Espejo fiel de una sociedad y un Estado nacional corruptos hasta la médula, el sistema carcelario del país es un inframundo donde la humillación, la ingobernabilidad, las violaciones a los derechos humanos, la violencia y el negocio son ley estricta. Estudios recientes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la UNAM así lo constatan, pero arrojan un dato más, nada desconocido para los mexicanos: lejos de corregirse, esta degradación empeora año tras año de manera irremisible. ¿Qué hace el gobierno al respecto? Especialistas de ambas instituciones concluyen: no muestra voluntad para acabar con este enfermo estado de cosas.
Por Santiago Igartúa
Reflejo del país, el sistema penitenciario de México padece ingobernabilidad, los derechos humanos de su población se vulneran metódicamente y la no reinserción social de sus presos viola la Constitución. “Nadie conoce verdaderamente una nación si no conoce el estado de sus prisiones”, cita a Nelson Mandela el tercer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Guillermo Andrés Aguirre Aguilar.
En días previos a darse a conocer el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) de 2013, Aguirre sostiene en entrevista que desde el primero de esos informes, el de 2006, el estudio de la CNDH refleja que “la situación de las prisiones no cambia”.
Advierte que del anterior DNSP —de 2012— al actual no hay avances ni motivo de festejo: “El diagnóstico demuestra lo que todos sabemos de las prisiones. Son áreas de abandono con maltrato hacia la población e incumplimiento de las disposiciones constitucionales de la reinserción, y el hecho de que se organice el sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos (el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte), no se cumple”.
Las calificaciones que da el DNSP 2013 a los centros estatales de readaptación social son: 5.68 en condiciones de gobernabilidad, 6.08 en aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno, 6.45 en estancia digna, 6.63 en reinserción social y 6.73 en atención a grupos vulnerables en reclusión. En todos estos rubros hubo un retroceso respecto al diagnóstico previo.
En cuanto a los centros federales, la reinserción es de igual manera la mayor falla. Las cifras no son más alentadoras en materia de derechos humanos reflejados en el respeto a la dignidad, respeto a los grupos vulnerables e integridad física y moral de los internos. En cuanto a las tres prisiones militares, la reinserción social (6.23) sólo fue superada por el maltrato a los grupos vulnerables, con calificación reprobatoria de 5.69.
Por su parte el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM elaboró el estudio “Presos y prisiones. El sistema penitenciario desde la perspectiva de los derechos humanos”, a cargo de Sergio García Ramírez en colaboración con Laura Martínez Breña, y divulgado el pasado febrero.
Sustentado en información oficial de fuentes públicas nacionales e internacionales, el documento —que este semanario pudo consultar— concluye que la prisión no sólo no satisface sus fines constitucionales, sino los trasgrede por la ausencia de estado de derecho en ella.
Según sus datos, el país tiene 418 reclusorios: 403 locales y 15 federales. Tres son de seguridad máxima. El número de procesados y sentenciados adultos ronda los 250 mil, lo que equivale a que en México hay un preso por cada 473 habitantes.
Ingobernabilidad
Impera la ingobernabilidad en el sistema penitenciario. “De este tema parte todo: Si la autoridad no tiene control de los centros, estamos perdidos”, advierte Aguirre Aguilar.
Fallidas las funciones públicas, el DNSP revela que 87% de los penales no tiene personal suficiente de seguridad y custodia, en 85% de los centros no hay siquiera manuales de procedimiento para atender incidentes violentos ni se tiene registro de los casos de tortura o maltrato, y en la mitad de las cárceles existen áreas de privilegios consentidas por la autoridad.
Aguirre cuenta que los autogobiernos se han gestado entre la falta de capacitación del personal penitenciario y el déficit de personal, abrumadoramente rebasado. Sólo en los reclusorios Oriente y Norte del Distrito Federal, cada uno con capacidad para unos 6 mil reclusos, la población rebasa los 12 mil, en ambos casos.
En promedio, en todo el país, hay un guardia por cada 73 internos. En los últimos tres años, 365 custodios, jefes de seguridad y directores han sido investigados por fugas. Durante el sexenio de Calderón, 675 convictos se fugaron: uno cada tres días.
En el sistema penitenciario todo está corrompido. Más de 6 mil millones de pesos de exacciones nutren el negocio, como constató el estudio de la UNAM. “Estamos en un medio de fomento estructural a la corrupción”, resume el visitador de la CNDH.
Los cárteles de la droga se apoderaron de las cárceles hasta convertirlas en centros de operación alternos. Ahí han expandido la venta de drogas, alcohol o armas.
Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, García Ramírez describe las cárceles como “mercados de la miseria humana” donde todo se vende.
Dice su estudio: “El ejercicio de los derechos más elementales se halla sujeto a tarifa”. La luz, el agua, los sanitarios, el aseo, la ropa, el suelo para dormir, la comida, el sexo, la seguridad personal, los servicios médicos, la libertad…
Reinserción imposible
El aparato penitenciario impide el fin primario de reintegrar a los convictos en la comunidad al término de su condena, algo establecido en el artículo 18 de la Constitución. Más aún, la reinserción social de los presos es un elemento esencial de la seguridad pública, según el DNSP, y como tal impacta a toda la sociedad.
Explica Aguirre: “Reinsertar a un interno está estrechamente relacionado con la prevención del delito. Si tú violentas a las personas en prisión, si las extorsionas de manera cotidiana, si maltratas a los familiares que van a visitarlas, si el trato es indigno, si las humillas, esas personas no van a poder reconciliarse, sino que van a generar resentimientos profundos en contra de la sociedad y las instituciones”.
Sin embargo, los marginados de la sociedad son condenados dos veces: “Existe un repudio, estigmatización y desprecio social hacia todo lo que tiene que ver con las personas que cometen delitos”, según las encuestas de la CNDH. Más que conseguir la reinserción, las prisiones capacitan para delinquir y en gran medida insertan a los internos en la drogadicción.
La CNDH asegura que las prisiones se convierten en “centros de aprendizaje y especialización superior de la delincuencia” y en consecuencia provocan la reincidencia de los infractores.
Y complementa el estudio de la UNAM: “Los centros de reclusión no sólo no cumplen con el objetivo de la reinserción, sino que son sitios de degradación, abuso y contaminación criminógena, donde se aprenden conductas y hábitos criminales. Muchos delitos se planean y se organizan desde las cárceles”.
Abandono
El sistema penitenciario en México se encuentra en estado de abandono por parte del gobierno, afirma Aguirre Aguilar. Ante esa situación se dice “frustrado” y apunta: “Las visiones son muy pobres respecto de las obligaciones del Estado frente a las personas que encarcela.
Para el visitador no ha habido voluntad política ni recursos para impulsar un cambio en el “principal” problema de las prisiones: el incumplimiento del mandato constitucional de reinserción.
En los últimos años el fracaso ha sido rotundo. La administración de Felipe Calderón se limitó a crear espacios sin sentido y planeación para encerrar “enemigos” de su lucha contra el narcotráfico.
Para García Ramírez, lo explica en su informe, todo se resume en “la necesidad de restablecer el Estado de derecho en el mundo sombrío de las prisiones, sin concesiones ni disimulos, y restituir a los reclusos el ejercicio de sus derechos, sistemáticamente quebrantados y recuperar el riguroso cumplimiento de los deberes que corresponden a los servidores públicos que actúan en este ámbito”.
Las reformas constitucionales de 2013 en la materia, aseguran ambos estudios, no apaciguan la tragedia.
Fuente: Proceso
