Por José Pérez-Espino
¿Qué hará Enrique Peña Nieto con El Chapo?
La sombra de Joaquín Guzmán Loera persiguió a los candidatos presidenciales durante la campaña electoral, sigue al presidente electo a donde vaya y estará presente el próximo gobierno federal.
El “narcotraficante más buscado del mundo”, como lo identifican las agencias internacionales de noticias, se ha vuelto una especie de ser omnipresente. Un día, las autoridades lo ubican en Centro y Suramérica, donde presuntamente ha comenzado a ejercer control. Otro, afirman que ha entrado a competir a Europa, vía España.
Hasta se ha dicho que tiene acuerdos con agencias del gobierno de Estados Unidos para que lo dejen trabajar.
¿Qué tan cierto es el poder de El Chapo Guzmán?
Desde que el Gobierno federal inventó la definición de “cárteles”, con o sin acento, comenzaron a construirse mitos de gobierno según los cuales existen corporaciones criminales que controlan casi todas las actividades ilícitas.
En la construcción del paradigma contribuyó el noticiario 24 Horas de Televisa, cuando Jacobo Zabludovsky sacó un diccionario para explicarle al auditorio la definición de la palabra “cártel” y su aplicación a la delincuencia organizada.
El mito, sin embargo, ha permitido opacar la participación que tienen las corporaciones de seguridad federales, estatales y municipales en todo tipo de actividad criminal a lo largo y ancho del país.
Las corporaciones de seguridad y las Fuerzas Armadas se han encargado de construir la imagen de poder de El Chapo Guzmán. Crearon un demonio popular para evaidir su propia responsabilidad y para encubrir sus complicidades. Su versión es reproducida una y otra vez por los medios, prácticamente sin excepción. ¿En verdad el supuesto líder del así llamado cártel de Sinaloa y sus hombres puede moverse por todo el territorio nacional como si nada?
Según la versión oficial grupos del crimen organizado y del narco han infiltrado a las corporaciones de seguridad. En realidad, personal de seguridad de los tres órdenes de gobierno y los criminales han trabajado de la mano desde siempre. Y, las más de las veces, servidores públicos desleales –responsables de las corporaciones policiales– no sólo han protegido a las bandas de criminales, sino que las han alentado y las han dirigido.
El Chapo se fugó del penal de Puente Grande el 19 de enero de 2001, supuestamente en un carrito de lavandería. Desde entonces forma parte de los titulares. En el sexenio actual, la versión de que Felipe Calderón, a través de las fuerzas federales o militares, lo protege y trató de imponerlo como capo de capos, se convirtió en un axioma mediático.
En la vida real, las cosas son más mundanas. Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar, identificada por Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos como hija de El Chapo, trató de cruzar la frontera como lo hacen miles de personas y con el mismo propósito: con un pasaporte falso y para dar a luz en territorio gringo.
Las autoridades de Estados Unidos no tienen duda de que se trata de la hija de El Chapo. La experiencia de su detención, sin embargo, pone en entredicho el poder supranacional de quien es llamado “el narcotraficante más poderoso del mundo”, que tiene una capacidad corruptora sin límites y además aparece en las listas de Forbes como uno de los principales multimillonarios a nivel global.
El gobierno de Felipe Calderón aún tiene seis semanas para capturar o abatir a El Chapo. Peña Nieto no ha dicho qué hará con el presunto capo, aunque seguramente optará por mantener vigente su mito.
El Chapo como ejemplo de pánico moral
En el ensayo “Influenza, narrativa del miedo y construcción del pánico moral” (publicado en 2009 en el libro Influenza. De la negligencia a la manipulación bajo el sello Grijalbo), escribí:
Diez días después de asumir el poder, la administración que debió ser la del “Presidente del empleo”, como afirmaba en su lema final de campaña, le declaró la guerra al narcotráfico. El 11 de diciembre de 2006, en voz del entonces secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, lanzó la Operación Conjunta Michoacán mediante un despliegue de siete mil efectivos militares. “Será una lucha que nos llevará tiempo”, hasta conseguir “la recuperación de los espacios públicos que la delincuencia organizada ha arrebatado”, dijo. En esa entidad habían sido asesinadas 542 personas antes de iniciar la estrategia federal y, al menos 17 víctimas de homicidio fueron decapitados y cinco de sus cabezas fueron arrojadas a una discoteca de Uruapan. Dos semanas antes del anuncio, unos cuarenta gatilleros emboscaron a seis policías y los mataron, en la tierra donde nació Calderón Hinojosa.
