Lejos de pacificar al país, lo ensangrentó. En vez de cohesionar a las fuerzas federales que enfrentan la potencia de fuego y el poder corruptor de la delincuencia organizada, Felipe Calderón dividió al Ejército y a las corporaciones policiacas, además de confrontar al Poder Judicial para mantener impunes a sus incondicionales y hundir a quienes consideraba sus adversarios. Al seguir el hilo de la fabricación del caso del general Ángeles Dauahare, se recorre toda esta trama de ilegalidades en que el expresidente basó su guerra contra el narco.
Por Jorge Carrasco Araizaga/ Proceso
Apenas ocurrió el cambio de poderes se empezó a evidenciar de manera oficial que la violación al debido proceso fue una constante en el gobierno de Felipe Calderón. Horas antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación liberara a la ciudadana francesa Florence Cassez, se empezó a derrumbar otro de los grandes “éxitos” del sexenio pasado: La detención del general de división en retiro Tomás Ángeles Dauahare, el militar de más alto rango acusado dentro de la “guerra al narcotráfico” del expresidente.
A la Procuraduría General de la República (PGR) de Jesús Murillo Karam le resultará difícil sostener las acusaciones de delincuencia organizada fincadas por su antecesora Marisela Morales con el apoyo del entonces subprocurador Cuitláhuac Salinas y el teniente coronel de infantería y ahora coronel Avigaí Vargas Tirado, uno de los enclaves que tuvo el Ejército en la PGR durante el gobierno de Calderón.
Por sus servicios en la PGR, donde ha hecho parte de su carrera de servidor público, sobre todo en el sexenio pasado, Calderón ascendió a Vargas Tirado al grado de coronel del Ejército en la promoción de ascensos en las Fuerzas Armadas el pasado 20 de noviembre, 10 días antes de que acabara su gobierno.
Requerida judicialmente por el abogado defensor del divisionario, Ricardo Sánchez Reyes Retana, la PGR aseguró que no tenía manera de comprobar que el general retirado fue protector del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, cargo por el que el gobierno de Calderón le enderezó la acusación de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.
En un escrito entregado al juez Tercero de Distrito en Procesos Federales con sede en el penal del Altiplano, en Toluca, Estado de México, Raúl Valerio Ramírez, la PGR le respondió al abogado que las declaraciones de los “testigos protegidos colaboradores” no están corroboradas de manera convincente, salvo el hecho de que el encausado fue servidor público de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Con el número de oficio DGCPPAMDO/707/2013, difundido inicialmente por el periódico Reforma el martes 22 de enero, la PGR aludió a los dichos de los testigos identificados con las claves Jennifer y Mateo, quienes acusaron de oídas a Tomás Ángeles de aprovechar sus distintos cargos de jefe militar para proteger a los Beltrán Leyva.
El abogado Roberto López Nájera, Jennifer, y Sergio Villarreal Barragán El Grande, quien se convirtió en colaborador de la PGR con el alias de Mateo, inculparon al general en retiro sin que la dependencia a cargo de Marisela Morales corroborara sus acusaciones, además de que sus declaraciones ministeriales fueron desvirtuadas por el Ministerio Público federal en la averiguación previa para involucrar aún más a Ángeles Dauahare.
El deslinde la PGR sólo favorece al divisionario, quien en 2006 estuvo entre los considerados a ser secretario de la Defensa Nacional con el propio Calderón, pero terminó siendo subsecretario en los dos primeros años de ese gobierno. El juez dio vista a los otros militares acusados para adherirse o no a ese reconocimiento de la PGR.
Denuncia anónima
Desacreditados los dichos de los testigos por la propia PGR, se debilita también la denuncia anónima del 17 de marzo de 2010, que supuestamente se hizo vía telefónica a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy SEIDO). Según esa “prueba” que quiso hacer valer la PGR en tiempos de Calderón, militares con grados de generales y mayores colaboraban con la organización de los Beltrán Leyva para realizar actividades de narcotráfico.
Esa fue la justificación de la PGR para actuar contra los generales Tomás Ángeles, Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez, el mayor Iván Reyna Muñoz y el teniente Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto.
La propia procuradora Morales tuvo que desechar públicamente otra denuncia anónima en la que se acusaba a Ángeles de haber facilitado el narcomenudeo cuando fue director del Colegio Militar, entre 2000 y 2002.
Además en esa denuncia lo acusaban de haber apoyado el extinto jefe del Cártel de Juárez, Amado Carrillo, cuando fue secretario particular del secretario de la Defensa, Enrique Cervantes Aguirre, durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Esa supuesta denuncia estaba fechada el 17 de mayo, un día después de la detención del divisionario.
Otra pieza que se desacomodó en el juego de la PGR fue la declaración ministerial del 15 de agosto de 2012 de Édgar Valdés Villarreal, La Barbie, quien negó conocer y haberse reunido con el exsubsecretario de la Defensa Nacional, como lo dijo Jeniffer, mientras que Mateo no pudo corroborar las fechas en que supuestamente se reunió y entregó dinero al acusado.
Con el caso del general Ángeles derrumbándose en la PGR, el jueves 17 de enero el abogado Ricardo Sánchez solicitó al juez “el cierre de instrucción” a pesar de que el 6 de enero el propio juez Tercero de Distrito en Materia Penal, en Toluca, le había dictado auto de formal prisión junto a los coacusados, un hecho sin precedente en la historia reciente del Ejército.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1891, ya en circulación)
