El desgarrón que padece México se puede cuantificar: actualmente existen 256 conflictos sociales irresueltos en el país, que van desde guerrillas hasta protestas mineras, de guardias comunitarias a paramilitares, de movilizaciones estudiantiles a desaparición de activistas. Basado en datos oficiales, un análisis de Proceso evidencia la honda descomposición, que el presidente Peña Nieto llamó “mal humor social”, y revela fenómenos dolorosísimos para México: la administración federal legitimó el uso de la represión, buena parte de la violencia en los conflictos sociales proviene del gobierno, las “reformas” del peñanietismo detonaron 52 movimientos de repulsa y las detenciones de opositores se duplicaron.
Por Arturo Rodríguez García/ Proceso
El país está irritado. En los últimos años, el número de conflictos sociales va en aumento, lo mismo en las grandes ciudades que en pequeñas comunidades que se resisten a aceptar ciertas políticas públicas, a la imposición de grandes proyectos de energía o infraestructura o que responsabilizan al gobierno por sus problemas. Es lo que el pasado abril el propio Enrique Peña Nieto calificó de “mal humor social”.
Más allá del movimiento magisterial –que en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tiene hoy el rostro más visible y movilizado de la protesta contra el gobierno de Enrique Peña Nieto– por todo el país se pueden identificar más de 250 conflictos sociales, en su mayoría inconexos y con objetivos varios.
Transcurrido el primer semestre de la segunda mitad de la administración peñanietista, el balance es revelador: de enero de 2013 a la fecha han surgido o se reactivaron 187 conflictos sociales o comunitarios en todo el país, mientras que, de los heredados al iniciar el sexenio, subsisten 71.
La mayoría de los casos documentados se pueden fechar en los primeros tres años de administración, pues sólo 16 conflictos han surgido en lo que va de 2016. Así que, al llegar a la elección intermedia de 2015, el país ya contaba con 240.
Si bien la estadística no tuvo una variación significativa de la elección intermedia federal a los comicios de este 5 de junio en 13 entidades federativas, se concentran en éstas últimas 88 de los casos de movilización y protesta contra el gobierno.
Los estados de la República cuyos procesos electorales fueron más polarizados se ubican entre los que más conflictos registran desde hace tiempo: Oaxaca tiene 26 casos, incluido como uno solo el movimiento magisterial; Puebla 13 y Veracruz 11.
Fragmento del reportaje de Proceso que se publica en la edición 2066, ya en circulación
