Por Soledad Loaeza
Sobre la mesa de la discusión pública el PAN y el PRD han puesto un tema que se nos ha convertido en fetiche: una reforma electoral. Desde que consagramos la Lfoppe de 1977 como uno de los mojones del desmantelamiento de la hegemonía del PRI, hemos atribuido a este tipo de ordenamientos un poder mágico de transformación de la realidad. Tanto así que desde la ley de Reyes Heroles hasta ahora se han votado cinco códigos electorales diferentes, de los cuales casi cada uno ha registrado una larga lista de enmiendas. Y uno se pregunta si realmente todos esos cambios han sido necesarios, o si no se trata de una frivolidad de nuestros políticos, para quienes una reforma electoral sustituye trabajo legislativo sobre temas mucho más difíciles, como las famosas reformas estructurales.
Los más ingenuos –o idealistas– de nuestros políticos reverencian seriamente el fetiche, pero los más cínicos –que son muchos– ven en la fórmula reforma electoral algo menos que un recurso retórico, una salida fácil a su compromiso de trabajo. Desde su punto de vista el tema tiene todos los atractivos: primero, se presta a grandes negociaciones que justifican muchos desayunos, cenas, comidas y visitas a bares en las que nuestros políticos se reúnen para discutir los arreglos proyectados. Negociar una reforma electoral pone a prueba sus habilidades personales, la capacidad de articulación, de persuasión, el sentido del humor, porque los chistes nunca faltan, y les hace creer que son verdaderos estadistas. La enorme ventaja adicional que encuentran los políticos profesionales en una reforma electoral es que no demanda mucha preparación; los detalles técnicos quedan en manos de los asistentes. Los jefes, en cambio, se entregan a los grandes cálculos, a las especulaciones en torno a resultados imaginados que tal vez nunca se materialicen, pero aunque sirven como terapia ocupacional, son casi un juguete. Eso sí, muy caro.
A nuestros políticos les encantan las reformas electorales porque es un asunto que controlan ellos, que examinan y discuten entre ellos. Algo muy distinto a lo que ocurre con otras reformas, como la hacendaria o la de telecomunicaciones, que involucran a grupos de interés, a líderes empresariales con los que hay que negociar, a los que hay convencer o de los que los legisladores y los partidos querrán dejarse convencer. De todas formas, por más mansos que se muestren diputados y senadores frente a las demandas de los particulares, o de los representantes del Poder Ejecutivo, dirán que es mucho más agradable trabajar entre ellos mismos que tener que escuchar exigencias o solicitudes tercas que les roban el tiempo a sus desayunos, comidas, cenas y visitas al bar, en las que, por el bien de la patria, se hacen tan amigos aunque pertenezcan a partidos adversarios.
Las discusiones que se anuncian sobre la reforma electoral tienen muchos aspectos: pero en la mira está en primerísimo lugar el IFE, la corona de nuestra democracia que tanta irritación ha causado a las fuerzas políticas a lo largo de su breve historia, que no rebasa el cuarto de siglo. El instituto encargado de organizar y administrar los procesos electorales federales ha frenado en muchos casos los comportamientos atrabiliarios de los actores políticos, ha querido someterlos a las reglas que ellos mismos se dieron –pues finalmente el IFE es obra de los partidos–, y cuando las han violado, el instituto los ha sancionado (aunque habrá que admitir que no siempre lo ha hecho). Se creó como un órgano del Estado mexicano pero, lamentablemente, se ha convertido en un órgano de representación partidista que está sujeto al equilibrio de las fuerzas políticas, que no es de ninguna manera un dato permanente.
La propuesta del PAN y del PRD de sustituir el IFE por un instituto nacional electoral revela la incapacidad de las oposiciones de fortalecerse en los estados, y de resistir la presión de las estructuras locales de poder que, no obstante la democratización, se mantienen intactas. Los partidos de oposición pretenden compensar esta debilidad recentralizando la autoridad electoral, con el apoyo del poder federal. El propuesto INE podría hacer valer los derechos ciudadanos en el ámbito local, que ahora está firmemente controlado por los gobernadores, que han secuestrado a las autoridades electorales estatales.
La propuesta evoca la ley electoral de 1946, la primera legislación moderna en materia de comicios y partidos, uno de cuyos principales objetivos era precisamente centralizar la organización y la administración de las elecciones para poner fin a los abusos de gobernadores y presidentes municipales, que hasta entonces eran los responsables de esos procedimientos. El propósito de esa ley, entre otros muchos, era regularizar y estabilizar los comicios, pero sólo el gobierno federal, con todo el peso político del Poder Ejecutivo podía imponerse a los Gonzalo N. Santos de este mundo. Medio siglo después descentralizamos la responsabilidad electoral, porque creímos que era una de las condiciones de la democratización. Entonces regresaron los abusos de los poderosos locales y, ahora, para frenarlos recurrimos de nuevo al fetiche. Los políticos se frotan las manos con satisfacción y ya están pensando en los desayunos, las comidas, las cenas y los bares adonde se van a ir a jugar.
Fuente: La Jornada
