Una revisión del expediente que armó el gobierno de Estados Unidos contra Genaro García Luna revela que, además de las declaraciones de testigos cooperantes que lo involucran con el Cártel de Sinaloa, los agentes de ese país ya le seguían los pasos y documentaron con otras fuentes sus presuntos delitos. Por ello, fuentes del Departamento de Justicia y de la DEA consideran que quien fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón tiene sólo una vía para aligerar su sentencia: ayudar en las investigaciones contra otros exfuncionarios, mandos policiacos y políticos corrompidos por el narco.
Por J. Jesús Esquivel/ Proceso
La acusación del gobierno de Estados Unidos contra Genaro García Luna por colusión con el Cártel de Sinaloa podría implicar con el narcotráfico a los expresidentes Felipe Calderón, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, así como a generales y otros exfuncionarios mexicanos.
“El Cártel de Sinaloa ha utilizado la corrupción de funcionarios públicos, incluidos los pagos al acusado (García Luna) cuando era un alto funcionario del gobierno mexicano, como método para lograr sus objetivos de empresa traficante de drogas”, se lee en el oficio 20119R00927, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió al juez federal Brian Cogan.
“A cambio de estos pagos –continúa el documento–, el Cártel de Sinaloa obtuvo, entre otras cosas, paso seguro de sus cargamentos, informes sensibles de inteligencia y aplicación de la ley sobre investigaciones al cártel e información sobre agrupaciones rivales.”
Cogan, juez federal de la Corte del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, presidió el juicio contra Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, El Chapo, líder de una de las facciones del mencionado cártel.
En sus ocho páginas, el oficio del Departamento de Justicia expone detalles de los cuatro cargos que le fincan al exsecretario de Seguridad mexicano.
Esta comunicación fue para pedirle a Cogan que presida el juicio contra García Luna, tomando en cuenta que algunas de las acusaciones contra el exsecretario de Seguridad Pública se derivan del proceso al Chapo. Pero tal petición resulta irónica, pues en el proceso contra Guzmán Loera el juez Cogan impidió que la defensa y la fiscalía mencionaran casos de corrupción de funcionarios mexicanos por el narcotráfico.
(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2250, ya en circulación)
