Por Ilán Semo
El 20 de junio, la agencia de noticias Bloomberg, un sistema de información dedicado a las finanzas mundiales, publicó un detallado reportaje que llevaba el (nada) extraño título de: Porqué el fin del ataque de los carteles de la droga contra el limón es un triunfo de Carstens. El lead de la nota contenía, en rigor, la clave del extraño correlato entre los narcos, los limones y el encargado de velar por el buen funcionamiento de la economía nacional: El Ejército Mexicano está apoyando al gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, en su lucha para estabilizar la inflación. La historia es como sigue.
Desde 2011, año en que los poderes locales del estado de Michoacán cambiaron de mano, los carteles del crimen organizado empezaron a extender sus dominios al control de las cosechas y la comercialización de los prósperos cultivos de limón y aguacate en el fértil territorio donde habitan los pobladores de La Ruana, Bellavista y Tepalcatepec. En un breve lapso, lograron establecer quién, cuánto y cuándo sembraba qué cultivo en la región y, sobre todo, el pago de onerosas cuotas para entregar las cosechas a los transportistas.
Los pagos por derecho de aduana para comercializar los frutos pronto se reflejaron en los precios al consumidor. Si el limón y el aguacate llegaron a costar (durante ¡dos años!) cuatro o cinco veces más de su valor habitual, esto no se debió al cambio de las condiciones climáticas ni a las demandas de la exportación –que son explicaciones en las que incluso las amas de casa creen en la actualidad–, sino simplemente al aumento del costo producido por la extorsión a los agricultores. Las cientos de denuncias enviadas al gobierno de Felipe Calderón por los vecinos de La Ruana fueron inútiles, como también lo fueron las que enviaron al gobierno de Peña Nieto en los primeros meses de su gestión.
A partir de febrero, los pobladores de las tres localidades comenzaron a reunirse en asambleas públicas para formar cuerpos de policías comunitarios que los protegieran frente a la extorsión. Se desató la guerra. Siguieron los enfrentamientos y los muertos. El gobierno federal reaccionó hasta fines de mayo, enviando tropas y logrando algo que parecía imposible desde 2007 (cuando se iniciaron las primeras incursiones militares en Michoacán): despejó las carreteras, al parecer pactó con Los Templarios y otros grupos y, súbitamente, el precio del limón se redujo a sus niveles normales.
¿Qué fue lo que obligó al gobierno federal a adoptar las medidas que bien podía haber emprendido dos años antes?
La aparición de los policías comunitarios fue el primer aviso de que la ominosa conjunción entre la indiferencia federal, la complicidad del gobierno local y la voracidad de los carteles había empezado a perder su poder. Pero lo que provocó la reacción oficial, según el reportaje de Bloomberg, no fueron los muertos, ni las extorsiones ni los secuestros que mantenían en zozobra a la población local, sino el aumento de los dígitos de la inflación. Según esos cálculos, el precio del limón –que se consume masivamente en el país– contribuye en 0.17% al costo general de la canasta básica.
Los expertos en Estados Unidos que velan por la estabilidad de la economía mexicana, llegaron a la conclusión de que, sumados, los precios acumulados de alimentos de la canasta básica, propiciados por las extorsiones en todo el país, podían afectar hasta en 1% o 1.5% a los dígitos del inflación (que calculan entre 4.5% y 5% en total). Los telegramas empezaron a acumularse en las oficinas de Hacienda y el Banco de México, y entonces sí, la Secretaría de Gobernación, encargada por Peña Nieto, decidió actuar de inmediato.
Hay un ingrediente de portentosa perversión en los paralajes que definen en la actualidad a las prácticas de gobierno. Al parecer, la única razón que ha logrado afectar realmente a los cuerpos tecnocráticos es la sensibilidad de los dígitos: el estado de las aguas gélidas del mercado. Las vidas, los muertos, la emigración forzada, el abandono, la destrucción son una suerte de capital desechable.
La pregunta es qué hará esta misma tecnocracia cuando el mercado muestre que puede poner perfectamente a su servicio al crimen organizado. Empresarios y empresas canadienses han estado contratando desde hace varios años a sicarios para contener las protestas en contra de las condiciones precarias bajo las que trabajan. Varios activistas sociales ya han sido asesinados.
Todo esto se sabía desde hace dos años, hasta que finalmente las denuncias llegaron al Senado. ¿Cuál fue la reacción del gobierno federal? ¡Solicitar una entrevista a la embajada canadiense! Uno piensa de inmediato: ¿es una broma? No. No es broma. Algo así como: para contener la inflación, incluso el Ejército es bueno. Pero nada que ahuyente a la inversión y los inversionistas. Por más que sean empresarios delincuentes. Finalmente, son empresarios.
El dilema actual de la sociedad mexicana es que, como alguna vez lo auguró Benjamin para el siglo XX, el estado de excepción se ha convertido en el estado permanente. Sólo que ahora no se requiere de líderes carismáticos ni órdenes fascistas para imponerlo. Es la lógica del mercado la que puede legitimarlo de manera despreocupada. Y por supuesto, el cuerpo que vela por que permanezca como la razón de ser de todo lo que nos hace modernos: la tecnocracia.
Fuente: La Jornada
