Los operativos de Washington para introducir armas a México, con el propósito de desmantelar a las organizaciones encargadas de traficarlas, eran del conocimiento y tenían la colaboración de la administración calderonista. No obstante, los fusiles siempre acababan en manos de la delincuencia organizada mexicana, sin afectar sus redes de trasiego. Una investigación en Estados Unidos apunta a la complicidad de varios altos funcionarios del sexenio pasado en esa actividad ilícita –dos de ellos ahora son ministros de la Corte: Eduardo Medina Mora y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena–, de modo que no es posible creer que Felipe Calderón desconociera los hechos.
Por Jorge Carrasco Araiza/ Proceso
Detrás de sus críticas a Estados Unidos por la liberación de la venta de armas largas, la administración de Felipe Calderón concertó con la de Barack Obama la introducción ilegal de ese arsenal a México, destinado a la delincuencia organizada.
El gabinete de seguridad nacional estuvo enterado y hasta participó en operaciones clandestinas diseñadas en aquel país para introducir los cargamentos, en el marco de la “guerra al narcotráfico” del entonces presidente.
Conforme avanzan en el Congreso estadounidense las investigaciones del operativo ‘Rápido y Furioso’ se acumulan las pruebas contra personajes del gobierno de Calderón.
El más señalado ha sido el flamante ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, procurador general de la República en el sexenio anterior.
Pero no es el único ex funcionario del sexenio pasado implicado. En la investigación especial del Congreso estadounidense también se alude a su ahora colega, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, antes titular del Servicio de Administración Tributaria- (SAT).
Los otros implicados son los ex titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar), de Seguridad Pública (SSP), de Relaciones Exteriores (SRE), así como el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y hasta personal de la Oficina de la Presidencia de la República.
La organización no gubernamental [Des]arma México, integrada por académicos y abogados, ha recuperado de esa investigación los documentos que implican a México.
A partir de ellos, el pasado 23 de septiembre presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que indague a las autoridades mexicanas que supieron y “posiblemente participaron” en distintos operativos del Gobierno estadounidense.
“Queremos que el Ministerio Público Federal investigue y dé los nombres de los funcionarios de primer nivel y operativos que integraron una red de relaciones con las diferentes agencias estadounidenses encargadas de los programas de seguridad bilateral”, dice en entrevista el denunciante y uno de los fundadores de [Des]arma México, Gonzalo Aguilar Zinser.
Dos meses después, el 28 de noviembre, esa organización ciudadana ofreció a la PGR pruebas, consistentes en documentos oficiales de Estados Unidos, para la identificación de los probables responsables de ese tráfico ilegal de armas que han sido utilizadas en distintos delitos en México.
Pero el Ministerio Público Federal mantiene congelada la investigación.
Hasta ahora el caso más conocido en el cual se han utilizado algunas de esas armas es la matanza de jóvenes y adolescentes en la colonia Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en enero de 2010, víctimas a quienes Calderón inicialmente señaló como delincuentes.
Otra arma de alto poder, un Barret calibre .50 que puede ser utilizado como misil antiaéreo, le fue incautado en 2009 al Cártel de los Beltrán Leyva cuando libraba una batalla con el Cártel de Sinaloa en el norte del país.
“Sabemos de hechos delictivos con algunas de esas armas en Oaxaca, San Luis Potosí y otras entidades del país, pero también está comprobado que varias de ellas fueron a parar a Colombia, Puerto Rico y tal vez a Chile e incluso Europa”, señala Aguilar Zinser.
Documentos
Uno de los documentos recuperados por [Des]arma México es un cable difundido por WikiLeaks que da cuenta de la reunión llamada Northern Border Conference, “diseñada a petición del lado mexicano” y que tuvo lugar entre el 22 y el 26 de septiembre de 2009 en Phoenix, Arizona.
Fue en la oficina regional de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en esa ciudad donde se pusieron en marcha al menos tres operativos de entrega “controlada y vigilada” de armas a México. El más conocido es Fast and Furious (Rápido y Furioso), pero éste fue la ampliación de las operaciones Wide Receiver and Gunrunner.
