Tras la segunda fuga del Chapo Guzmán, el gobierno federal parece empeñado en enterrar la atención pública en el túnel que supuestamente utilizó el capo. Pero una investigación iniciada antes del escape con base en decenas de entrevistas a abogados y familiares de presos, personal penitenciario y exdirectivos de penales de máxima seguridad, revela que es imposible construir un túnel o salir de cualquier otra forma sin la complicidad de autoridades del más alto nivel. Esa información señala también a los actores que, dentro y fuera del penal, dejaron vía libre al Chapo Guzmán.
Por Anabel Hernández/ Proceso
A las 9 de la noche del sábado 11, los presos del módulo de Tratamientos Especiales del penal de máxima seguridad del Altiplano fueron despertados violentamente por los guardias, que los sacaron de sus celdas, los desnudaron y les echaron encima a los perros. Los animales les olisquearon cada centímetro mientras los custodios registraban las celdas. Era una práctica común en cualquier día, en cualquier momento y sin aviso. Pero en la madrugada se enteraron de la fuga del preso 3578, ubicado en la celda 20: Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
El gobierno federal le informó a una comisión del Congreso que la alerta de fuga se dio en 15 minutos; sin embargo abogados y familiares de internos, entrevistados por Proceso, señalan que demoró varios minutos más. Reos del módulo 4 y 5 comentan que a las 9:30 de la noche aún podían hacer las llamadas telefónicas reglamentarias. Aproximadamente una hora después corrió el rumor de que El Chapo había muerto. Se escuchaba mucho movimiento. A la media noche los internos escucharon que el primer helicóptero sobrevolaba la zona.
Uno de los presos más sorprendidos del módulo de Tratamientos Especiales fue Miguel Ángel Treviño Morales, El Z40, quien había regresado a ese penal tres meses antes, como resultado de una batalla de amparos, pues fue trasladado a la prisión federal de Puente Grande cuando El Chapo llegó al Altiplano.
La corrupción ya predominaba en ese penal y crecía. Por eso Treviño Morales peleó por volver. Existen datos sobre el deterioro en la seguridad del penal desde 2010, pero a raíz de la llegada del Z40 en 2013 y del Chapo en 2014, la corrupción escaló a niveles de escándalo.
Todo esto ante la impasibilidad de los operadores del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el presidio, de los efectivos de la Policía Federal (PF), cuya División de Inteligencia es la responsable de manejar las cámaras y los micrófonos, así como de pasar lista a los reos.
Igual actitud mostró el personal del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (ODPRS), responsable de los penales federales, y de la Dirección General de Políticas y Desarrollo Penitenciario, ambos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
Todas esas instancias dependen de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong y el subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda.
En una investigación que inició antes de la fuga del Chapo, este semanario confirmó con testimonios de empleados, abogados y familiares de internos, que el consumo de droga y la corrupción en el penal del Altiplano era tal, que pese a los supuestos dispositivos para inhibir las señales telefónicas, en los módulos funcionaban aparatos celulares.
Por 150 mil pesos se podía comprar un celular “encajuelado”, es decir, introducido por un preso en su recto, envuelto en una bolsa de plástico. Quienes no alcanzaban ese privilegio tenían que pagar 25 mil pesos por una llamada y 10 mil por un mensaje de texto; el caso era que los capos pueden seguir manejando sus negocios delictivos desde la prisión.
EN NÓMINA DEL NARCO
El narcotraficante Gerardo Álvarez, “El Indio”, presume de tener en su nómina a la mitad del penal, principalmente directivos y custodios.
Y durante los siete meses que estuvo preso ahí “El Z-40” era el amo. Así como pagaba a los abogados de los zetas presos, también hacía que sus defensores y operadores depositaran dinero para otros internos. Muchos de ellos, olvidados por sus familias, podían así comprar jabón, galletas, agua embotellada, papel de baño y otros productos. Los convirtió en sus incondicionales.
Ejercía el mando con dinero y una fuerte campaña de intimidación, que incluyó el asesinato del testigo protegido de la PGR con la clave Karen en las plazas Outlet Lerma, en las inmediaciones de Toluca. El propio Treviño Morales divulgó en la prisión que dio esa orden para mostrar su poder y dar un escarmiento (Proceso 2017).
