El 3 de septiembre pasado personal del XVI Regimiento de Caballería Motorizada del Ejército se vio implicado en la probable ejecución extrajudicial de 10 civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La madre de una de las víctimas presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que incluye un video y 23 fotografías. El material documenta la actuación de las tropas ante los civiles, que iban desarmados. Al parecer, la Sedena no aprendió la lección de Tlatlaya, comenta el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos. Y sentencia: “El Ejército está aplicando la ley de venganza; todo el que parezca delincuente, va a ser eliminado”.
Por Gloria Leticia Díaz/ Proceso
El 3 de septiembre pasado personal del XVI Regimiento de Caballería Motorizada del Ejército se vio implicado en la probable ejecución extrajudicial de 10 civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La madre de una de las víctimas presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que incluye un video y 23 fotografías.
El material documenta la actuación de las tropas ante los civiles, que iban desarmados. Al parecer, la Sedena no aprendió la lección de Tlatlaya, comenta el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos. Y sentencia: “El Ejército está aplicando la ley de venganza; todo el que parezca delincuente, va a ser eliminado”.
Las imágenes en video y las fotografías incluidas en una queja presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el miércoles 12 implican a personal de XVI Regimiento de Caballería Motorizada del Ejército en la probable ejecución extrajudicial de 10 civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 3 de septiembre.
La querella fue presentada por la madre de una de las personas asesinadas en los operativos castrenses el primer sábado de septiembre, entre ellas una mujer que viajaba con su familia y murió a causa de una bala perdida.
Representada por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), la demandante –quien pidió que su identidad se mantenga en reserva– es la única que insiste en su determinación de esclarecer la muerte de su hijo. El muchacho, asegura, fue ejecutado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Según el documento presentado ante la oficialía de partes de la CNDH, (folio 92413/2016), la señora expuso: “Mi hijo se había rendido a los militares. Tenía las manos levantadas y pedía que no le dispararan, pero lo mataron a bocajarro. Le destrozaron su cabeza; incluso quedó con medio cuerpo dentro de la camioneta (en la que viajaba).
“Yo no sé qué andaba haciendo mi hijo porque lo veía muy poco, pero si hizo algo malo, los militares debieron detenerlo y presentarlo ante las autoridades para que lo encarcelaran y pagara su culpa. Pero no: los militares lo mataron sin que pusiera resistencia.”
Un día después de la ejecución múltiple, según la copia del documento consultado por la reportera, “unas vecinas y familiares le informaron que en las redes sociales subieron un video donde se observa cómo un grupo de militares dispara sus armas en contra de una camioneta blanca y luego todos los ocupantes aparecen muertos en otras fotografías. Entre ellos se encontraba su hijo”.
El video, de apenas 12 segundos, permaneció en las redes sociales durante una semana. El Grupo de Coordinación Tamaulipas informó que “elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional abatieron a 10 integrantes de un grupo delincuencial que opera en el municipio de Nuevo Laredo, luego de haber sido agredidos en dos ocasiones en diferentes puntos”.
La Sedena admitió oficialmente que una mujer “que se desplazaba a bordo de su camioneta recibió el impacto de una bala perdida que le privó de la vida cuando recibía atención médica en un hospital de esta ciudad fronteriza”.
En el video se observa cuando dos vehículos militares persiguen y disparan a los tripulantes de una camioneta blanca placas BS9 6919. Cuando la alcanzaron, la embisten por el costado izquierdo sin dejar de disparar, mientras dos hombres desarmados salen corriendo por el otro lado. Las imágenes se detienen tras el paso de un tráiler blanco.
Los hechos ocurrieron el 3 de septiembre alrededor de mediodía en las inmediaciones del kilómetro 13 de la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, de sur a norte.
Fotos reveladoras
La querella presentada ante la CNDH contiene 23 fotografías, entre las
cuales se encuentran las de los dos hombres que salieron corriendo: uno está bocabajo y tiene ensangrentado el costado derecho y la cabeza destrozada, y aparece con un fusil en la mano derecha; el otro tiene el rostro desfigurado por un impacto de bala. También se incluyen las imágenes de otros cuatro cuyos rostros y cuerpos también están destrozados. Uno quedó en la parte trasera de la camioneta, en cuyo interior se ven rastros de masa encefálica; los asientos están manchados de sangre y las ventanillas hechas añicos.
