El gobierno de Guerrero utilizó durante 2014 y 2015 los recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP), para realizar una compra irregular de armamento que involucra al Ejército, en la adquisición de un sistema de espionaje telefónico y de contratos millonarios a empresas particulares sin licitar.
Las autoridades estatales desviaron el objetivo de los recursos al canalizarlos en la implementación de servicios inexistentes y en contraste decidieron no invertir un solo peso en los esquemas de prevención social de la violencia y delincuencia con participación ciudadana y acceso a la justicia para las mujeres, que forman parte de los Programas con Prioridad Nacional (PPN), para alcanzar los ejes estratégicos que marca la federación para revertir los efectos de la inseguridad y violencia en la entidad.
Lo anterior forma parte de un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sobre una revisión de 235 millones 902 mil 100 pesos del FASP transferidos por la federación en 2014 y que fueron ejercidos durante la administración encabezada por los exgobernadores Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez, que se caracterizó por los constantes señalamientos de presuntos actos de corrupción, nepotismo y realizar negocios al amparo del poder.
El documento oficial consultado por Apro, concluye que los presuntos actos de corrupción, así como el manejo deficiente y sin transparencia de los recursos públicos del fondo federal, provocaron “el incumplimiento de las metas” de la estrategia contra el combate a la delincuencia en Guerrero.
El dictamen de la auditoría indica que la revisión se enfocó en una muestra de 181 millones 141 mil 500 pesos, que representó el 76.8% de los 235 millones 902 mil 100 pesos que recibió el gobierno de Guerrero mediante el fondo federal destinado para la capacitación, certificación y equipamiento de las fuerzas policiacas, así como las estrategias de prevención de delito y la implementación del nuevo sistema penal acusatorio.
Al respecto, la ASF detectó “un probable daño” a la Hacienda Pública Federal por un monto de 19 millones 802 mil pesos, cifra que representa el 10.9% de la muestra auditada.
Ello debido a que las autoridades estatales no presentaron documentos para comprobar el gasto, incurrieron en diversas irregularidades en materia de adquisiciones y violaron preceptos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal, indica el informe oficial.
También, se advierte un subejercicio de casi 80 millones de pesos, argumentando que al 31 de diciembre de 2014, las autoridades estatales no habían ejercido el 44.5% de los recursos transferidos y al 31 de agosto de 2015, aún no se ejercía el 33.6%.
Este hecho afectó los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de Seguridad Pública y “generó retraso” en las acciones de los PPN, sentencia el dictamen de la auditoría realizada a finales de agosto pasado.
Además, se incluye un exhorto para que el gobierno de Guerrero aclare y proporcione la documentación que acredite “el ejercicio y aplicación” de casi 70 millones de pesos del fondo
Por ello, el órgano fiscalizador emitió 20 observaciones que generaron tres recomendaciones; una solicitud de aclaración y 17 promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Este pliego fue remitido a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental estatal mediante el oficio A1/332/2015 fechado el 27 de noviembre de 2015 para que se investigue y sancione los actos u omisiones de los servidores públicos que administraron de forma irregular los recursos del FASP.
No obstante, a la fecha se desconoce el estado que guarda la investigación ordenada por la ASF a la administración del gobernador priista Héctor Astudillo Flores, quien públicamente ha declarado que las auditorías del periodo de sus antecesores no son su prioridad.
Los recursos del fondo durante la administración de Aguirre y Ortega se destinaron principalmente a la Fiscalía General estatal con 79 millones 590 mil 800 pesos y más de 39 millones a la Secretaría de Seguridad Pública.
En tanto que el Tribunal Superior de Justicia recibió 12 millones de pesos y dos millones para el Centro Estatal de Acreditación de Control y Confianza.
Armamento incompleto
Entre las irregularidades detectadas en el ejercicio del gasto de los recursos del fondo federal destaca una compra de armamento a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde el gobierno de Guerrero destinó 11 millones 689 mil 300 pesos pero el auditor solo constató equipo bélico correspondiente a dos millones 777 mil 400 pesos.
