Por Jesús Antonio Camarillo
Al quedar tipificado el feminicidio, la pena adjudicada a quien prive de la vida a una mujer por razones de género, oscilará entre los 30 a los 60 años de prisión, aunado a la reparación integral del daño, explicitando la nueva figura delictiva una serie de circunstancias que entran en la noción de “razones de género”.
Al respecto, la tipificación del delito de feminicidio como ilícito con vida propia, no ha sido un proceso terso y lineal, antes bien, hace algunas décadas cuando en México se empezó a hablar de la necesidad de su inclusión en los códigos penales, la reticencia de las viejas guardias de la dogmática y la judicatura mexicana, no se hizo esperar. Esas posturas recurrían al gastado discurso de la presunta igualdad del derecho: las normas jurídicas, decían, no tienen género. Así, montadas en la endeble ideología de la supuesta neutralidad del derecho, calificaban de injusto y hasta de anticonstitucional cualquier intento de construcción de un tipo penal con “dedicatoria a un género”.
Ciegas ante la realidad de que los contenidos del derecho históricamente parten de una desigualdad material que tiene muchas aristas, la perspectiva conservadora pasaba por alto que el derecho penal no puede seguir con la venda en los ojos a la hora de reconocer las diferencias insertadas en la compleja trama social.
Así, en el tema que nos ocupa, el sesgo discriminatorio no irrumpe, como llegó a pensarlo la vieja guardia, porque el derecho represivo distinga entre un “homicidio” y un “feminicidio”, sino más bien, la discriminación está ahí porque el derecho, de origen, está construido en buena medida bajo criterios que manifiestan exclusión y dominio de ciertos grupos sobre otros. Por esa y otras razones, las teorías feministas manifiestan que los ordenamientos jurídicos responden a un cúmulo de intereses y valores masculinos, anclados en estructuras propias de una sociedad patriarcal y sexista.
Pero además, la inclusión del tipo penal del feminicidio es pertinente por toda la carga simbólica que trae consigo. Criminalizar, con altas penalidades, específicamente el acto de la violencia más extrema ejercida contra la mujer, implica, cuando menos, la manifestación de la reprobación e intolerancia social hacia la barbarie, en un ámbito que hace hincapié no en la inserción del feminicidio como un delito derivado de una mera disputa interpersonal sino como un ilícito sumamente complejo, en el que las relaciones asimétricas de poder parecieran saltar a la vista.
Asimismo, el hecho de que un segmento del orden jurídico, como la rama penal, caracterizada por su carácter estático y hermético, se abra a una realidad que lacera a nuestra entidad, no es una cuestión menor; sin embargo, se debe tener presente que la mera introducción de tipos penales, por más que cumplan con las expectativas de plausibles movimientos sociales, no es suficiente para atajar un problemática que requiere ser confrontada por todo un complejo de políticas públicas que es imposible que se deriven de una modificación legislativa, por más oportuna o tardía –como es el caso de Chihuahua- que sea su implementación.
De cualquier forma, el cambio en la legislación es un avance que recoge las legítimas exigencias de grupos sociales que con su activismo despiertan de su letargo a las autoridades chihuahuenses. Esas demandas sociales son valiosas y a ellas les debemos muchos de los cambios políticos y legales. Precisamente por ello, tendríamos que separarlas del riesgo demagógico típico de los operadores formales que frecuentemente intentan reducir la importancia de esas exigencias mediante la utilización de un cambio normativo, por más significativo que sea.
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