Según las fotografías entregadas al organismo autónomo de derechos humanos, participaron al menos seis vehículos militares, entre éstos una camioneta doble cabina camuflada número 0916303 que se impactó sobre el costado izquierdo de la camioneta de los presuntos agresores.
Dos de las unidades tenían metralletas montadas en el techo. Uno de los vehículos quedó atravesado en el lado opuesto de la carretera, de norte a sur. También se observa a un numeroso contingente de soldados en el lugar de las ejecuciones.
El parte informativo de los militares, incluido en la queja, indica: A las 12:50 del sábado 3 de septiembre, mientras los tripulantes de vehículo militar número 0916303 realizaban un patrullaje por la zona el aeropuerto, fueron agredidos por los tripulantes de la camioneta blanca.
Los militares dicen que comenzaron a perseguirlos y que éstos presuntamente les dispararon y les lanzaron “artefactos metálicos denominados poncha llantas” mientras se enfilaban hacia la carretera Nuevo Laredo-Monterrey. El vehículo de la Sedena, consigna el reporte, recibió tres impactos de arma de fuego.
A la altura del kilómetro 13, continúa el reporte castrense, “viendo que no habían vehículos o personas ajenas a los hechos, personal militar procedió a repeler la agresión, la cual en ese momento era real, actual e inminente”.
A 20 metros antes del sitio en el que acabó la persecución, “se bajó de la camioneta uno de los agresores que vestía de playera azul, pantalón azul, chaleco antibalas, mismo que continuaba agrediendo con arma de fuego al personal militar neutralizando al agresor (sic)”.
Cuando el vehículo militar impactó la camioneta blanca, uno de los tripulantes, quien “vestía playera blanca, pantalón negro y chaleco táctico, salió por la parte trasera (medallón) de la camioneta cayendo al suelo. En ese momento se dejó de realizar disparos”, dice el relato.
Asimismo, describe a “otro de los agresores que vestía playera amarilla y pantalón negro”, quien salió del vehículo y corrió hacia un terreno a la orilla de la carretera y, tras posicionarse, presuntamente le disparó a los militares que lo perseguían. Ellos repelieron la agresión y lo neutralizaron.
También reporta cinco cuerpos sin vida que quedaron dentro de la camioneta Ford Expedition 2008, así como un arma corta calibre 40; siete armas largas 7.62; cargadores; 999 cartuchos 7.62 y uno calibre 40, un chaleco “del desierto” y siete negros, 12 placas para chalecos, siete portacargadores, una bota, dos pasamontañas, un par de rodilleras y un machete.
De acuerdo con el levantamiento de cuerpos, cinco de ellos quedaron dentro del vehículo, uno fuera en la parte de atrás, y dos más a 20 metros.
Los nombres de las víctimas son Edwin Cruz García, Ismael Coli Canela, Francisco Marcelino Ibarra Pantoja, Ángel Hernández Torres, Leonardo Rendón Aguilar, Fernando Alonso Hernández, Juan Pablo Herrera Jáquez y Ricardo René Pineda Gallegos.
Hubo una víctima colateral. Se trata de una mujer de 27 años que viajaba con sus hijos de dos y cinco años en un vehículo que conducía su padre. Ella recibió un impacto de bala en el pulmón y falleció al ingresar al hospital del IMSS.
El Grupo de Coordinación Tamaulipas también emitió un boletín, mediante el cual informó que un convoy de la Sedena que circulaba por la carretera nacional Nuevo Laredo-Monterrey fue atacado a las 13:30 horas “por civiles armados que se desplazaban en varios vehículos”.
Al repeler la agresión “en defensa de sus vidas”, las tropas “abatieron a ocho de los delincuentes”. Una hora después, los soldados “volvieron a ser atacados” a la altura de la carretera a Anáhuac, Nuevo León, mientras buscaban a los dos civiles que presuntamente se habían fugado. En ese momento los abatieron.
Reportes contradictorios
El reporte militar al que tuvo acceso este semanario no incluye los nombres de los dos ejecutados. El representante legal de la familia de una de las ocho víctimas tampoco tiene información.
Por el video difundido en las redes sociales, es probable que “estemos ante algo parecido al caso Tlatlaya. No hay duda de quiénes son los responsables; no se ve agresión de las víctimas (a los militares) y sin embargo todos terminan con la cabeza destrozada por disparo de arma de fuego, muy probablemente a corta distancia”, dice en entrevista Raymundo Ramos Vázquez, presidente del CDHNL.
