Animal Político publicó este martes que el INAH avaló la construcción de un centro comercial sobre vestigios arqueológicos en Valle de Bravo, Estado de México. Pero se trata sólo del caso más reciente. En los últimos 30 se ha perdido “irremediablemente” patrimonio histórico debido a los permisos de construcción “irregulares” concedidos por el instituto y su inacción para frenar la devastación arqueológica.
Los análisis de la Auditoría confirman la indolencia del organismo encabezado actualmente por Teresa Franco para cumplir con su principal objetivo: investigar, conservar y difundir el patrimonio arqueológico para fortalecer la identidad y memoria de la sociedad.
El Informe de la Cuenta Pública de 2012, señaló que el instituto ejerció 2 mil 635 millones de pesos sobre todo para catalogar monumentos y zonas del patrimonio arqueológico, impulsar las declaratorias de patrimonio, entre otras actividades, pero detectó “deficiencias en la protección del patrimonio arqueológico”.
Las principales observaciones en la auditoría de desempeño refieren que el INAH no conocía las zonas arqueológicas e históricas en “áreas de crecimiento urbano” y, por lo tanto, “no diseñó y ejecutó un programa nacional para su protección”.
El caso de Valle de Bravo es una muestra de la falta proyecto de protección, toda vez que los arqueólogos que han intervenido en la zona, denunciaron el crecimiento de la mancha urbana sobre los vestigios de la cultura Matlatzinca desde la década de los 90.
La Auditoría de 2012 detectó más fallas en la operación del INAH:
- No realizó actividades para reforzar las acciones de vigilancia, resguardo, seguridad y ordenamiento de los sitios patrimoniales.
- No desarrolló un modelo de conservación integral del patrimonio arqueológico e histórico.
- No realizó actividades para mejorar las medidas de rescate y salvamento arqueológico.
- No realizó actividades para multiplicar los convenios con los tres ámbitos de gobierno y la sociedad civil, en materia de preservación de patrimonio arqueológico e histórico.
- No realizó acciones para organizar y autorizar órganos auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la nación.
- No contó con las bases de datos de los 673 monumentos conservados, ni con el número de monumentos y zonas arqueológicos e históricos que requerían acciones de conservación.
- No incorporó en su marco normativo la definición de preservación del patrimonio arqueológico e histórico.
Estas omisiones, sin embargo, ya habían sido señaladas por la Auditoría desde 2009. Además, se vislumbraba uno de los problemas para los siguientes años: el INAHolvidó diseñar indicadores y metas anuales para evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales vinculados con la conservación, protección y restauración del patrimonio arqueológico e histórico, establecidos en el Programa Nacional de Cultura 2007-2012.
En 2009 el dictamen de la auditoría también concluyó que el INAH “no cumplió” con sus obligaciones y advirtió que “careció de los conceptos legales” sobre la protección,conservación y restauración de los muebles, inmuebles y zonas que constituyen el patrimonio arqueológico e histórico.
La consecuencia de este error fue que los distintos niveles del instituto pudieron interpretar “equivocadamente” las políticas, procedimientos, mecanismos y acciones que realizan en la materia. Por lo tanto, “hubo riesgo de incumplimiento de los objetivos institucionales”.
Aunque la principal actividad del INAH es la protección, conservación y restauración, en 2009 ni siquiera tenía un sistema de costos para evaluar los gastos que ello conllevaba.
La Auditoría señaló que 152 zonas arqueológicas abiertas al público (90% del total) no tenían planes de manejo en operación, tampoco 168 zonas arqueológicas a cargo del INAH y en 2 de las 8 zonas arqueológicas declaradas por la UNESCO como patrimonio mundial; por lo tanto, “no se garantizó su conservación integral”.
Sin embargo, cuenta con recursos específicos para ello a través del programa E-12. En los últimos seis años, ha tenido ligeras variaciones de presupuesto.
Fuente: Animal Político
