La resolución del pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos obliga a la Secretaría de la Defensa Nacional a hacer públicas las bitácoras y fotografías tomadas por militares la noche del 26 en Iguala, cuando desaparecieron los 3 normalistas
El Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizar una búsqueda exhaustiva de las fotografías y registros que tomaron elementos del Ejército mexicano a los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, así como las bitácoras y todos los informes de los hechos relacionados a la desaparición de los normalistas.
El órganismo autónomo resolvió un recurso de inconformidad de un particular por lo que ordenó a la Sedena entregar una versión pública que contenga únicamente aquellos los datos personales que ya hayan sido publicados por las autoridades investigadoras.
El IFAI recordó que la dependencia federal, que encabeza el General Salvador Cienfuegos Zepeda, se declaró incompetente para conocer de la información requerida y remitió al solicitante a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Gobernación (Segob). Tal respuesta motivó la inconformidad del particular ante el IFAI y la presente resolución aprobada esta tarde en el pleno del Instituto.
Durante su ponencia, el Comisionado Joel Salas dijo que “la búsqueda no podrá omitir al Estado Mayor de la Defensa Nacional y a los Batallones y Zonas Militares que hayan acudido a tomar conocimiento de los hechos, así como que hayan participado en reuniones y grupos de trabajo, con motivo de las investigaciones de los hechos ocurridos en Iguala Guerrero, el 26 de septiembre de 2014″.
Salas refirió que el Ejército no podría clasificar esta información como reservada porque, dijo, existen indicios sobre la presencia de elementos del Ejército mexicano para tomar conocimiento de los hechos en el Hospital Cristina de Iguala.
“El tercer Informe de actividades del grupo de trabajo plural del Senado para el seguimiento de las investigaciones indica que dentro de las actividades realizadas por la PGR, se encuentra el haber recabado declaraciones de testigos sobre la presencia del Ejército mexicano. Además, en cumplimiento al Reglamento General de Mandos Territoriales, Guarniciones Militares y Servicio Militar de Plaza, los militares deben rendir parte diariamente de las novedades de su jurisdicción o inmediatamente cuando así se amerite. De ello, se deriva que la SEDENA sí podría atender la solicitud de fotografías y registros tomados a los jóvenes normalistas”, dijo el Comisionado Salas.
En cuanto a la bitácora e informes, Salas dijo que es necesario aclarar que la solicitud no se limita al día de los hechos, sino a toda la documentación relacionada “con el trágico suceso que pudiera tener la Sedena”.
“Esta ponencia realizó una búsqueda de información pública generada por la PGR donde se informa que la dicha Secretaría ha participado en reuniones y grupos de trabajo en coordinación con otros sujetos obligados y que colaboró en la búsqueda de los desaparecidos. Asimismo, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para dar seguimiento a las investigaciones del caso, acordó requerir información al Ejército y agendar reuniones de trabajo para aclarar la presunta omisión del 27 Batallón cometida el 26 y 27 de septiembre”, refirió Salas.
Dijo que la Sedena debería documentar lo anterior y, por tanto, sí podría conocer de la bitácora e informes. Precisó que la información solicitada podría formar parte de una averiguación previa en curso y contener datos que vulneren la actuación del Ministerio Público Federal.
Sin embargo, dijo, existe un interés público que es superior a la reserva de la información dado que las víctimas sufrieron violaciones graves a derechos humanos, como lo determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Durante su ponencia, el Comisionado Salas hizo una recapitulación de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero.
“Lo que era un intento de conseguir autobuses para transportar estudiantes a la Ciudad de México y participar en las marchas del 2 de octubre, devino en uno de los peores casos de violencia cometidos por el crimen organizado con la anuencia y ayuda de autoridades municipales. Los estudiantes fueron atacados, secuestrados y masacrados por miembros del cártel Guerreros Unidos, con la colaboración de la Policía Municipal de Iguala y Cocula”, refirió el comisionado.
Precisó que según testimonios de jóvenes sobrevivientes, policías municipales de Iguala bloquearon las salidas que tomarían los autobuses en que viajaban, los detuvieron violentamente y cuando quisieron huir, los persiguieron y les dispararon a discreción. “Al lugar llegaron medios de comunicación y algunos alcanzaron a dar declaraciones. Más tarde llegaron policías de Cocula para ‘apoyar’ a los de Iguala y continuaron la balacera, los estudiantes se dispersaron y nuevamente fueron perseguidos por los policías municipales, quienes detuvieron a algunos más y los entregaron a Guerreros Unidos”, dijo.
Señaló que unos cuantos alumnos de la Normal escaparon de los autobuses para pedir ayuda. Cinco de ellos acudieron al Hospital Cristina de Iguala, donde el personal les negó la ayuda e informó a los militares del 27 Batallón de Infantería. “Los militares acudieron al hospital, revisaron a los jóvenes, anotaron sus datos y les tomaron fotografías, para finalmente irse sin realizar alguna otra acción. Estos hechos están documentados por diversos medios. Los otros estudiantes fueron presuntamente detenidos por la Policía Municipal tanto de Iguala como de Cocula corriendo la suerte ya descrita”
El Comisionado Salas comentó que de acuerdo con el informe final de la PGR sobre el caso, publicado el pasado 27 de enero, el móvil del asesinato fue que se les confundió con miembros del cártel antagónico denominado “los Rojos”. Dijo que la Procuraduría indica que los normalistas fueron interceptados por policías municipales y entregados a miembros de “Guerreros Unidos”, quienes los secuestraron, asesinaron, incineraron y arrojaron sus restos a un río.
“En dicho informe, la PGR señaló que los elementos de la averiguación son suficientes para dar el caso por concluido. Reconoció que aún falta detener a algunos responsables y argumentó que no existe evidencia de que el Ejército mexicano haya colaborado en la desaparición de los estudiantes. Sin embargo, los padres de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional rechazan el cierre del caso hasta que haya pruebas científicas y jurídicas concluyentes”, indicó el Comisionado.
Fuente: Sin Embargo