Además, los partes informativos revelan que la Sedena no ha aprendido la lección de junio de 2014 en Tlatlaya, donde al menos 15 de 22 personas fueron ejecutadas arbitrariamente por militares.
Ramos añade: “Sin descartar un probable enfrentamiento, vemos que no se detiene a los presuntos delincuentes; más bien se cometen ejecuciones extrajudiciales y se rinde un parte informativo ajeno a la realidad. Lo más grave: ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni la de Tamaulipas abren carpetas de investigación por esas ejecuciones”.
Lamenta que, luego de conocerse el video, “ni la CNDH ni la PGR abrieron investigaciones de oficio, como era su obligación”. A ese documento gráfico hay que agregar “las imágenes de las personas con el rostro desfigurado, que no son lesiones que corresponden a un enfrentamiento o agresión. Eso lo podrá aclarar un perito en criminalística”.
El presidente Enrique Peña Nieto recibió una copia de la queja presentada ante la CNDH el miércoles 12. En ella, la denunciante exige “una investigación profunda, imparcial y pronta” sobre los hechos, más aún cuando durante unas dos horas integrantes del XVI Regimiento de Caballería Motorizada que participaron en los hechos resguardaron la escena.
Ramos puntualiza: “No sé si a los militares les den ascensos o bonos por abatir a presuntos delincuentes. Lo que sí sé es que no les importa la población civil. Eso lo vemos por la muerte lamentable de la señora (…) en esa carretera sumamente transitada”.
Por su experiencia en la documentación y denuncia de abusos cometidos por las Fuerzas Armadas –confirmada en recomendaciones de la CNDH–, insiste, “hay elementos para poner en duda los partes militares, porque (personal castrense) siempre se adueña de la escena; lo hemos evidenciado en otros casos.
“Pueden alterar la escena sembrando armas, poniéndoles chalecos a las personas, sembrando droga, sembrando la escena misma, y no hay ninguna autoridad que los frene.”
Destaca que los hechos ocurridos el 3 de septiembre no son muy distintos a los de otras 75 muertes a manos de elementos de las Fuerzas Armadas ocurridas en lo que va del año en Nuevo Laredo. Tenían “disparos en la cara o en la nuca –lo que se conoce como tiro de gracia–, sin que sepamos si son presuntos miembros de la delincuencia organizada o víctimas circunstanciales”.
Ramos resalta que no es el primer caso en torno al cual su organización documenta situaciones que implican a efectivos de la Sedena, de la Secretaría de Marina y de la Policía Federal (PF).
De marzo de 2009 a agosto de este año, el CDHNL registró 26 casos de presuntas ejecuciones arbitrarias, 14 relacionados con miembros del Ejército — en dos de estos últimos hubo recomendaciones de la CNDH. Diez de los casos fueron atribuidos a los marinos, con una recomendación del organismo nacional, y dos a la PF.
Sólo una de esas denuncias ha derivado en la consignación de una averiguación previa y en la detención de los presuntos responsables: la del joven Armando Humberto del Bosque Villarreal, quien fue detenido por marinos en agosto de 2013 y cuyo cuerpo apareció días después (Proceso 1921, 1928 y 2055).
“En 99 % de los casos, la PGR mantiene las denuncias en reserva o en integración. Eso desanima mucho a la población y es uno de los factores por los que no denuncian los abusos, además de que tienen terror a las Fuerzas Amadas”, apunta el entrevistado.
Las ejecuciones que dieron lugar a la presentación de la queja ante la CNDH el miércoles 12 fueron perpetradas tres semanas después de la desaparición de dos elementos del XVI Regimiento de Caballería Motorizada, uno de ellos Gabriel Boleaga Hernández, originario de Puebla.
De la segunda semana de agosto, cuando desaparecieron los dos militares, al miércoles 12, los soldados “abatieron” o “neutralizaron” a 33 personas y los marinos a otras cinco.
A partir de esos hechos, sostiene Ramos, ha tenido información de allanamientos en zonas donde presuntamente desaparecieron Boleaga Hernández y su compañero. Por la violencia desatada contra la población de Nuevo Laredo, advierte, “el Ejército está aplicando la ley de venganza; todo el que parezca delincuente, va a ser eliminado”.
Fuente: Proceso
