La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subrayó que el Estado mexicano está en calidad de deudor del derecho a la verdad con los familiares de más de 32 mil personas que permanecen reportadas en calidad de desaparecidas, así como de víctimas de homicidios violentos, quienes no han podido ejercer su derecho pleno de acceso a la justicia, ni conocer el paradero de sus allegados o su destino final, así como las causas de que esos hechos sucedieran.
En un comunicado con motivo del Día Internacional del Derecho a la Verdad en Relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, el organismo afirmó que dicha garantía no sólo comprende la reparación para las víctimas, sino que también es un instrumento con la misión de que las autoridades rindan cuentas, así como un mecanismo indispensable para eliminar los actos autoritarios, de corrupción y la impunidad.
Asimismo, la CNDH destacó que el derecho a la verdad sólo puede ser resultado de un trabajo riguroso, exigente, documentado y disciplinado, por lo cual ocupa un lugar primordial
en sus recomendaciones sobre diversos casos.
Revictimización en vez de ayuda
En este contexto, la institución lamentó que, además de los daños físicos y/o sicológicos sufridos por la violación a sus derechos humanos, muchas personas enfrentan revictimización institucional al acudir ante la autoridad ministerial para denunciar los hechos, al ser sometidas a interrogatorios y recibir trato insensible, además de que la investigación del delito no se realiza con diligencia, inmediatez y de manera exhaustiva, lo que provoca incertidumbre e impunidad.
El derecho a la verdad tiene un referente social, debido a que la sociedad aspira a conocer las causas de crímenes aberrantes, como ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, secuestros de menores de edad o tortura, por lo cual es necesario, como señala la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, promover la memoria de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y la justicia, enfatizó la CNDH.
Por todo lo anterior, el organismo público exigió a las autoridades de los tres niveles de gobierno, con recomendaciones parcialmente cumplidas, que asuman sus obligaciones para con las víctimas de violaciones a derechos humanos, con el fin de que se conozca la verdad, se sancione a los responsables, se les repare el daño y se establezcan las garantías de no repetición.
De acuerdo con estudios de organizaciones nacionales e internacionales, en México se vive actualmente una crisis de derechos humanos que se ha acentuado desde la declaración de la llamada guerra contra el narcotráfico
en 2006.
Entre los resultados de dicha estrategia de seguridad pública –calificada como fallida
por diversos colectivos civiles y especialistas– se encuentra la desaparición de al menos 30 mil personas, aunque hay cálculos de que la cifra real podría ser mucho mayor debido a que muchos familiares de víctimas no denuncian por miedo a sufrir represalias.
De igual forma se calcula que desde la entrada de militares a la realización de tareas de seguridad pública han ocurrido alrededor de 200 mil homicidios dolosos, además de una cantidad indeterminada de casos de tortura, detenciones arbitrarias y fabricación de culpables.
Fuente: La Jornada
