El gobierno mexicano ha obstruido las investigaciones para encontrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, aseguraron a The New York Times miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes darán a conocer el informe final de su labor y se retirarán del país.
Por The New York Times
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, un pánel internacional de expertos que fueron traídos a México para investigar la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero —hecho que desató una protesta global—, dice que no puede dar una conclusión del caso porque ha sido sometido a una campaña sistemática de acosos, evasivas e intimidación.
Los investigadores, que este domingo 24 de abril presentarán la última parte de su informe, dicen que han sufrido ataques cuidadosamente orquestados por los medios de comunicación mexicanos, el rechazo por parte del gobierno a entregar documentos o conceder entrevistas con figuras esenciales, e incluso uno de los funcionarios que estuvo involucrado en la formación del grupo fue objeto de una investigación criminal.
Para algunos, la conclusión inevitable es que el gobierno simplemente no quiere que los expertos resuelvan el caso.
“No existen las condiciones para desarrollar nuestro trabajo”, dijo Claudia Paz y Paz, integrante de la comisión que se ganó el reconocimiento internacional por el enjuiciamiento de un exdictador de Guatemala por cargos de genocidio. “Y en México, la prueba es que el Estado se opuso a la prórroga de nuestro mandato, ¿no?”
La presión sobre los investigadores —descrita por cuatro de los cinco miembros del pánel en entrevistas con The New York Times— socava las promesas hechas por el gobierno mexicano de cooperar plenamente para descubrir qué pasó con los estudiantes, uno de los peores casos de abuso de los derechos humanos en el país en los últimos años.
Cientos de miles de personas han inundado las calles para protestar contra las desapariciones, lo que puso en picada la aprobación del Presidente Enrique Peña Nieto y contradice sus esfuerzos por representar a México como una nación progresista y lista para asumir su lugar en el escenario mundial. Este caso expone la impunidad que afecta el Estado de derecho.
Los investigadores dicen que les falta mucho para completar su trabajo. Sin embargo, saldrán de México en los próximos días por lo que muchos ya sospechan: ellos también creen que el gobierno trata de encubrir lo que ocurrió en la noche del 26 de septiembre de 2014 cuando 43 estudiantes universitarios fueron secuestrados por la policía y nunca aparecieron.
Por otro lado, el gobierno mexicano dice que ha cooperado plenamente con los expertos al completar la mayoría de sus solicitudes de información, mientras procesa el resto.
Para las familias de los desaparecidos, quienes estudiaban para ser maestros en las zonas rurales y pobres de México, la salida de los expertos es un hecho devastador. Todo el tiempo se han negado a creer la versión del gobierno: que sus hijos estaban en la ciudad de Iguala como parte de una protesta y fueron secuestrados por agentes de la policía (que trabajaban para poderosas bandas criminales) y luego fueron asesinados e incinerados en un basurero de Cocula, un pueblo cercano. En su versión de los hechos el gobierno nunca ha definido cuál fue el motivo del ataque.
Para muchos mexicanos, el caso va más allá de los 43 estudiantes: es un ejemplo de las decenas de miles de personas que también han desaparecido durante la guerra contra las drogas que ya tiene una década. Muchos se encuentran atrapados entre la violencia de los carteles y un gobierno que no quiere o no puede ayudar.
La llegada de los expertos internacionales despertó la esperanza y mostró la preocupación del gobierno por quienes sufren en silencio sus pérdidas en los sectores más vulnerables de la sociedad mexicana. En un gesto excepcional, México le otorgó a unos extranjeros el permiso necesario para llevar a cabo una verdadera investigación. Ahora su salida deja un sabor amargo.
“Esto es algo que probablemente nos perseguirá por mucho tiempo”, dijo Francisco Cox, un abogado chileno especializado en derechos humanos que también conforma el grupo de expertos. “Pero no tiene sentido quedarse aquí porque, de cierta manera, es darle legitimidad a algo que no es correcto”.
Aunque el informe final del grupo se conocerá el domingo por la mañana, el caso está muy lejos de ser resuelto. Solo se han encontrado e identificado los restos de uno solo de los 43 estudiantes.
Otra cuestión es a qué nivel llega la colusión entre las bandas de narcotraficantes y el gobierno. Aunque la investigación del gobierno se centró en la complicidad de las autoridades locales, estos expertos descubrieron evidencias de que las autoridades estatales y federales, e incluso militares, estuvieron presentes en la noche de la desaparición de los estudiantes.
“Estaba claro en la investigación oficial que había una intención de mantener este caso a nivel municipal, en términos de responsabilidad”, dijo Carlos Beristain, otro experto de la comisión. “Sin embargo nosotros revelamos la presencia de agentes estatales y federales en las escenas del crimen, y su participación implica responsabilidad”.
El gobierno insiste en que la salida del país de los expertos internacionales es amistosa y les ha agradecido en público por su trabajo. Los expertos no fueron presionados, según el gobierno, solo se les acabó el tiempo.
