba desempleado”, según relataron Daniela Pastrana y Pedro Valtierra al salir de la reunión.
SOLTERO Y SIN TRABAJO
Así, sin tomar en cuenta los antecedentes de amenazas de muerte que pesaban sobre Vera y Espinosa, derivadas de su actividad profesional en Veracruz, Ríos Garza dijo a los reporteros, al referirse al caso del fotorreportero:
“Es preciso mencionar que era soltero, originario de la Ciudad de México y que fue identificado plenamente por sus familiares, quienes refirieron que su regreso a la capital del país fue hace dos meses, y se debió a la búsqueda de nuevas oportunidades como fotógrafo profesional, actividad que desarrollaba en Veracruz, donde residió por espacio de ocho años”.
Luego añadió que desde que se supo la actividad que ejercía Espinosa se activó el Protocolo de Atención a Periodistas y apuntó que no se descartaría “ninguna línea de investigación”.
Pero hasta el jueves 6 esa línea no se había robustecido, a pesar de la profusa información difundida a esas alturas por organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación sobre las denuncias públicas que hizo el fotoperiodista antes y después de salir de Veracruz —las últimas de ellas el 9 de julio al canal de internet RompevientoTV y a una televisora española.
CASCADA DE FILTRACIONES
Además de las omisiones sobre la actividad profesional de Espinosa, la PGJDF ha ensuciado la indagatoria del multihomicidio ocurrido en un edificio de apartamentos ubicado en Luz Saviñón 1909, colonia Narvarte, de la céntrica delegación Benito Juárez, filtrando información, particularmente a un diario, La Razón.
Casual o no, el ex subdirector y columnista de esa empresa editorial, Julián Andrade, es desde el 15 de junio pasado coordinador general de Comunicación Social del Gobierno del Distrito Federal.
Un par de días después de la matanza, el domingo 2, comenzaron a fluir en determinados medios de comunicación datos contenidos en la averiguación previa que, por ley, debe mantenerse en secrecía absoluta.
Por ejemplo, el diario Metro (editado por la misma empresa que publica Reforma) difundió ese mismo día el nombre de la testigo clave, la que encontró los cuerpos. Se refería a Esbeidy, la chica que compartía el departamento con tres de las víctimas. La joven se salvó de morir porque el día de los hechos salió temprano a trabajar.
SUPUESTA FIESTA
Al día siguiente, el lunes 3, La Razón dio a conocer que “los homicidas eran conocidos de sus víctimas, a tal grado que departieron dentro del departamento de la calle de Luz Saviñón desde la noche del jueves y durante la madrugada y mañana del viernes”. Otros medios también hablaron de la celebración de una supuesta fiesta en el departamento donde se cometió el multihomicidio.
La Razón también tuvo la primicia de las primeras imágenes del video de la cámara ubicada en la esquina de Luz Saviñón y Zempoala, en las que se ve a los tres presuntos autores materiales del crimen salir del edificio a las 15:02. Ese periódico tituló así la noticia: Video: fueron tres los asesinos, robaron a víctimas y huyeron.
En diferentes entrevistas radiofónicas concedidas ese mismo día, el titular de la PGJDF confirmó que, en efecto, había indicios de que víctimas y victimarios habían estado conviviendo desde la noche del jueves 30 y hasta la mañana del viernes 31 de julio, y aportó otro dato: que en dos de los occisos habían encontrado restos de alcohol en la sangre.
INFORMACIÓN INEXACTA
Un par de días más tarde, el miércoles 5, se demostró que Ríos Garza había dado información inexacta, luego de que otro testigo clave —Arturo— refiriera en su declaración ministerial que Rubén, Nadia y él llegaron juntos al departamento a las dos de la madrugada del viernes 31 de julio —no el jueves— y que ahí permanecieron hasta las nueve de la mañana. Antes estuvieron en un bar del Centro del Distrito Federal.
Y a pesar de que el titular de la PGJDF presumió desde un principio que se había aplicado el protocolo de perspectiva de género y feminicidios, no mantuvo en la secrecía los nombres de las mujeres asesinadas.
Por tal razón, organismos civiles nacionales e internacionales cuestionaron a Ríos Garza su proceder. Argumentaron que ha afectado los derechos humanos de las víctimas directas e indirectas, además de que las desacreditó, discriminó y estigmatizó por su nacionalidad, sexo, ocupación y hábitos.
Frank La Rue, ex relator especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas y actual director del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy en Europa, fue directo: Condenó el multihomicidio y dijo que si la muerte de las mujeres fue para desviar la atención del caso de Espinosa, “nadie puede caer en ese juego”.
Fuente: Proceso
