Por Raúl Zibechi
La debacle ética siempre antecede a la material. Aunque no existe una relación mecánica entre ambas, la primera es condición de la segunda. Para las personas de izquierda la experiencia histórica podría servir de referencia e inspiración, pero sobre todo como impulso hacia la coherencia más allá de las conveniencias del momento, que de eso trata la ética.
Algo deberíamos haber aprendido de la dramática experiencia del socialismo real. Quienes nos opusimos en la calle a la invasión de Vietnam a menudo guardamos silencio ante la invasión a Checoeslovaquia, por la sencilla razón de que el antimperialismo (estadunidense) nos impedía cuestionar al expansionismo soviético porque lo consideramos (erróneamente) enemigo de aquél. Terrible lógica que tuvo trágicas consecuencias.
¿Cuántos de los que denunciaron vivamente los campos de exterminio nazis hicieron lo mismo ante los juicios de Moscú y la represión estalinista? Apenas un puñado, acusados de agentes del enemigo cuando en realidad eran troskistas y anarquistas, o comunistas disidentes, chivos expiatorios de una geopolítica del poder dispuesta a sacrificar la ética en el altar de las conveniencias del momento.
La justificación ideológica de las deserciones de la ética son las peores consejeras, porque ensucian las ideas que dicen defender. A tal punto que conceptos nobles como comunismo o dictadura del proletariado dejaron de imantar la energía y la imaginación de los oprimidos y las oprimidas del mundo. Por regla, suelen hacerse concesiones de principios (como se decía antes cuando no nos atrevíamos a pronunciar el vocablo ética) en aras de supuestas ventajas tácticas.
Algo similar está sucediendo en relación a iniciativas de los gobiernos progresistas. El domingo 1º de septiembre Página 12 publicó un artículo titulado Fracking, en el que defiende la fractura hidráulica porque oponerse sería tanto como sintonizar con la oposición derechista. Acusa a los que se oponen a esa técnica de ser ecologistas, a los que define como reaccionarios que antes se opusieron a la megaminería, a los transgénicos y los agroquímicos.
El articulista, en un medio que supo ser crítico del poder neoliberal, señala que se trata de un pensamiento regresivo y asegura que “aún no aparecieron argumentos convincentes contra los supuestos efectos contaminantes del fracking”. Va más lejos y postula que “no hay razones para pensar que el fracking será más riesgoso que otras actividades extractivas”.
Luego de despotricar contra los críticos, el articulista detalla la trascendencia de las conveniencias del momento, ya que las reservas no convencionales en el sur argentino serían 67 veces las actuales reservas de gas y 11 veces las de petróleo. La magnitud de esta riqueza parece inconmensurable desde la perspectiva actual y tras la reaparición del déficit energético externo. Ese déficit apareció, por cierto, luego de la desastrosa política privatizadora de Carlos Menem en la década de 1990.
Sin embargo, Menem privatizó las empresas estatales, entre ellas YPF que era superavitaria, con argumentos muy similares a los que se esgrimen ahora: miradas de corto plazo asentadas en la riqueza real que se va a obtener. Recordemos que fue el político más popular de la década de 1990, al punto que fue relecto con 49.9 por ciento de los votos en 1995 luego de haber regalado medio país a las multinacionales.
Menem se convirtió en cadáver político porque en cierto periodo, hacia fines de la década en la que gobernó, las conveniencias del momento empezaron a jugarle en contra. No fue capaz de asumir las consecuencias de sus decisiones y su prestigio fue enterrado por un ciclo de luchas iniciado en 1997 que tuvo su clímax en el levantamiento popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, que expulsó de la presidencia a su sucesor, Fernando de la Rua.
Con el fracking, la megaminería y los monocultivos de soya sucede algo similar. Durante 10 años y gracias a los altos precios de las commodities la economía parece funcionar y hay dinero para pagar políticas sociales que aplacan la pobreza sin realizar cambios estructurales. Pero, ¿pueden los defensores del modelo mirar a la cara a las Madres de Ituzaingó, que vieron morir a sus hijos por los efectos de los plaguicidas, y decirles que son víctimas de un pensamiento regresivo y reaccionario?
Las Madres de Ituzaingó, un barrio obrero de la periferia de Córdoba rodeado de campos de soya, recorrieron el suburbio puerta por puerta cuando empezaron a ver morir a sus hijos y descubrieron que los índices de cáncer son 41 veces superiores al promedio nacional. Durante años ningún organismo del Estado acogió sus denuncias. En Ituzaingó hay 300 enfermos de cáncer, nacen niños con malformaciones, 80 por ciento de ellos tienen agroquímicos en la sangre y 33 por ciento de las muertes son por tumores, dijo Sofía Gatica en un reciente encuentro contra la minería en Buenos Aires, finalizado el mismo día que en Página 12 se defendía el fracking.
Con los años, Gatica, en nombre de las madres, recibió el Premio Goldman, uno de los galardones más importantes del mundo para luchadores por el medio ambiente. Los soyeros fueron condenados, la justicia reconoció la contaminación y el gobierno tomó cartas en el asunto. Entre tanto, un inmenso dolor atraviesa a las madres del barrio y de muchos otros pueblos de la Argentina soyera. Las Madres de Ituzaingó no son ecologistas ni pertenecen a ningún partido de izquierda ni apoyan a la derecha ni están contra el gobierno. Es otra lógica, la de la dignidad.
Entre los progresistas de la región se ha impuesto una lógica perversa: medir las cosas según beneficien a la derecha o al gobierno. Ese fue el argumento de algunos politólogos ante las masivas manifestaciones de junio en Brasil. La única brújula para no perderse es la ética. Hoy sus agujas enfilan contra la megaminería y el extractivismo, sin importarles quiénes estén en el gobierno.
