La falta de información sobre los desaparecidos en México es sistemática, y cuando hay es poco verídica, segmentada o auditable, aseguraron académicos, miembros de asociaciones civiles y funcionarios públicos en el foro “¿Qué sabemos sobre desaparición en México?”, realizado en la facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Ese hecho, aunado a la impunidad, es el principal motivo que impide una operación eficiente en la búsqueda, en la aplicación de justicia y reparación, así como en las acciones que emprenden los miembros de la sociedad civil y las mismas autoridades, subrayaron.
Y coincidieron en que se sabe más sobre la víctima y poco o nada sobre los perpetradores.
En un comunicado difundido por Flacso México se dio a conocer que en la primera mesa del foro que se realizó el pasado jueves 16, Jacobo Dagoyán, investigador de El Colegio de México, manifestó que el Estado ha sido incapaz de tener un registro de desaparecidos y ha negado el derecho a la verdad.
Incluso desde la Comisión Nacional de Seguridad, representada por Patricia Pérez, se asume que el registro actual de desaparecidos “no permite saber quiénes son las personas desaparecidas, pues es muy deficiente”, subrayó.
Los especialistas señalaron que el problema de la falta de información aumenta exponencialmente, lo que Volga de Pina, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, llamó una “desaparición administrativa”, en la que las víctimas vuelven a desaparecer en la inoperancia de las instituciones, en los trámites burocráticos y en la “pulverización de la información”.
“La política está diseñada para permitir que no suceda nada”, aseveró.
Ejemplo de ello es que desde el Ministerio Público las desapariciones se investigan por el delito de privación ilegal de la libertad y eso evita que se detonen los protocolos adecuados.
“Las desapariciones no se pueden seguir de oficio, las personas no van a ser localizadas desde los escritorios sin un plan de política criminal”, explicó César Contreras, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
Desde la gestión veracruzana, el fiscal especial en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, Luis Eduardo Coronel, dejó más claro lo que en el seminario se debatió: cuando él tomó la Fiscalía había cifras oficiales de 500 desaparecidos, mientras que los registros y expedientes hablaban de más de tres mil.
Coronel denunció que durante la gestión del exgobernador Javier Duarte fueron tomadas las muestras genéticas de los cuerpos, “pero no se extrajeron los perfiles genéticos para hacer el cruce con los familiares, y los cuerpos fueron arrojados a la fosa común sin tener los datos necesarios para ser identificados”.
Al respecto, la exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Ángela Buitrago, dijo que el primer paso para dejar de revictimizar a quienes han sido víctimas de desaparición es que el Estado acepte el problema.
“Debe dejarse de lado la esquizofrenia absoluta del Estado y la bipolaridad en todas las entidades del país con una burocracia pasmosa”, consideró.
A su vez, la investigadora de la Flacso México y del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad nacional Autónoma de México (UNAM), Karina Ansolabehere, añadió: “Nos encontramos con un sistema que nos pone muro tras muro para impedir el acceso a los expedientes”.
En ello coincidieron incluso las voces de la Comisión Nacional de Seguridad, al confirmar que “son los familiares y los colectivos de la sociedad civil quienes nos han brindado la información más verídica”.
Esta circunstancia fue cuestionada por Buitrago al señalar que no es a los familiares a quienes les corresponde dar la información, hacer la búsqueda, hacer justicia, o aportar datos que los comprometan a las autoridades, porque “ellos lo que deben es estar llenos de miedo”.
Sobre los perpetradores de las desapariciones, Dagoyán resaltó que antes eran Los Zetas, pero “hoy tenemos documentado también que es el Estado”.
Patricia Pérez lo reafirmó: “Las desapariciones de hoy no son como las de años atrás. Hoy cualquier persona puede ser víctima de una desaparición” sin saber quién fue, lo que derriba el mito difundido oficialmente de que quienes desaparecen “andaban en algo raro”.
Y Volga de Pina añadió: “No sabemos quiénes son los perpetradores, pero hay que saberlo ya. Hay muchas cosas que hoy no sabemos y no sabemos si algún día las vamos a saber”.
Al respecto, Juan Carlos Gutiérrez, de Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, aseguró que las desapariciones no tienen una causa común y clasificó así los fenómenos: las mujeres desaparecidas y los feminicidios que obedecen a un patrón sistemático de discriminación estructural; los migrantes desaparecidos, que es quizá en el que más clara se halla la colusión y corrupción; la desaparición forzada por parte del Estado; y la desaparición realizada por el crimen organizado.
A esta idea se sumó Michael Chamberlain del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, quien puso sobre la mesa la desaparición como un negocio: “Cuando descubrieron que había más opciones que las drogas, comenzaron la extorsión y la trata. La violencia que vivimos no es porque se estén peleando entre sí, es porque hay un negocio detrás que genera ganancias y utilidades al crimen organizado, al gobierno y a las empresas”, expresó.
El exintegrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Santiago Corcuera, marcó su participación con dos sentencias definitorias: “La causa eficiente de la crisis humanitaria en la que hoy estamos en México se llama Felipe Calderón y su guerra contra el narco”, aunado a que “la impunidad –dijo– no es generalizada en el país, es prácticamente absoluta”.
Álvaro Martos, coordinador de investigación del Observatorio sobre Desaparición de Personas e Impunidad, aclaró que hay que adoptar los más altos estándares internacionales a la hora de definir desapariciones para poder separar entre las criminales, las forzadas y los extravíos.
También hizo un llamado para colocar a las víctimas en el centro de cualquier alternativa que lleve a la justicia transicional, y enfatizó en la prioridad de brindar “información confiable, auditable, de calidad y con acceso para todos”.
Para Karla Quintana, directora de Asesoría Jurídica Federal, sería fundamental empezar por lo más básico: “Definir qué es una violación grave a derechos humanos”, pues gran parte del problema –puntualizó– está en las Fiscalías, en el desacuerdo y las variantes de líneas a seguir, así como en investigaciones que no pueden llegar a una resolución.
Mencionó que sólo existen 11 sentencias sobre desaparición y de ellas una sola ha sido juzgada.
Fuente: Apro