La revisión documental de las partidas genéricas denominadas “Materiales de seguridad” y “Equipo de defensa y Seguridad”, constató dos pagos a la Sedena, uno por un millón 868 mil 400 pesos y el otro de nueve millones 820 mil 900 pesos respectivamente por concepto de adquisición de armas, municiones y cargadores.
No obstante, indica la ASF, la entidad recibió una tercera parte de las armas pactadas y se detectó que las autoridades estatales “no cuentan con documentación comprobatoria” del gasto por ocho millones 911 mil pesos que presuntamente recibió el Ejército.
“Lo anterior impacta de manera negativa en el equipamiento del personal de seguridad pública”, señala el informe de la auditoría.
En la partida “Vehículos y equipo terrestre” se ejerció un millón 598 mil pesos para la compra de una camioneta blindada destinada para el uso del titular de la SSP en turno donde solo el monto del blindaje costó 854 mil 900 pesos.
Este concepto no fue autorizado en los lineamientos del fondo pero además la auditoría constató que los recursos públicos se ejercieron mediante un contrato por invitación a una empresa privada y las autoridades no acreditaron legalmente la adjudicación.
Contratos millonarios sin licitación
En el programa de Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS), se informó sobre la adquisición de un software interceptor de comunicación mediante un contrato por adjudicación directa a otra empresa particular que recibió un pago de 17.5 millones de pesos.
La ASF determinó en este caso que el gobierno estatal no fundó y motivó la excepción a la licitación pública nacional por lo que no se acreditó que la adjudicación se realizó bajo criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que garantizaran las mejores condiciones para el estado.
En el concepto de red nacional de telecomunicaciones se observó un pago a otra empresa por 2.5 millones de pesos por concepto de anticipo de un contrato de cinco millones para la adquisición de una póliza de mantenimiento denominada “Puesta a nivel de la Red Tetrapol”, que se firmó el 20 de febrero de 2015 y que estableció como plazo para la prestación de los servicios tres meses contados a partir de la firma del contrato.
No obstante, las autoridades estatales no acreditaron legalmente la prestación del supuesto servicio y se concluyó que los recursos fueron destinados para fines distintos a los objetivos del FASP.
En cuanto a la revisión de la documentación comprobatoria de gasto de la partida “Vestuarios y Uniformes” se constató que se ejerció un monto de 28 millones 916 mil 300 pesos para la adquisición de uniformes, calzado, fornituras, insignias y sectores para la Policía Preventiva Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, y uniformes y botas tipo SWAT para la Policía Ministerial y personal de servicios periciales de la Fiscalía.
Sin embargo, esta millonaria compra benefició a empresas particulares porque se realizó por adjudicación directa en lugar de licitación pública.
En el programa de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública se informó sobre una erogación de más de 22 millones de pesos a particulares que ofrecieron servicios de “Capacitación” pero no se aportó documentación para acreditar el gasto.
Incluso, el gobierno de Guerrero justificó dos millones de pesos del rubro destinado para capacitación con la compra de artículos de papelería y oficina, combustible y consumo de alimentos en restaurantes de funcionarios sin que pudieran acreditar 20 mil pesos, a pesar de que estos conceptos no están autorizados por los lineamientos del fondo.
También las autoridades estatales reportaron un gasto de 27 mil pesos por un curso “fantasma” dirigido a policías municipales que no fue validado por la Dirección General de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y no existe evidencia como plan de trabajo, listas de asistencia, evaluaciones realizadas y constancias de participantes para confirmar la impartición del taller.
Sobre el programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza se detectó que en 2015, el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública reportó un gasto de más de tres millones de pesos para beneficiar a cinco empresas que supuestamente realizaron evaluaciones integrales, poligráficas y psicológicas a elementos de las instituciones de Seguridad Pública en la entidad.
La auditoría determinó que en este caso no se presentaron los expedientes del procedimiento legal de adjudicación directa para justificar la excepción de la licitación pública.
En este contexto de irregularidades, la ASF consideró que las metas que las autoridades estatales reportaron como alcanzadas “son incongruentes” comparadas con la aplicación de los recursos del fondo.
Fuente: Apro
