El Senado votará este martes la reforma que endurece las sanciones contra quienes acudan a empresas fantasma y a la venta y uso de facturas falsas, para simular operaciones para evadir al fisco, al equiparar ese ilícito dentro de la delincuencia organizada y considerarlo como un delito de seguridad nacional, ya que atenta contra la estabilidad financiera del país.
El dictamen, aprobado sólo por senadores de Morena y sus aliados, establece que en general la defraudación fiscal y la defraudación equiparable se consideren delincuencia organizada, por lo que tendrán prisión preventiva oficiosa quienes estén acusados de ese ilícito.
Los grupos de PRI, PAN, MC y PRD están en contra de ello, ya que consideran muy grave que a todos los contribuyentes se les considere como delincuentes y se pongan en marcha disposiciones que atenten contra los derechos humanos. Se prevé, por ello, una fuerte discusión, ya que los integrantes del llamado bloque de contención, van a proponer modificaciones a gran parte del articulado de esa reforma.
Equivalencia en el PIB: 2.8%
Las modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, el Código Fiscal de la Federación, Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, se detalla en el dictamen, tomaron en cuenta las opiniones de autoridades en la materia, del Consejo Coordinador Empresarial y la Asociación Nacional de Bancos.
Se pretende acabar con el delito de defraudación fiscal, equivalente a 2.8 por ciento del producto interno bruto (PIB), se señala en el dictamen. Agrega que en diciembre de 2015 el Sistema de Administración Tributaria (SAT) publicó una lista de mil 31 contribuyentes que realizaron operaciones inexistentes, valuadas en 442 mil 954 millones de pesos y estaban vinculadas con 63 mil sociedades mercantiles.
Las penas para quien por sí o por interpósita persona expida, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, será de cinco a ocho años de prisión. Las mismas sanciones al que publique a través de cualquier medio anuncios para la adquisición o enajenación de esas facturas falsas, y cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a 10 años para desempeñar cargos públicos.
Damián Zepeda y Manuel Añorve, senadores del PAN, y Miguel Ángel Mancera, coordinador perredista, resaltaron que el dictamen debe ser modificado porque pone en riesgo a todos los contribuyentes, ya que es terrorismo fiscal.
Resaltó que el dictamen tiene partes muy delicadas; en esos términos no lo podemos respaldar. Todos estamos en favor de acabar con ese ilícito, pero no como lo plantea Morena, con una propuesta que no lo va a solucionar, pero le da al Estado muchas herramientas de persecución.
No porque a alguien se le acuse de un delito grave, significa que deba pasar todo el proceso en prisión, como lo están planteando. No significa que sea culpable, pero lo van a encarcelar de todas formas, agregó el panista. Hizo notar que es una aberración jurídica considerar la defraudación fiscal como delito de seguridad nacional.
Los delitos de seguridad nacional son terrorismo, secuestro de aeronaves, sedición, motín, traición a la patria; no cabe ahí la defraudación fiscal. Me parece que habría otros delitos muchísimo más graves para ocupar este catálogo”, recalcó el senador Mancera.
Dijo que está totalmente de acuerdo en que se combata a las empresas fantasma y los factureros, pero no que se incluya toda la defraudación fiscal en la delincuencia organizada, porque cualquier contribuyente podría caer en ese supuesto, y lo que se busca es a quienes utilicen facturas falsas para evitar el pago de impuestos.
Fuente: La Jornada
