El fallecimiento de Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes de Enrique Peña Nieto en el gobierno del Estado de México (2005-2011) y en el gobierno federal (2012-2018), no exime a la Fiscalía General de la República (FGR) de seguir las carpetas de investigación sobre las irregularidades multimillonarias perpetradas durante sus gestiones, sobre todo porque varias de ellas abarcan al propio Peña Nieto y a su círculo de confianza, como Alfredo Del Mazo Maza, el actual gobernador mexiquense.
Por Mathieu Tourliere/ Proceso
Esto opinan el senador Emilio Álvarez Icaza y Paulo Díez Gargari, dos hombres que en los últimos cinco años interpusieron 10 denuncias contra Ruiz Esparza y quien resulte responsable ante la FGR.
En el sexenio pasado, el nombre de Ruiz Esparza estuvo vinculado con sonados casos de corrupción, llámese OHL, la cancelación del tren México-Querétaro –a su vez relacionada con la Casa Blanca de Peña Nieto y su exesposa Angélica Rivera-, el Tren México-Toluca, el Paso Exprés de la autopista México-Cuernavaca, el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), la Estafa Maestra y otros miles de millones de pesos en irregularidades documentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Ruiz Esparza siempre negó las acusaciones y, si bien las irregularidades persistieron, nunca enfrentó sus consecuencias
Sin embargo, en los últimos seis años la Fiscalía General de la República (FGR) –y su antecesora, la Procuraduría General de la República (PGR)– recibieron al menos nueve denuncias penales que derivaron en carpetas de investigación.
El abogado Paulo Díez Gargari, quien lleva media década en batallas legales contra los negocios multimillonarios del llamado “Grupo Atlacomulco” –al que pertenece Peña Nieto– y OHL –ahora Aleática–, interpuso cinco de ellas; otras cinco fueron interpuestas el 29 de noviembre de 2018 y agosto de 2019 por un grupo de legisladores independientes, encabezado por Álvarez Icaza y la diputada Lucía Riojas.
En una de ellas, los legisladores denunciaron que la SCT federal envió 3 mil 600 millones de pesos al Estado de México a través del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares (Saascaem) para, supuestamente, financiar la campaña de Alfredo Del Mazo Maza.
Del Mazo es primo de Peña Nieto y fue cercano a Ruiz Esparza, quien en los años 80 fue subsecretario general del gobierno mexiquense de Alfredo Del Mazo González, padre del actual gobernador, y en 1997 coordinó su fracasada campaña para dirigir el gobierno del entonces Distrito Federal.
Estas denuncias, según Álvarez Icaza, “siguen vigentes”, pues se interpusieron en contra de Ruiz Esparza y de “quien resulte responsable”.
“En nuestra opinión hay elementos para proceder en contra del primer círculo de Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México, y luego en el gobierno federal”, dice el senador a Proceso.
Y abunda: “interpretamos que estas averiguaciones previas tienen que seguir investigándose”.
Los legisladores también interpusieron una denuncia por presuntos sobornos a partidos políticos de España –con dinero desviado de los negocios mexicanos de OHL– y a exfuncionarios mexicanos, entre ellos Ruiz Esparza, otras dos referentes a obras con OHL.
Conspiración de Estado
Entre las denuncias que Diez Gargari interpuso por “hechos con apariencia de delito” cometidos por Ruiz Esparza “y otros” destacan los casos de la concesión carretera de la Amozoc-Perote, del Viaducto Bicentenario, del Circuito Exterior Mexiquense o de la carretera Atizapán-Atlacomulco.
En todos estos casos, Ruiz Esparza tuvo un papel, ya sea como titular de la SCT mexiquense –otorgando concesiones o autorizaciones para incrementar las cuotas de peaje– y de la federal.
El abogado no se limitó en el entonces titular de la SCT. Sus denuncias también mencionan al propio Peña Nieto y su brazo derecho, Luis Videgaray Caso, así como Eruviel Ávila Villegas –sucesor de Peña Nieto en el gobierno del Estado de México–, Del Mazo Maza, a los exdirectivos de OHL, y al empresario mexiquense Ricardo Arturo San Román Dunne, hermano del compadre de Peña Nieto.
Las denuncias derivaron en las carpetas de investigación FED/SEIDF/UNAI-MEX/02002/2016, FED/SEIDF/UNAI-VER/1827/2016, FED/SEIDF/UNAI-CDMX/035/2017, FED/SEIDF/CGI-CDMX/1617/2017 y FED/SEIDF/CGI-CDMX/01643/2017.
Díez Gargari dijo a Proceso que, durante la administración de Peña Nieto, la PGR nunca le reconoció el carácter de víctima, por lo que no tuvo acceso a los expedientes.
Con la llegada al poder del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el letrado tocó las puertas de la FGR y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para actualizar sus denuncias y aportar nuevos elementos.
Aparte, el abogado interpuso una nueva denuncia el pasado 18 de febrero, en la que documentó “hechos con apariencias de delito cometidos por Gerardo Ruiz Esparza, Enrique Peña Nieto y otros”, en particular, una supuesta “conspiración de Estado” para favorecer a OHL mediante esquemas de concesión carretera y fondos federales.
