El pasado fin de semana Madrid fue escenario de una masiva marcha de repudio al presidente Pedro Sánchez, a quien la derecha (que vive un auge en España) acusa de “traidor” por ser demasiado “tibio” ante el conflicto de Cataluña; y el martes 12 comenzó el juicio contra los principales líderes independentistas catalanes, un proceso del que éstos tienen pocas posibilidades de salir bien librados. Este coctel obligó al jefe de gobierno a dar por terminada su gestión y convocar a elecciones anticipadas.
Por Alejandro Gutiérrez/ Proceso
España se debate entre la inestabilidad y la fragmentación política. El próximo 28 de abril se celebrarán elecciones generales anticipadas, las terceras desde 2015.
En los comicios de aquel año terminó la era de los dos partidos únicos, el Socialista Obrero Español (PSOE) y el Popular (PP), con la irrupción de Podemos y de Ciudadanos. Pero en las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre llegó al escenario Vox, xenófobo y de extrema derecha, al que Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia, llama la organización política “de Trump en España”.
Con Vox llegó un discurso más crispado, de ataque y hasta militarista, que obligo a Pablo Casado, presidente del PP y líder de la oposición, a radicalizar su discurso.
El viernes 15 el presidente Pedro Sánchez anunció que el 28 de abril se celebrarán las elecciones, tres días después que en el Tribunal Supremo (TS) inició el llamado “juicio más importante de la democracia española” contra 12 de los líderes catalanes promotores del procés de independencia.
Este juicio fue un elemento más que se sumó a la ya de por sí compleja crisis de Cataluña, que impregnó el crispado ambiente que vive la política nacional.
El miércoles 13 una inusitada pinza de dos corrientes antagónicas en el Congreso de los Diputados tumbó el proyecto de presupuesto de Sánchez y dio prácticamente por terminado su mandato de apenas ocho meses y medio, luego de que el 1 de julio llegara al poder mediante la Moción de Censura que retiró de La Moncloa, sede del gobierno, al conservador Mariano Rajoy, abrumado por los casos de corrupción de su formación política.
Partidos antagónicos sumaron 191 votos para echar por tierra los llamados “presupuestos más sociales”, porque reivindicaban mejoras en rubros afectados por la crisis económica. En un lado de la pinza votaron los diputados derechistas del PP y Ciudadanos, autodenominados “constitucionalistas”, y por el otro, sus adversarios catalanes, los independentistas (ERC y PDeCAT), a los que aquellos tachan de “golpistas” o los que “quieren romper España”. Los independentistas, por cierto, califican a la derecha de “franquista”, “facha” y “reaccionaria”.
Sin opciones para continuar esta legislatura y con el fracaso de no haber podido distender las cosas con Cataluña, Sánchez se enfrenta a una arriesgada apuesta en estas elecciones extraordinarias, porque las principales encuestas colocan al PSOE –su partido– como primera fuerza con más votos, pero sin la garantía de que pueda revalidar el gobierno.
Desde La Moncloa manejan una encuesta que arroja 101 escaños para el PSOE. Y sitúa al trío de derecha (PP, Ciudadanos y Vox) en algo más de 170 diputados, sin llegar a la mayoría absoluta (176), escribió Lola García, la directora adjunta del periódico La Vanguardia. Sostiene que para que Sánchez pueda gobernar, necesitaría reeditar “un pacto similar al de la Moción de Censura”, con los votos de Podemos, de los partidos catalanes y los vascos (Partido Nacionalista Vasco y Bildu).
Sin embargo, otra encuesta abre la puerta a que un trío de derecha, más liberal y recalcitrante, llegue al poder. El sondeo elaborado por Tel-Celeste para eldiario.es, señala que la suma del PP, Ciudadanos y Vox alcanzaría la mayoría absoluta en la Cámara. Este bloque de derecha suma 51.2% de los votos y opciones claras de atesorar la mayoría que les permita llegar a La Moncloa, señala el diario digital.
En cambio, la suma de la izquierda alcanzaría, según el estudio, 39.4% de los votos, muy lejos de la mayoría. Incluso la estimación atribuida al llamado bloque de la Moción de Censura (PSOE, Podemos, PDeCAT, ERC y PNV) estaría entre 163 y 170 escaños, lejos de ofrecerle a Sánchez la posibilidad de refrendar el gobierno, señala.
Ante la crispación y el chantaje
En el terreno de los independentistas las presiones a Sánchez no fueron menores. Al apoyarlo en la Moción de Censura y permitirle llegar al gobierno con los votos de los partidos catalanes –Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Partido Demócrata de Cataluña (PDeCAT) –, el presidente del Govern de Cataluña, Quim Torra condicionó el apoyo al socialista para permitirle sacar adelante su proyecto político.
Presionado por los Comités de Defensa de la República, que lo tachaban de “traidor”, Torra planteó a Sánchez un ultimátum para que autorizara un nuevo referéndum sobre la secesión de Cataluña. Le dijo que “la paciencia no es infinita”, de lo contrario “el independentismo no podrá garantizar ningún tipo de estabilidad en el Congreso a Pedro Sánchez”.
