Por Silvia Ribeiro*
Arde el llano en llamas, herido por la codicia de trasnacionales como Monsanto, Nutrilite y empresas de producción de hortalizas con cínicos nombres como Desert Glory y Bioparques, cuyos viveros de plástico y su contaminación se extienden más allá de donde alcanza la vista. Si Juan Rulfo escribiera, ahora lo llamaría el llano en nylon, dicen los comuneros de San Isidro, Jalisco, que tercamente insisten en la lucha por su tierra. Los nombres cambiaron, las heridas siguen abiertas. Apenas en junio de este año, 275 jornaleros –hombres, mujeres, niños– fueron liberados de la esclavitud a la que los sometía Bioparques de Occidente, empresa que desde 2010 recibió 10 millones de pesos en subsidios estatales y federales y hasta certificación de empresa socialmente responsable (La Jornada, Proceso, junio 2013).
Atravesando el llano, el sol cae a plomo en el camino hasta el ejido San Isidro, donde refresca la calidez de los comuneros y comuneras que se afanan en ofrecer lo mejor de sí a los participantes de la preaudiencia Territorios, subsistencia y vida digna, del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que sesionó allí del 28 al 30 de junio.
Entre 23 casos y testimonios de varios estados del país, denunciando entre otros los impactos de la devastación ambiental, supervías, minería, maíz transgénico, violencia obstétrica y de género, despojos de empresas y gobiernos; San Isidro presenta su historia. Tienen una resolución presidencial de dotación de tierras ejidales desde 1939, pero las autoridades nunca le entregaron 280 hectáreas. Han sufrido manipulaciones, artimañas leguleyas de los ex hacendados, ocupación de empresas que aprovechan el conflicto y la colusión entre funcionarios del gobierno estatal y secretarías federales.
Aunque no había validez jurídica para operaciones de compraventa, la empresa Nutrilite, subsidiaria de la trasnacional Amway, se posesionó de esas 280 hectáreas, para producción hortícola de exportación, en el llamado rancho El Petacal, que vende como producción orgánica. Los comuneros de San Isidro denuncian que desde la instalación de Nutrilite, han secado diversidad de árboles, “órganos, guamúchiles, mezquite, nopal… no había fronteras, toda la gente gozaba los frutos. Arrasaron con todo, acabaron con los animales: la malcoa, víbora, camaleón, iguana, ardilla, codorniz, conejo, liebre, coyote, tejón. Se apropiaron del agua de las presas que abastecían la región y destruyeron la red de agua potable sustituyéndola por pozos de agua de mala calidad.”
El llano en llamas, la tierra que nadie quería, ahora la disputan empresas para producción en viveros, por la estabilidad de temperatura y la falta de lluvia (prefieren regar dentro los viveros, abusando las fuentes locales del líquido). Por ello, continúa el testimonio de San Isidro, después de Nutrilite llegaron otras empresas, todas con impactos graves en el ambiente y las comunidades de la región. Empresas que manejan tecnología de punta, a base de despojo, de explotación, hasta esclavos como en Bioparques.
Otro caso cercano llega a la preaudiencia como denuncia anónima, porque se sienten amenazados. Se trata de una instalación de Monsanto en El Petacal, donde producen semillas de hortalizas, también en viveros, con alto uso de agrotóxicos. Como el negocio es vender semilla, el resto de frutas y hortalizas las descartan en pilas que se pudren generando una plaga infernal de moscas y enfermedades a los vecinos, o en el arroyo, contaminándolo y con olor nauseabundo. Además, agregan en su denuncia, los viveros están a pocos metros de una guardería infantil donde usan químicos continuamente; las enfermedades de los niños van en aumento.
Pese a estos y otros horrores, los que traen los casos a esta audiencia siguen resistiendo y contagian. Más que resistir, afirman la defensa de la vida comunitaria, la lucha por el territorio y todo su entorno, por su derecho a decidir y mantener las bases de su sustento. Por ejemplo, los colectivos de jóvenes Caracol Psicosocial y Juxmapa de Palos Altos, Jalisco, la mayoría aún en secundaria, presentaron un detallado testimonio de cómo los jóvenes del medio rural son compelidos a dejar el campo, cómo la educación formal avasalla los saberes de sus comunidades, cómo lo que les ofrecen para su futuro es migrar, estudiar una carrera para salir del campo, hacer carrera política para ganarse algún cargo, o dedicarse al narcotráfico.
Pero reivindican con argumentos y entusiasmo ante el tribunal su derecho a quedarse en el campo, a sus culturas y a otra educación, a la producción sin transgénicos, sin agrotóxicos, con sus propias semillas. Junto a Jóvenes ante la Emergencia Nacional, Yo soy 132 Ambiental y otros, planean una pre-audiencia de jóvenes, transversal a todos los temas del TPP en México.
La lucha de la comunidad de San Isidro que lleva más de 70 años, atraviesa varias generaciones y no se explica por 280 hectáreas de tierra, sino porque son parte de algo muy profundo, del derecho a ser pueblos campesinos, a tener asambleas para decidir sobre los bienes comunes, a cuidar y compartir los medios y fuentes de la subsistencia, a la vida digna. Además del mapa de abusos que va constituyendo el expediente general de acusación del TPP capítulo México, el dictamen de esta preaudiencia, elaborado por Jean Robert (Suiza), Fernanda Vallejo (Ecuador), Dora Lucy Arias (Colombia) y Alfredo Zepeda (México), reconoce esta actitud como una particularidad de los pueblos en México, esencial para recuperar el derecho a la subsistencia de todos.
* Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC www.etcgroup.org/es
