El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó por unanimidad suspender los trabajos de modificación de los instrumentos normativos y administrativos para la implementación del Plan B, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una suspensión provisional contra todos los artículos de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El instituto ordenó a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, así como a los órganos desconcentrados locales y distritales, que se apliquen las disposiciones vigentes hasta antes de la publicación del decreto del pasado 2 de marzo.
En sesión extraordinaria, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, precisó que el Plan B se suspende hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva en definitiva la controversia constitucional.
“Dado que el proyecto del Ministro Laynez establece la suspensión de todo el paquete de reformas como fue solicitado por la autoridad electoral en la controversia interpuesta y retrotrajo el estado de cosas jurídico al orden legal vigente antes de la entrada en vigor de la mencionada reforma, es menester en acatamiento, en consecuencia con dicha resolución tomar una serie de determinaciones”, especificó Córdova.
Estrictamente, dijo, “se trata de una resolución que pone en pausa, mientras dure la suspensión mencionada, las actividades de instrumentación de la reforma y establece con claridad en atención a los principios de legalidad y de certeza jurídica las normas a las que personal de este Instituto está ceñido en su actuación”.
Asimismo, se suspende la ejecución del Plan de Trabajo y Cronograma del Comité Técnico para la implementación de la Reforma Electoral 2023, indicó la Consejera Carla Humphrey Jordan.
“Habrá que decir que de la lectura de este incidente, además se habla de garantizar y salvaguardar los derechos político-electorales, los derechos humanos a la intimidad y a la identidad y también, por supuesto, a no hacer que la propia institución caiga en un caos organizacional respecto a si se aplicaban algunas partes de este decreto y, por tanto, determinó que ninguna parte de este decreto sería aplicado hasta que no se resuelva de manera definitiva la controversia constitucional”, explicó.
“Habrá que decirlo bien, todavía no tenemos certeza del sentido en que habrán de resolver las y los ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y como institución, debemos cumplir con las obligaciones generadas por el poder ejecutivo y el judicial, que en este contexto y en este momento dan garantías para que sigamos operando con las leyes y el marco normativo en vigor antes de la publicación de la reformar conocida como Plan B”, añadió Humphrey.
“Hasta en tanto no se resuelva el fondo de la controversia constitucional no deberán aplicarse las disposiciones del Decreto de reforma publicado el 2 de marzo, lo que deja a salvo los derechos laborales de las personas que trabajan en el INE”, agregó la consejera Dania Ravel Cuevas.
Fuente: Apro