Y, apenas el pasado 10 de marzo, aportó a la FGR un documento, firmado de puño y letra de Ruiz Esparza en 2011, el cual evidencia que desde hace una década, OHL cobra peajes de manera ilegal en el Viaducto Bicentenario, pues el título de concesión con el que la empresa española opera –y que le otorgó Ruiz Esparza en 2008– es apócrifo.
Bajo la lupa de la 4T
Aparte de las denuncias de los privados, dependencias del gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación estaban investigando a Ruiz Esparza por su cuenta, ante las irregularidades que dejó en su paso por la administración pública.
Así, el 12 de septiembre de 2019, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), indicó que Ruiz Esparza y su equipo “no dejaron piedra sin labrar” en la SCT.
En noviembre del mismo año reconoció que la UIF investigaba formalmente al exfuncionario, e indicó que la dependencia interpuso dos denuncias ante la FGR contra Ruiz Esparza y OHL por “corrupción”.
El pasado jueves 2, el periodista Salvador García Soto planteó, en una columna publicada en El Universal, que previo a morir, Ruiz Esparza cedió su patrimonio –bienes, cuentas bancarias e inversiones- a su esposa y su hijo, lo cual impide a la UIF seguir la ruta del dinero, “incluso recursos que pudieron haber salido de fideicomisos públicos”.
Apenas hace un año, el 21 de marzo de 2019, María del Rocío Dosal Noriega y Gerardo Ruiz Dosal –su esposa e hijo, respectivamente–, crearon la empresa constructora Rudosa, S.A. de C.V. en Toluca –en la misma dirección que un restaurante ubicado en la calle Ignacio Comonfort, número 105–, según el acta constitutiva de dicha empresa, consultada por Proceso en el Registro Público del Comercio (RPC).
En paralelo, la gestión de Ruiz Esparza al frente de la SCT estaba en la mira de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
En su informe de fiscalización 2019, la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros dio a conocer los resultados de 50 auditorías y visitas de supervisión a la SCT, referentes a la gestión de Ruiz Esparza; en estos documentos, se registraron un sinfín de irregularidades, sobrecostos y pagos en exceso.
Un ejemplo: en la auditoría UCAOP-AO-022-2019, un documento de 45 cuartillas relativo a la extensión de la concesión del tramo carretero Amozoc-Perote y Libramiento Perote a una filial de OHL, la SFP denunció las dos ampliaciones fraudulentas del plazo de la concesión, que correría hasta 2063 y, en una decisión inédita, la SFP incluso pidió a la SCT que cancele el título de concesión de la carretera.
Entre sus observaciones a grandes obras, como el Tren México-Toluca, la SFP observó montos por aclarar de 616 millones de pesos, y en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) –el megaproyecto que impulsó Ruiz Esparza, aunque lo operó formalmente Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)–, las irregularidades detectadas ascendieron a 18 mil millones de pesos.
Aparte, la SCT de Ruiz Esparza recibió reiteradas observaciones y señalamientos por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que al concluir el sexenio de Peña Nieto había emitido 482 observaciones por obras de la dependencia, y exigido aclaraciones sobre el destino de más de 16 mil 500 millones de pesos.
Entre estas observaciones, destacó esquemas de desvío de recursos públicos a través de convenios con universidades estatales –en este caso, la Autónoma de Nuevo León–, mejor conocidos como Estafa Maestra.
Pacto de impunidad
Si bien el nombre de Ruiz Esparza salió en los principales escándalos que mancharon el sexenio de Peña Nieto, su poder era tal que el exmandatario nunca lo sustituyó.
Así, Ruiz Esparza permaneció en su puesto a pesar de que provocó un diferendo diplomático y comercial con China en noviembre de 2014, cuando canceló el contrato de 50 mil millones del Tren México-Querétaro, una semana antes que explotara el escándalo de la Casa Blanca de Peña Nieto.
En el consorcio ganador del contrato, encabezado por la China Railway Construction Company, participaba la empresa Constructora Teya, de Juan Armando Hinojosa Cantú.
Peña Nieto tampoco pidió la renuncia de Ruiz Esparza en 2015 y 2016, cuando se filtraron llamadas telefónicas que lo involucraban en presuntos actos de corrupción con OHL, como lo mostró un audio filtrado en septiembre de 2015, en el que el exfuncionario dijo a Pablo Wallentin Crawford que “he tenido que tragar tantita caca” para apagar el escándalo del Circuito Exterior Mexiquense.
Conversaciones telefónicas interceptadas y publicadas en internet evidenciaron gestiones de Ruiz Esparza y Peña Nieto –y Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex– para favorecer a OHL.
También mostraron que OHL buscó pagar las vacaciones de Ruiz Esparza en su complejo turístico Mayakobá, en la Riviera Maya.
Ruiz Esparza también se mantuvo en su cargo a pesar de su pésima gestión del socavón que se abrió en el Paso Exprés de la México-Cuernavaca en julio de 2017 -apenas tres meses después de ser inaugurado-, en el que fallecieron dos personas. El funcionario lo calificó como un “mal rato”.
Posteriormente, auditorías revelaron que las obras estuvieron plagadas con al menos 22 irregularidades y sobrecostos de hasta 300 millones de pesos.
Fuente: Proceso