El periodista Alejandro Gutiérrez escribió que la administración de Calderón Hinojosa “sería una gobernabilidad de la mano del ejército”, a partir de su primer mensaje durante la madrugada del 1 de diciembre y después en el Campo Marte. “En los primeros 40 días de su gobierno Calderón encabezó 11 actos con las fuerzas armadas, casi uno cada tercer día, a lo cual había que añadir una campaña de exaltación mediática por parte del nuevo gobierno hacia las fuerzas armadas, como nunca antes se había observado [Narcotráfico. El gran desafío de Calderón, editorial Planeta, 2007].
El impacto de la violencia asociada con la delincuencia organizada, así como de la estrategia gubernamental para enfrentarla, han dominado la agenda mediática desde diciembre de 2006. Se cuestiona si la intervención militar es correcta (el operativo de Michoacán se replicó en Sinaloa, Chihuahua, Guerrero, Baja California y Tamaulipas, principalmente), o se debate sobre la eficacia, el equipamiento y el entrenamiento policiales, así como la necesidad de aumentar los recursos para combatir el delito.
La propagación del pánico
El “pánico moral” es un concepto acuñado por el sociólogo Stanley Cohen, profesor de Criminología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en su clásico Folk Devils and Moral Panics de 1972. El investigador inglés Tim O´Sullivan, tras revisar las primeras ediciones del libro y su actualización, resume el concepto como “una condición, un episodio, una persona o un grupo de personas se presentan como una amenaza a los valores e intereses sociales”.
Se trata de un fenómeno por el cual los miembros de una sociedad y una cultura “se sensibilizan moralmente” para los desafíos y amenazas que las actividades de grupos definidos como desviados oponen a “sus” valores y estilos de vida aceptados. En el proceso se destaca la importancia de los medios masivos en cuanto a proporcionar, mantener y “vigilar” las estructuras y definiciones de la desviación disponibles, las cuales determinan tanto la conciencia pública de los problemas sociales como las actitudes ante tales problemas. El término también sirve para vincular esta conciencia pública estructurada con las formas del control institucional y otras formas movilizadas para responder a tales problemas”.
En su forma más explícita, una situación de pánico moral puede dividirse desde el punto de vista analítico en tres etapas. La primera parte de un suceso y su significado, un evento trágico o preocupante “que atrae de manera a veces dramática la atención de los medios, los cuales ponen inmediatamente en movimiento toda una rutina intensiva de investigación y vigilancia. Estas actividades están organizadas y concebidas para identificar cualquier otro suceso posterior que pueda ser codificado como similar”.
Los anuncios de la “guerra contra el narco”, los mensajes acerca de la capacidad de México para hacer frente a la crisis económica mundial, así como la aparición de un nuevo virus (el de la influenza), se enmarcan en este punto.
La segunda etapa se refiere a las implicaciones sociales. “Los medios dan particular relevancia a los definidores primarios y a los ‘testigos dignos de crédito” (que representan la opinión ‘experta’ y profesional), y posiblemente a los ‘líderes morales’ (quienes compiten en definir el suceso como un síntoma de trastornos más extendidos de la fibra y la constitución morales y sociales), y así alimentan las discusiones, la preocupación, las disputas y la sensibilidad públicas. Los medios suelen inflar en intensificar esto identificando otros sucesos y casos posteriores a los que dieron ocasión a iniciar el tratamiento del tema”.
El Ejército y la Secretaría de Gobernación, como responsable del Gabinete Federal de Seguridad, serían los “definidores primarios” en el combate a la delincuencia organizada.
El tercer punto corresponde al control social, “ejercido especialmente, aunque no exclusivamente, en forma de respuestas estatales al ‘problema’ revelado de manera tan severa y dramática. Las respuestas y castigos judiciales, legislativos y administrativos con frecuencia se articulan dentro de las definiciones y los marcos que se forjaron en las etapas anteriores”.
En el caso de la estrategia militar, el gobierno federal instrumentó una campaña mediática para dar a conocer los arrestos de presuntos capos de las organizaciones criminales, así como los principales decomisos y de distintas drogas (ahí está la publicidad del caso más reciente, Heriberto Lazcano Lazcano, presuntamente abatido por la Marina Armada).
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No es que El Chapo sea inexistente. Pero la construcción del mito en torno a su persona, como un ser omnipresente, ha permitido que algunos servidores públicos desleales que trabajan en las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno y las Fuerzas Armadas puedan ejercer con plena impunidad un control sobre la mayoría de las actividades ilícitas en México, relacionadas con delincuencia organizada.
Por eso la pregunta es pertinente:
¿Qué hará Peña Nieto con El Chapo?
