Mientras no se esclarezcan los miles de homicidios violentos y de desapariciones de personas en México, y los responsables sean llevados ante la justicia, el Estado mexicano “se encuentra en calidad de deudor del derecho a la verdad con las víctimas y sus familias”.
Así lo consideró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en ocasión del Día Internacional del Derecho a la Verdad, que se celebra este 24 de marzo.
En un comunicado, el organismo hizo un llamado a los gobiernos federal y estatales y a la sociedad en general “para conjuntar esfuerzos y coadyuvar en la construcción social de las bases del derecho a la verdad en nuestro país, como una de las herramientas para resolver los retos que la actualidad nos presente en forma de impunidad para los perpetradores y de sufrimiento para las víctimas”.
Cada uno de esos casos, añadió, merece ser abordado no sólo desde la perspectiva del nuevo sistema de justicia penal que impulsa el esclarecimiento de los hechos, como base del derecho a la verdad, sino con visión de derechos humanos y una necesaria y sistematizada documentación, proclive a la reparación integral del daño y al trato digno y restaurativo para todas las víctimas.
De acuerdo con la CNDH, una de las directrices invariables que se observa en las diversas recomendaciones que ha emitido y en las investigaciones complejas que lleva a cabo sobre varios casos, algunos de ellos calificados como de violaciones graves a derechos humanos, es el derecho a la verdad, que sólo puede ser resultado de un trabajo exigente, documentado y disciplinado.
“El derecho a la verdad es una de las condiciones para la justicia y la reparación del daño, con lo cual pueden generarse políticas públicas y presupuestales para garantizar la no repetición de hechos idénticos o similares”, subrayó.
Respecto de las miles de desapariciones referidas por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas a octubre de 2016, apuntó, un imperativo para el Estado mexicano y una urgencia para las familias afectadas es garantizar su pronta ubicación y sanción a los responsables.
Asimismo, agregó, debe abordarse con método la documentación de lo sucedido, no sólo para los fines criminológicos y las prevenciones criminogénicas, sino también para generar una sinergia de construcción colectiva de lo sucedido a esas personas, como parte del derecho a la verdad, tanto caso por caso como a la afectación regional e incluso nacional que padecen amplias franjas de los habitantes del país, además de las personas en contexto de migración.
De esta manera, el derecho a la verdad no atañe únicamente a saber qué pasó en una tragedia individual, sino lo que ha afectado el pasado reciente, el presente y el futuro inmediato, recalcó.
Mencionó que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, porque un día como éste de 1980, el arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero fue asesinado, iniciando con ello un proceso catalizador en favor de los derechos de los oprimidos y del derecho a la verdad, relacionado con graves violaciones a los derechos humanos.
“Con ese magnicidio terminaba una vida ejemplar y comenzaban diversos procesos no sólo de justicia que determinarían la verdad sobre la mano asesina, miembros de la Guardia Nacional de El Salvador, sino de distintos procesos relacionados con la verdad, sobre graves atrocidades en diversas regiones de América Latina”, destacó.
A 37 años del homicidio y a siete años de su institución como efeméride en favor del derecho a la verdad, la fecha brinda la oportunidad de reflexionar sobre ese derecho, en el contexto de graves violaciones a derechos humanos sobre la violencia creciente en diversas regiones en el mundo y el territorio nacional, remató.
Fuente: Apro
