Por José Pérez-Espino
La mayoría de los analistas y medios informativos del centro del país han comprado la versión de que Ciudad Juárez ahora está en paz. El principal argumento es que los asesinatos han disminuido, pero casi nadie habla de los delitos patrimoniales, como el robo a casa-habitación y negocios, las extorsiones, los asaltos a personas y el robo de auto con violencia.
En realidad, el tráfico de drogas a Estados Unidos no se ha detenido. Tampoco el trasiego para el consumo local (tal como en el Distrito Federal y en todo el país).
En 2007 fueron asesinadas 310 personas, buena parte sin relación con la delincuencia organizada. A partir del 1 de enero de 2008, cuando se rompió un pacto entre los grupos criminales de Ciudad Juárez y Sinaloa y ambos empezaron una disputa por el control de la plaza, han sido asesinadas más de 10 mil personas en la frontera con El Paso, Texas.
En 2010 se cometieton 3 mil 115 asesinatos a causa de esa guerra entre los grupos criminales y el intento del Estado por combatirlos.
Se ha presumido que durante 2012 se cometieron 784 asesinatos, más de la mitad que un año antes, cuando hubo 2 mil 086.
En estos días, el alcalde priista Héctor Murguía Lardizábal (quien ocupó el mismo cargo entre 2004 y 2007) gasta millones de pesos del erario para afirmar que “en tres años de trabajo rescatamos Juárez”. Desde luego, se trata un exceso de soberbia por parte de un político que no contribuyó en mejorar las condiciones para el desarrollo humano de los juarenses.
Pero creamos que Ciudad Juárez está en paz.
¿De quién es el mérito? ¿Del teniente coronel Julián Leyzaola que fue contratado gracias a la fama que arrastraba por haber presuntamente disminuido la violencia en Tijuana?
El 10 de marzo de 2011, al asumir el cargo, Leyzaola aplicó una estrategia mediante la cual dividió a la ciudad en “cuadrantes” para tomar el control de las calles (el modelo de sectorización es el mismo que ahora aplica la Comisión Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Manuel Mondragón).
Pero nadie le reconoce el mérito a Leyzaola, quien hace poco fue inhabilitado ocho años para ocupar cargos públicos en Baja California. La sindicatura de Tijuana lo señaló por su presunta responsabilidad en la violación a los derechos de un agente a su cargo cuando fue secretario de Seguridad Pública en aquella frontera.
¿Es un logro de la administración estatal, que ha enviado a prisión perpetua a decenas de extorsionadores, secuestradores y homicidas?
La Fiscalía General del Estado ha aplicado una estrategia para abatir la impunidad que, en los números, muestra resultados positivos y que puede estar incidiendo en la prevención de los delitos. En los primeros 30 meses de gestión del gobernador César Duarte, fueron cumplimentadas el 70 por ciento de las órdenes de aprehensión y mil 041 personas recibieron sentencias condenatorias por delitos de alto impacto, entre ellas 70 a prisión vitalicia por secuestro y extorsión.
¿Surtió efecto el programa Todos Somos Juárez, implementado por el gobierno de Felipe Calderón, así como las operaciones coordinadas encabezadas primero por el Ejército y después por la Policía Federal?
Obviamente nadie reconocerá mérito alguno a la estrategia calderonista, aunque en los hechos sea la misma que el actual gobierno federal esté aplicando en todo el país.
¿Alguien puede creer que, por arte de magia, el mero arribo de Enrique Peña Nieto al gobierno de la Repúblca contribuyó a reducir los asesinatos en Ciudad Juárez de un día para otro?
No, pero es un hecho que él cacarea la baja en la comisión de homicidios en la frontera.
Lo hizo en el mensaje que ofreció a propósito de su primer informe de gestión. Los homicidios dolosos han bajao un 37.2 por ciento en Chihuahua, dijo entre aplauos.
La vida real es diferente. Los dos grupos criminales que se disputaban la plaza dejaron de matarse como lo hicieron durante los años anteriores. Ningún orden de gobierno puede atribuirse la baja en los asesinatos.
La construcción de la paz en Ciudad Juárez, a partir de hacer justicia a la frontera, es la principal asignatura pendiente del Estado mexicano.
El asesinato de 10 personas, la mayoría integrantes de un equipo de beisbol que celebraba un campeonato en Loma Blanca, el domingo 22 de septiembre de 2013, más allá del móvil, demuestra que el supuesto “rescate” de Ciudad Juárez es falso.