El cable fue elaborado por la embajada de Estados Unidos en México el 9 de octubre de 2009 y está dirigido a distintas oficinas en Washington, entre ellas los departamentos de Estado, de Justicia, de Seguridad Interna y del Tesoro, además del Comando Sur del Ejército estadounidense, con sede en Miami.
Señala que funcionarios de seguridad y justicia de los dos países se reunieron en la Northern Border Conference para ampliar la cooperación en el tráfico de armas mediante más intercambio de información sobre ventas, legislación y persecución de los traficantes.
Acordaron también crear subgrupos de trabajo “en un amplio rango de acciones”, sin precisar cuáles, así como un grupo interinstitucional dedicado a la inspección de armas de fuego y bases de datos de explotación minera.
Determinaron también trabajar con información de “casos existentes y actuales decomisos de armas” con el propósito de conectar los patrones de tráfico con los traficantes. Además, Estados Unidos ofreció explorar “creativas estrategias de persecución”. Incluso consideraron tener una base de datos única en la que se incluyera información de inteligencia policial.
Para entonces estaba por ponerse en marcha Rápido y Furioso, aunque los otros dos operativos de tráfico ilegal de armas planeados por Washington para dar con los grupos del narcotráfico en México ya tenían por lo menos cuatro años de funcionar; es decir, desde finales del gobierno de Vicente Fox.
El cable diplomático menciona a las oficinas que participaron en esa reunión, aunque se reservó los nombres de los funcionarios. Sólo se refiere a oficiales de la Sedena, la Semar, la PGR, la SSP, el SAT, el Cisen, la Oficina de la Presidencia de la República y la SRE. Señala que en el caso de la PGR estuvieron fiscales, peritos y agentes de inteligencia.
Los titulares entonces eran el general Guillermo Galván, de la Sedena; el almirante Francisco Saynez, de la Semar; Arturo Chávez, quien dos semanas antes había relevado a Medina Mora en la PGR; Genaro García Luna, de la SSP; Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, del SAT y ahora ministro de la Corte; Guillermo Valdés, del Cisen; Patricia Flores, de la Oficina de la Presidencia de la República; y Patricia Espinosa, de la SRE.
La delegación de Estados Unidos incluyó a representantes de la oficina del procurador general, la ATF, la de Protección de Fronteras y Aduanas, la Administración Antidrogas, la agregaduría de la Defensa, el Departamento de Justicia (DOJ), Inmigración y Aduanas, el FBI, la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas, la Agencia de Seguridad Nacional y el Departamento de Policía de Phoenix.
En el caso del DOJ estuvieron fiscales de Arizona, California, Colorado, Nuevo México, Texas y Utah, así como la división Criminal del Departamento de Justicia en Washington. Todos los funcionarios estadounidenses invitados estaban implicados en la persecución del tráfico de armas, tanto en funciones operativas como programáticas.
A petición de los funcionarios mexicanos, los estadounidenses los llevaron a una exposición de armas, a lugares de expedición de licencias para portar armas, al Departamento de Policía de Phoenix y a los cuarteles de la ATF. Sin embargo, se observó en el cable, los funcionarios mexicanos tenían “una inmensa confusión” sobre la legislación estatal y federal en la materia.
Los estadounidenses informaron a sus colegas mexicanos cómo detectan y siguen a los intermediarios que compran múltiples armas para otros o que permiten que su identidad sea utilizada por otros para la compra de armas, a través de bases de datos y del E-trace, un programa diseñado para rastrear la venta de armas hasta el último vendedor.
La PGR pidió cuentas de acceso para utilizar ese programa y la ATF de inmediato le dio cinco y prometió considerar más para el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia Organizada (Cenapi) de la PGR, dice el documento.
Para cuando tuvo lugar esa reunión, Medina Mora ya había salido de la PGR, pero tenía conocimiento al menos desde 2007 sobre las operaciones del tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México.