A diferencia de Rajoy, que no tuvo diálogo político con los líderes catalanes y recurrió a los tribunales para atender el desafío independentista, Sánchez buscó diversos mecanismos para entablar una agenda y buscar salidas a esa crisis, aunque siempre dijo que no cederá “al chantaje” y que todo diálogo tendría que estar dentro de la Constitución. “Dentro todo, fuera nada”, les decía a los líderes independentistas para rechazar la exigencia de convocar un nuevo referéndum de autodeterminación.
Pero Casado subió el tono de sus críticas porque exigía la aplicación “permanente” del artículo constitucional 155, con el que Rajoy intervino la administración de la Generalitat de Cataluña, por la declaratoria de independencia.
A finales de octubre, en la tribuna del Congreso, Casado acusó a Sánchez de ser “partícipe y responsable de un golpe de Estado” que, a su juicio, “se estaba perpetrando en España”. El presidente instó al líder de la oposición a que rectificara su señalamiento, de lo contrario rompería relaciones con el PP.
En diciembre, durante un encuentro en Barcelona, Torra le planteó a Sánchez 21 medidas para negociar, contenidas en el documento Propuesta del Govern de Catalunya. En él destaca la petición de una mediación internacional para una negociación entre ambos gobiernos; “hacer efectivo el derecho de autodeterminación”; investigar abusos policiales y económicos cometidos contra Cataluña; la “desfranquización” de España; renunciar a aplicar el artículo constitucional 155, que se usó en el pasado para intervenir la administración autonómica y “dejar atrás la vía judicial contra el independentismo”.
Aunque la vicepresidenta Carmen Calvo dijo que estaban dispuestos a explorar la posibilidad de una mediación para una mesa negociadora entre los partidos para discutir el futuro de Cataluña, bilateral a la mesa entre los gobiernos, tanto el PP como Ciudadanos afirmaban que Sánchez había “cedido al chantaje” de los que “quieren romper España”.
Entonces intensificaron su exigencia para que Sánchez convocara a elecciones de inmediato.
Pero Casado fue más allá. Como no tenía los votos necesarios para convocar una moción de censura, convocó a una manifestación en la Plaza Colón, a la que se sumaron Ciudadanos y Vox. El lema fue: “Por una España unida. Elecciones ya”.
En la conferencia de ese anuncio, con un tono beligerante Casado llamó a Sánchez “el mayor felón de la historia democrática de España”; el “mayor traidor que tiene nuestra legalidad”, y lo acusó además de “alta traición”.
Lo tachó de ser un “presidente ilegítimo” y de ser un “okupa” del gobierno, pese a haber llegado con la Moción de Censura, una figura prevista en la Constitución. Lo llamó “mentiroso compulsivo”; “irresponsable, incapaz y desleal que está cometiendo alta traición contra los intereses de nuestro país” y de estar “deslegitimado para seguir al frente del gobierno de España. Cada día que pasa es un escarnio a la historia democrática de este país”.
La concentración de los tres partidos no tuvo la convocatoria que esperaban, aunque reeditaron su discurso contra Sánchez para exigirle elecciones.
Juicio del procés
Por su parte, el TS inició el martes 12 el juicio contra los líderes independentistas, un asunto que por estar siendo procesados políticos y activistas catalanes, terminó de contaminar la agenda política.
En entrevista, el presidente del TS, Carlos Lesmes, reconoce que éste es “el juicio más importante de la democracia española” y advierte que no hay un juicio político como se había tratado de señalar desde Cataluña.
“Es el mayor reto al que nos enfrentamos nosotros (como tribunal) por la gran campaña de desprestigio al que ha estado sometida la justicia española” por parte de los independentistas.
Considera que el “debate central” entre las acusaciones (Fiscalía, Abogacía del Estado y acusación particular) y las defensas en este juicio será “si hubo o no violencia” para justificar el delito de “rebelión”.
No obstante, se dice convencido de que el caso llegará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, por ese debate. Y es que las defensas de los 12 líderes enjuiciados insistieron desde el primer día en que se trata de un “juicio político”.
El abogado Andreu Van den Eynde, representante del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y del exconsejero Raúl Romeva, asegura que el juicio es “una causa general contra el independentismo” y que “atenta contra la disidencia política y el derecho de protesta”.
Señala que este juicio “vulnera los derechos constitucionales” de sus clientes, que se trata de un “juicio político” y en el que parece que “ya está escrita la sentencia en su contra”.
La estrategia desplegada por los distintos abogados varió de lo puramente técnico a argumentos jurídicos con alegatos políticos. El abogado Xavier Melero, defensor del exconcejero Joaquim Forn, consideró el juicio una “estafa”, porque a su defendido se le juzga por sus supuestas órdenes políticas a los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica, para permitir el referéndum, y que son falsas.
El abogado Jordi Piná, defensor de los diputados suspendidos Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull, cuestionó la imparcialidad de la sala del TS que los enjuiciará e invocó repetidamente las resoluciones del TEDH, donde prácticamente todos creen que este caso va a acabar una vez que se desahoguen todas las instancias en España.
Y pidió al tribunal que “hagan de jueces, no de salvadores de la patria”.
En su declaración, Junqueras se calificó como un “preso político” y que “nada de lo que se hizo es delito”, porque “votar no es un delito, pero impedirlo sí que lo es”.
Fuente: Proceso
