En la dictadura más sanguinaria que haya conocido Argentina, la desaparición forzada de personas se instrumentó como el ‘crimen perfecto’
Por Carla Aguirre
El 24 de marzo de 1976, se instauró en Argentina el gobierno de una junta militar encabezada por el teniente general Jorge Rafael Videla. Mientras las fuerzas armadas iban ocupando los puestos clave, se producían miles de arrestos de dirigentes políticos, gremiales y estudiantiles. En el contexto de la Guerra Fría, el llamado “Proceso de Reorganización Nacional” basado en la inserción de Argentina en “el mundo occidental y cristiano” iniciaba su marcha.
En el momento del golpe cívico-militar, Argentina se encontraba sumergida en una profunda crisis económica y política. Los niveles de violencia aumentaban de manera considerable, tanto por parte de la guerrilla como del Estado. Fue ante la imagen de deterioro y la impotencia del gobierno de María Estela Martínez de Perón que los militares se perfilaron, con el apoyo del sector empresarial, como la opción más viable para terminar con la inseguridad y llenar el vacío de poder existente.
El gobierno militar encabezado por Videla concibió su tarea alrededor de dos ejes principales: la implantación del “orden” y la “normalización” de la economía. Lo segundo no podía lograrse sin lo primero, lo cual entrañaba liquidar, por medio de la aplicación de toda la coerción “necesaria” a la “subversión”. Fue así como se estableció la dictadura más sanguinaria que haya conocido Argentina. Sólo el transcurso de los años daría la verdadera dimensión represiva y los alcances políticos y sociales de la dictadura militar surgida en 1976.
La represión desarrollada por la dictadura militar que permaneció en el poder hasta 1983 resulta alarmante no sólo por la gran cantidad de víctimas que cobró, sino por la singularidad del método aplicado: la desaparición forzada de personas. Si bien los antecedentes de este fenómeno se remontan varias décadas atrás, con la desaparición de cadáveres en El Salvador en 1932, las prácticas llevadas a cabo durante la Segunda Guerra Mundial y durante las purgas de Stalin en la Unión Soviética, este delito adquirió características particulares y se hizo evidente a partir de la década del sesenta en varios países de América Latina, encontrando en la dictadura argentina su mayor “perfeccionamiento”.
Las desapariciones iniciaban con aprehensiones realizadas en domicilios, lugares de trabajo o en la vía pública. Los perpetradores actuaban con tal impunidad que solamente 1 de cada 10 actos de este tipo ocurrió en condiciones desconocidas. El 60% de las privaciones de libertad se dio en el domicilio de la víctima y frente a testigos, con muestras excesivas de fuerza que no sólo apuntaban a inmovilizar a las víctimas en su capacidad de respuesta ante la agresión, sino a intimidar e infundir el terror de manera general.
Las víctimas eran trasladadas a centros de detención clandestinos. En 1976 llegó a haber 610 centros clandestinos de detención en territorio argentino. Allí se encontraban los desaparecidos mientras las autoridades militares respondían a la opinión pública nacional e internacional que estaban en el exterior o que habrían sido víctimas de ajustes de cuentas entre ellos.
Luego de la aprehensión, todos los recursos de habeas corpus, denuncias y gestiones administrativas interpuestas por familiares y conocidos fracasaban, ya que las autoridades informaban invariablemente que no existían constancias de la detención. Los desaparecidos entraban a un limbo jurídico y de facto, marcado por la tortura, que se extendía a sus familiares ante la incertidumbre por el desconocimiento de su paradero y condiciones.
El crimen de desaparición forzada se planteó ante el gobierno militar como un método efectivo para alcanzar sus objetivos. En primer lugar, la desaparición forzada lograba la eliminación real de los “elementos subversivos” y en segundo lugar, cumplía con una función de disuasión de ideologías o acciones contrarias al régimen, ya que la crueldad del método infundía terror en la sociedad, lo que producía su desmovilización. Además, el crimen de desaparición forzada tenía la ventaja de perpetuar la impunidad, ya que dentro de la lógica del gobierno militar, al no haber víctimas, no había victimario ni delito.
Jorge Rafael Videla en declaraciones recogidas en el libro El Dictador publicado en 2001 justificó la desaparición forzada de personas, señalando que “la sociedad no hubiera bancado (soportado) los fusilamientos”.
Las desapariciones forzadas en Argentina no constituyeron episodios marginales o excesos de la represión, fueron una política deliberada, extensiva y un proceso sistemático de sometimiento de la sociedad a fin de lograr el objetivo socioeconómico del régimen.
El propio Videla señaló en una entrevista reciente: “estábamos en el año 1978 y el Proceso había cumplido plenamente con sus objetivos, entre los que destacaba el fundamental, que era poner orden frente a la anarquía y el caos que amenazaba y enfrentaba el país el 24 de marzo de 1976. Y por qué digo que había cumplido con sus objetivos, simplemente porque no había ni asomo ya de la amenaza terrorista y mucho menos de la delincuencia común. Éramos uno de los países más seguros del mundo, caminábamos en la mejor de las direcciones…”
La dictadura de Videla dejó 30,000 desaparecidos. Ante un incansable trabajo de la sociedad civil argentina Jorge Rafael Videla se enfrentó a la justicia civil. Murió en prisión, después de haber sido sentenciado por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la búsqueda de los desaparecidos, de los hijos y nietos que fueron apropiados, así como de la verdad y la memoria continúa.
Fuente: Noticieros Televisa