El gobierno niega haber participado en la campaña de difamación. Hay libertad de prensa en México y el gobierno no puede impedir que los medios escriban lo que quieran, dicen.
Eber Betanzos, subprocurador de derechos humanos, respondió por escrito un cuestionario en el que asegura que su oficina ha trabajado en estrecha colaboración con los expertos. “El Estado mexicano reconoce su trabajo, sus esfuerzos y la atención a las víctimas”, dijo.
Pero el gobierno se negó, en más de una ocasión, a emitir una declaración conjunta para denunciar la campaña mediática en contra de los expertos.
Cuando los investigadores llegaron a México en marzo del año pasado recibieron una cálida bienvenida por parte del gobierno. En un primer momento, dijeron los expertos, existía la voluntad de compartir documentos y responder a las solicitudes de información, y esa colaboración parecía coincidir con la postura pública del gobierno.
Eso cambió abruptamente en septiembre, cuando publicaron un informe que contradice la versión del gobierno de los acontecimientos, mencionada por el exfiscal general como la “verdad histórica”.
La investigación gubernamental dijo que los estudiantes fueron asesinados y luego quemados en un basurero en el municipio de Cocula. Ni este pánel de expertos ni otro equipo internacional de forenses —que también trabaja en la investigación— han encontrado ninguna evidencia física en el sitio que corrobore un incendio de tales dimensiones.
“Después de nuestro informe quedó claro que la relación había cambiado”, dijo Cox. “Ellos pensaban que íbamos a respaldar su versión de lo que había sucedido”.
Las solicitudes de información gubernamental tomaron meses, dijeron los expertos. Se ignoraron sus sugerencias para agilizar la investigación. Comenzó una campaña mediática de difamación, se agredió a los miembros del grupo con acusaciones de malversación de fondos y llegó a decirse que en el pasado habían hecho declaraciones de apoyo de actos terroristas.
Para los investigadores, el mensaje era claro. Beristain dijo que “hay sectores dentro del gobierno que no quieren ser cuestionados y por lo tanto hay una intención de reforzar ‘la verdad histórica’, sin tomar en cuenta los nuevos elementos que hemos descubierto. “Estos sectores reaccionan como si fuéramos una amenaza y endurecieron sus medias contra nosotros, lo que fortalece la impunidad que impide que las cosas cambien”.
En gran medida los ataques de los medios de comunicación se centraron en las abogadas Claudia Paz y Paz y Ángela Buitrago, quien ganó un amplio reconocimiento al procesar al gobierno de Colombia por malversación militar. Además de medios poco conocidos, algunos periódicos nacionales como El Financiero y Milenio, también participaron.
En enero, Buitrago esperaba en la fila del aeropuerto de Ciudad de México cuando se dio cuenta de que una historia en la primera página de un periódico local era sobre ella. Comenzaba con una caracterización de Buitrago como alguien conocida por “fabricar testimonios y testigos para ejercer presión con el fin de encarcelar a militares y figuras políticas”. También citaban a una persona que ella había procesado que decía que cualquier investigación en sus manos carecería de credibilidad.
“Era inimaginable”, dijo. “El propósito de todo eso era deslegitimar la investigación, desacreditarnos y distraernos”.
Paz dijo que también se convirtió en un objetivo. Organizaciones progubernamentales afirmaron que ella había protegido a los izquierdistas violentos por lo que había violado los acuerdos de paz de Guatemala.
Aunque el gobierno ha negado en repetidas ocasiones que juega un papel en la campaña de los medios de comunicación mexicanos, sí ejerce un gran control sobre ellos. El Estado gasta cada año cientos de millones de dólares en publicidad, por lo que tiene una gran influencia en el mercado.
“No podíamos salir a la calle todos los días y leer los titulares de los periódicos insultándonos”, dijo Paz.
Quizá el ejemplo más directo de la presión gubernamental se evidenció en el inicio de una investigación penal contra Emilio Álvarez Icaza, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el organismo internacional que nombró a los expertos.
La investigación se abrió después de quevJosé Antonio Ortega, que dirige una organización que simpatiza con el gobierno, presentara una denuncia contra Icaza en la que reclamaba el supuesto uso fraudulento del dinero hecho por los expertos, aunque esos fondos fueron establecidos en un acuerdo con el gobierno mexicano.
Durante semanas, el gobierno mantuvo su investigación alegando que tenía la responsabilidad de darle seguimiento a todas las denuncias. Pero los expertos de derechos humanos en la región dicen que esa acción envía un mensaje de advertencia a los que discrepan de la narrativa oficial. Con el paso del tiempo el gobierno abandonó el caso.
“Es interesante que eligieran investigar esta afirmación manifiestamente infundada cuando hay miles de familias que buscan desesperadamente a sus seres queridos sin ninguna ayuda del fiscal general”, dijo James L. Cavallaro, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Eso es profundamente perturbador”.
Fuente: The New York Times
