Documentos que de acuerdo con una organización de defensa de derechos humanos proceden del ejército mexicano indican que los soldados recibieron órdenes de “matar a criminales” antes de que ocurriera un enfrentamiento en que tropas mataron a presuntos criminales.
Los documentos dados a conocer por el centro Miguel Agustín Pro también dan indicios de que altos oficiales del ejército supieron pronto que había ocurrido algo malo tras el enfrentamiento. El ejército abrió una investigación penal el día de incidente y emitió un boletín de prensa diciendo que 22 presuntos criminales habían muerto a consecuencia del tiroteo.
La versión oficial se modificó a raíz de una investigación de The Associated Press en la que se ponía en duda que las personas hubieran muerto en un enfrentamiento. La Secretaria de la Defensa ha dicho desde entonces que los probables crímenes fueron obra de unos soldados y que no hay oficiales de alto nivel implicados.
Emiten 4 recomendaciones a un año de Tlatlaya
Cuatro recomendaciones sobre el caso Tlatlayafueron presentadas, a un año de los hechos, por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juárez en conferencia de prensa.
Durante la presentación de un informe sobre el caso, el Centro Prodh planteó la creación de unanueva comisión indagatoria para el caso Tlatlaya en la que participen especialistas institucionales, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e independientes.
Como otra propuesta el Centro de Derechos Humanos pidió que el Poder Judicial de la Federación resuelva a favor de la víctima y testigo conocido como “Julia” el juicio de amparo que interpuso para cuestionar la extensión de la jurisdicción castrense en el caso Tlatlaya.
Como parte de este punto, propuso que en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine la probable inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 37 del Código de Justicia Militar, y planteó la posibilidad de citar a militares a declarar en el fuero civil.
Adicionalmente en otro aspecto pidió garantizar el acceso de las víctimas sobrevivientes a la totalidad de las causas penales abiertas y pidió abrir al escrutinio social las versiones públicas de los expedientes por considerar que son graves violaciones a derechos humanos.
El Centro Prodh estableció como cuarta propuesta que se cumplan las medidas cautelares brindadas a la víctima Julia y sus familiares, por considerar que esas medidas no han sido cumplidas en su totalidad, y por considerar la situación
de riesgo.
Finalmente informo que una versión ampliada del informe fue enviado a Christoph Heyns, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitando que se ordene al Estado adoptar medidas adicionales para garantizar la vida y la integridad personal de la testigo Julia, de su familia y adicionalmente de sus representantes.
El Centro Prodh pidió a la CNDH que no dé por cumplida la recomendación emitida en el caso Tlatlaya hasta que no se aclare la discrepancia respecto del número de víctimas ejecutadas, y la emisión de medidas cautelares.
Fuente: AP/ El Universal