Sin embargo, ni “El Indio” ni “El Z-40” lograron escapar de esos muros. Para salir de ese penal corrupto se requería de otro nivel de complicidad.
En julio de 2014 y febrero de 2015 Guzmán Loera había vulnerado los esquemas de seguridad en el penal del Altiplano, como lo hizo en el de Puente Grande antes de su primera “fuga” (Proceso 1968, 1969 y 2000).
Fuentes del reclusorio federal afirman que, tras la recaptura de Guzmán Loera, el presidente Enrique Peña Nieto dio instrucciones para poner ahí otro círculo de seguridad a cargo del Ejército y con vigilancia permanente del Cisen. De acuerdo con la información recabada, ninguna de esas instancias hizo su trabajo. “El Chapo” pudo huir gracias a funcionarios del Gobierno Federal dentro y fuera del penal, y con el apoyo de Ismael Zambada García, “El Mayo”, quien nunca dejó de ser su aliado e incluso fue el responsable de enviar al grupo de abogados encabezado por Oscar Gómez para atender todas sus necesidades. Gómez también fue abogado de su hijo, Vicente Zambada.
“Todo se escucha y todo se ve”, comenta sobre el sistema de seguridad del Altiplano un ex funcionario de alto nivel en el área de penales federales.
LOS RESPONSABLES DE LA ‘FUGA’
Antes del segundo escape de “El Chapo” algunos funcionarios tenían información sobre sus actos corruptores y por lo tanto la tarea de darle seguimiento. Sin embargo, permitieron que su poder en la prisión siguiera aumentando. Uno de ellos es Ramón Pequeño García, quien era jefe de la División de Inteligencia de la PF.
Él era el responsable de las cámaras de seguridad y micrófonos, que se ubican en el centro de control y en las celdas, incluida por supuesto la de Guzmán Loera.
Un ex funcionario de alto nivel del sistema penitenciario federal, quien pidió el anonimato por precaución, explica que todas las cárceles de alta seguridad en México tienen un esquema de redundancia para “vigilar al que vigila” en caso de corrupción. La celda de Guzmán Loera no sólo era monitoreada en el centro de control del Altiplano, sino a través de Plataforma México por el equipo de Pequeño García.
En el video difundido por Gobernación es evidente la conducta irregular de “El Chapo” al meterse en el área de regadera en horas prohibidas, vestido y con zapatos. Si el policía federal en el Altiplano no lo vio —argumenta la fuente—, en la Plataforma México hay otro equipo monitoreando que debió haberlo detectado. De lo contrario, dice, hay una clara complicidad.
Asimismo, los pases de lista le corresponden a la PF. El último es a las nueve de la noche, y los llamados “delfines” o “corzos” —elementos de la división de Pequeño García— están en todos los pasillos desde las 8:15.
Pequeño García es uno de los hombres más cercanos a Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y fue acusado con su equipo de recibir pagos del crimen organizado, particularmente del Cártel de Sinaloa y sus aliados.
En noviembre de 2012 Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, quien fuera aliado del Cártel de Sinaloa por muchos años y luego de los Beltrán Leyva, denunció que él personalmente y otras organizaciones criminales pagaron sobornos a Pequeño García. Pero éste fue despedido apenas el martes 14, tras el escape de Guzmán Loera.
Sólo su equipo tenía acceso al Centro de Control del penal, y pese a que hay sistemas de videovigilancia y grabación de audio, ninguno dio pie a medidas preventivas, aun cuando había señales de que el capo había corrompido a todo el penal. Menos aún fueron eficaces el día en que el famoso recluso se fue de la cárcel.
En el Altiplano la PF graba las conversaciones de los internos con sus familiares y con los abogados. Esta reportera tiene transcripciones de las pláticas de Alfredo Beltrán Leyva con uno de sus abogados, en los que se queja de la poca actividad de su otro defensor, Américo Delgado, quien fue ejecutado en Toluca en 2009.
Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de Seguridad, fue subsecretario de la SSP cuando García Luna era el titular. Pequeño García entregaba un reporte diario sobre las tareas de inteligencia realizadas en los penales federales de alta seguridad. Si por esa vía le dio informes reales a Rubido, éste debió actuar de inmediato para evitar que “El Chapo” controlara la prisión.
Fuente: Proceso
