El Estado es el principal agresor de periodistas: es responsable de al menos 43% de los ataques a comunicadores, según se documenta en la exposición ¡No nos callarán! Las batallas por la libertad de expresión, inaugurada este viernes en el Museo de la Memoria y la Tolerancia, en el centro histórico.
Sólo en 2012 se reportaron 571 agresiones contra periodistas, de acuerdo con la organización Artículo 19. De este bloque, 264 fueron agresiones físicas o materiales, hay 12 casos de privación ilegal de la libertad, cinco desapariciones, 102 acciones legales, 38 detenciones ilegales, 85 denuncias de intimidación o presión, 102 amenazas, 30 asesinatos y 17 desplazamientos forzosos.
Y, paralelamente, en el marco del Día de la Libertad de Expresión en México (7 de junio), la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) informó que registró 151 agresiones —en todo el país— contra el derecho a la libertad de expresión en los primeros cinco meses de 2013. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CDHDF señala que las autoridades estuvieron involucradas en la comisión de la mayoría de las agresiones, al cometer 42 de ellas, frente a 11 de civiles y dos de grupos de delincuencia organizada.
Los estados en los que más agresiones se han detectado fueron Oaxaca (7), Guerrero (6), Guanajuato (6), Durango (5), Veracruz (5) y el Distrito Federal (5).
La documentación de los crímenes
Diversas organizaciones civiles nacionales e internacionales, en cooperación con medios de comunicación mexicanos, montaron la muestra ¡No nos callarán!, en la que se ilustra algunos casos de periodistas asesinados, desaparecidos y desplazados, pero también los esfuerzos y la resistencia para seguir investigando e informando, pese a las amenazas cotidianas que se han acrecentado en los último seis años.
Mientras que los funcionarios públicos son los responsables de 43% de las agresiones, la delincuencia organizada tiene 14% y un porcentaje igual los particulares, según un estudio de la organización internacional Artículo 19.
La muestra abre con dos emblemáticos cartones del caricaturista Abel Quezada, uno de ellos publicado el 3 de octubre de 1968, tras la matanza de Tlatelolco, y recorre las décadas subsecuentes hasta llegar al sexenio de Felipe Calderón, donde el alud de las agresiones colocó a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo y en donde el Estado no ha mostrado un compromiso firme para abatir la impunidad.
Durante la inauguración de la muestra —que permanecerá desde hoy hasta octubre próximo— Darío Ramírez, de Artículo 19, dijo que si bien la prensa mexicana es valiente, “estamos frente a una batalla que la estamos perdiendo”, es una batalla en donde hay grandes regiones del país donde el silencio y el miedo están hondamente asentados en las salas de redacción.
Es por ello, destacó, que está exposición busca informar de manera muy elocuente y profesional sobre la violencia que coloca a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo.
El retroceso
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal califica como grave los casos de nuevas legislaciones que criminalizan penalmente conductas como la injuria o la difamación en distintos medios de comunicación, incluido el Internet.
Ejemplo de ello es la propuesta de reforma al Código Penal de Nuevo León, que lesiona fuertemente la libertad de expresión al penar estas conductas.
La CDHDF considera que la protección de la reputación y el honor no deben estar protegidos por la legislación penal, sino por la civil.
Por esto, la CDHDF exhorta a las autoridades federales y locales a cumplir con el artículo 1 Constitucional, y que tomen las medidas necesarias —tanto legislativas como ejecutivas y judiciales— para garantizar las condiciones del ejercicio a la libertad de expresión y de prensa.
Fuente: Apro