La entrega ‘perdida’
Otro de los documentos entregados por [Des]arma México a la PGR, y que forman parte de la investigación del Congreso titulada “Rápido y Furioso. Anatomía de una Operación Fallida”, es el referido como “caso número 785045-07”, fechado el 26 de septiembre de ese año, sobre el fracaso de una “entrega controlada” de 19 armas de alto poder.
Ese día, agentes de la ATF se comunicaron con autoridades mexicanas para que la Agencia Federal de Investigaciones (AFI, ya desaparecida), dependiente de la PGR, vigilara y siguiera a los traficantes una vez que cruzaran la frontera hasta el punto de entrega de las armas.
Pero los agentes de la AFI se comunicaron con sus colegas de la ATF 20 minutos después de que los traficantes pasaron a México, asegurando que los habían perdido de vista.
Otro documento, identificado en la investigación legislativa con el número 223, refiere la molestia de la ATF con México. Se trata de un correo electrónico de Carson W. Carroll, asistente del director en Washington de la ATF en la Oficina de Operaciones de Campo, dirigido a William J. Hoover, asistente del director de la ATF en la Oficina de Operaciones de Campo en Phoenix.
Carroll indica que entre las 8 de la noche del 27 de septiembre de 2007 y la una de la mañana del día siguiente, la ATF trabajó en estrecha coordinación con su oficina en Phoenix y oficinas del Gobierno de México, entre ellas el SAT, la PGR, el Cenapi y la AFI, en relación con las armas enviadas a territorio mexicano a través de la frontera de Nogales, Arizona.
Dice que tres traficantes, cuyos nombres están borrados en el documento, habían adquirido 19 armas en Phoenix entre el 21 y el 24 de septiembre y que el 27 la ATF se comunicó con México sobre esa posible “entrega controlada”.
Un agente especial siguió el vehículo de los traficantes hasta que cruzó la frontera con México, pero en la ATF “no tuvimos respuesta, sino hasta 20 minutos después por quien entonces nos informó que no habían visto el vehículo cruzar”.
Molesto, el funcionario de la ATF en Washington escribió: “¡Por primera vez estamos trabajando mano a mano con el Gobierno de México y les estamos dando lo que quiere, y esto es lo que obtenemos!”.
Añade: “Me gustaría reportar esto al Gobierno mexicano en la próxima reunión bilateral de alto nivel”. Por último advirtió: “Estamos obteniendo los nombres de esos supervisores mexicanos que estuvieron en el lugar y vamos a tener una reunión en México con varios diferentes jefes de agencias que participaron en esta operación conjunta internacional”.
Al día siguiente Carroll envió otro correo electrónico. Esa vez a Robert R. Champion, agente especial a cargo de la ATF en Houston, Texas, en el cual le pregunta si había escuchado de la pérdida de las armas por parte de la AFI.
El mismo día en que la AFI dio por perdidas las armas, Calderón se quejaba de que el tráfico de armamento a México estaba matando a docenas de policías, reiterando su discurso del 20 de mayo de 2010 en el Congreso de Estados Unidos, donde pidió frenar ese trasiego, en momentos en los cuales su gobierno participaba en las operaciones clandestinas estadounidenses.
Con todo y la pérdida de las armas por parte de la AFI, la ATF de Phoenix pidió permiso a sus oficinas centrales en Washington para extender el programa.
De acuerdo con [Des]arma México, en noviembre de 2009 se “dejaron pasar” las primeras de Rápido y Furioso, aunque el operativo se inició formalmente en enero de 2010 y comprendió la entrega de más de 2 mil armas a traficantes que las dieron a la delincuencia organizada en México.
El programa terminó un año después, en enero de 2011, cuando se confirmó que el agente de la patrulla fronteriza Brian Terry fue asesinado con una de aquéllas.
Mucho antes, la Sedena confirmó que esas armas estaban siendo utilizadas en la “guerra contra el narcotráfico” del sexenio pasado.
La cadena de televisión estadounidense Univisión dio a conocer, en septiembre de 2012, que desde marzo de 2010 al menos tres de las armas de Rápido y Furioso habían sido utilizadas en la matanza de Salvárcar, ocurrida el mismo mes en que se inició formalmente esa operación secreta.
Fuente: Proceso
