La Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México, encargada de administrar el dinero destinado a paliar los efectos del sismo del pasado 19 de septiembre, se desmorona. El punto de quiebre fue la renuncia del comisionado y de dos subcomisionados, quienes acusan a la alianza PAN-PRD en la Asamblea Legislativa de manejar discrecionalmente los fondos que deberían darse a los damnificados del terremoto y que aparentemente se han canalizado, según diputados de oposición, a los procesos electorales en curso.
Gloria Leticia Díaz y Arely Villalobos/Proceso
La renuncia en cascada de integrantes de la Comisión de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México –por falta de claridad en la asignación de los recursos públicos para la atención de cientos de damnificados– puso al descubierto la alianza PRD-PAN en la Asamblea Legislativa para manejar discrecionalmente cuantiosos fondos que no han sido transparentados y que, para legisladores de la oposición, han tenido fines electoreros.
El escándalo se desató con la dimisión del titular de la Comisión, Ricardo Becerra, y de los subcomisionados Mauricio Merino y Katia D’Artigues, decisión a la que se sumó el investigador Fernando Tudela, ante la virtual concentración del poder para asignar los recursos de la reconstrucción por parte de los diputados perredistas Leonel Luna y Mauricio Toledo, así como del panista Jorge Romero.
Como una reacción a la situación que ponía en entredicho al gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera envió una iniciativa que pretendía enmendarle la plana a la Asamblea, para suprimir el control de los asambleístas sobre el manejo de los recursos relacionados con la reconstrucción de la ciudad y fondos adicionales para las delegaciones, que suman casi 14 mil millones de pesos.
En su colaboración del lunes 19 en El Universal, Merino dio cuenta de la desconexión entre las prioridades definidas por la Comisión –creada el 26 de octubre del año pasado– y el Presupuesto de Egresos 2018, que daba facultades sobre el destino de 7 mil 754 millones de pesos etiquetados para la reconstrucción a Luna y Romero, presidente y secretario de la Comisión de Gobierno, respectivamente, y a Toledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El texto de Merino revela la existencia de un documento fechado el pasado jueves 15, en el que se presuntamente se distribuían los casi 8 mil millones de pesos en 43 rubros.
“Lo que me parece más grave es que mientras la Comisión estaba en el trabajo de decidir prioridades como la seguridad de las personas, revisión de edificios, la creación de una ventanilla única… en fin, todo conforme el plan de reconstrucción, un grupo de tres diputados asignaran los fondos a distintas dependencias, sin que éstos coincidieran con las prioridades de la Comisión ni con el Plan de Reconstrucción dado a conocer el 12 de enero”, comenta D’Artigues en entrevista con Proceso.
La periodista cuenta que antes de que se desatara el escándalo mediático, en diversas reuniones entre los integrantes de la Comisión y el secretario de Finanzas de la Ciudad, Édgar Amador Zamora, persistía una “preocupación” por la falta de transparencia en el manejo de los recursos.
“Esto ya venía siendo una preocupación desde hace bastante tiempo en la Comisión; en reuniones con el secretario de Finanzas en repetidas ocasiones advertimos que no había datos y estamos hablando 8 mil 200 millones de pesos más 900 millones de pesos de las fotomultas, que se van a redirigir a la reconstrucción; es mucho dinero, no hay certeza de que vaya a haber un fondo único como lo manda la Ley para la Reconstrucción”, apunta.
(Fragmento del reportaje que se publica en la edición número 2156 de la revista Proceso, ya en circulación)
