Recién estrenado el nuevo gobierno ya sintió la presión del duopolio televisivo. El domingo 2, el presidente Enrique Peña Nieto acudió al Palacio Nacional para signar el Pacto por México. Entre los “compromisos” de su gobierno, el décimo causó expectativa: iniciar el proceso de licitación de dos cadenas de televisión abierta; planteaba, además, la obligación para la televisión abierta de “ofrecer de manera gratuita” sus señales a todos los operadores del servicio de paga. Esto último desató la cólera de los potentados del duopolio, quienes de inmediato ejercieron su poder para anular el punto. Tardaron menos de 24 horas en conseguir su objetivo
Jenaro Villamil/ Proceso
Cuando Enrique Peña Nieto concluyó la lectura de su “décima decisión presidencial” y ofreció que su gobierno “licitará dos cadenas de televisión abierta en los siguientes meses”, el presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, se levantó de su asiento.
Iba a marcharse del recinto del Palacio Nacional, en clara señal de disgusto. No obstante, Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa y su mano derecha, le sugirió que permaneciera sentado.
Curiosos, los empresarios ubicados en los lugares aledaños al asiento de los hombres que llevan las riendas de Televisa observaron la escena. Entre ellos, Bernardo Quintana, de Grupo ICA; Ricardo Salinas Pliego, de TV Azteca, y a unos cuantos asientos de distancia, Carlos Slim, el magnate de la telefonía mexicana (Telmex-Telcel) y adversario de Azcárraga Jean en el terreno del triple play.
La incomodidad se le notaba en el rostro al heredero del imperio fundado por Emilio Azcárraga Vidaurreta. A la salida del recinto, Azcárraga Jean comentó: “A ver quién le entra a lo de las cadenas de televisión abierta. El pastel de la publicidad ahí no crece. Es de sólo 2% o 3%. La banda ancha sí es el negocio”.
En el mismo compromiso décimo, Peña Nieto prometió “generar mayor competencia económica, particularmente en el sector de las telecomunicaciones. El objetivo es que todos los mexicanos tengamos acceso a productos y servicios de mayor calidad y a mejores precios”.
Y agregó que, por ello, en los próximos días enviará “una iniciativa para reconocer en la Constitución el derecho de acceso a la banda ancha y un conjunto de reformas para generar mayor competencia en telefonía, servicios de datos, televisión y radio”; es decir, el triple play.
Tras bambalinas, los operadores de Televisa y de TV Azteca presionaron a los negociadores del Pacto por México para que se modificara el texto del Compromiso 43, relativo a la competencia en radio y televisión.
Hasta la madrugada del domingo 2, el texto original contenía una frase que molestó a los dos potentados de la televisión en México, quienes controlan 95% de las señales de televisión y acaparan los contenidos tanto en señal abierta como en restringida.
El texto original comprometía a la televisión abierta a “ofrecer de manera gratuita” sus señales a todos los operadores de televisión de paga; es decir, que se aplicara la regla conocida como must offer. Esta obligación, existente en otras legislaciones internacionales de telecomunicaciones, afectaría el dominio de Televisa sobre los sistemas de televisión por cable (tiene más de 55% de los suscriptores a través de Cablevisión, Cablemás y TVI); de televisión satelital (Sky, cuya competencia más fuerte es Grupo Dish, de MVS), así como los planes de TV Azteca de ingresar al mercado de la televisión de paga.
Por medio de algunos legisladores del PRI y del Partido Verde, así como de asesores de Televisa, los dueños del duopolio presionaron para que en el texto del “Compromiso 43” se modificara la frase relativa a la gratuidad de las señales de televisión abierta. Así quedó la redacción final:
“Se licitarán más cadenas nacionales de televisión abierta, implantando reglas de operación consistentes con las mejores prácticas internacionales, tales como la obligación de los sistemas de cable de incluir de manera gratuita señales radio difundidas (must carry), así como la obligación de la televisión abierta de ofrecer de manera no discriminatoria y a precios competitivos (subrayado del reportero) sus señales a operadores de televisiones de paga (must offer), imponiendo límites a la concentración de mercados y a los concesionarios de varios medios masivos de comunicación que sirvan a un mismo mercado, para asegurar un incremento sustancial de la competencia en los mercados de radio y televisión.”
De esta manera, en menos de 24 horas el poder fáctico de las televisoras obligó a cambiar una frase sustancial que hubiera garantizado una competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones.
“Si dicho cambio se logró en unas horas, no hay que tener mucha imaginación para anticipar lo que podría lograrse después”, comentó el especialista Gabriel Sosa Plata.
“Se doblaron los negociadores”, afirmó la diputada federal del PRD, Purificación Carpinteyro, impulsora de una iniciativa para reformar la Ley Federal de Radio y Televisión, la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Derechos de Autor, cuyo objetivo principal es garantizar un must offer gratuito para todos los sistemas de televisión de paga.
“Yo no avalo el texto de ese compromiso. Seguiré empujando mi iniciativa de ley. El PRD seguirá pugnando por que la televisión abierta sea gratuita”, afirma Carpinteyro en entrevista con Proceso.
–¿Qué sucedió en esta negociación? –se le pregunta.
–Yo no participé directamente. No hubo consenso en esta parte, mientras tuvieron que aceptar lo de la licitación de las dos cadenas de televisión. Hacer que paguen por la señal de televisión abierta es un síntoma del poder que tienen las televisoras.
Otros sectores descontentos con la redacción final de este compromiso son la mayoría de los cableros que no pertenecen al “bloque Televisa”, formado por las empresas más grandes (Cablevisión, Cablemás, TVI y la sociedad con Megacable).
Entre ellos, la Asociación de Redes de Telecomunicaciones de México (ATRM), que agrupa a la mayoría de cableros que ha denunciado el dominio monopólico y las tarifas impuestas por Televisa y TV Azteca para ofrecer sus señales de televisión abierta a todas aquellas empresas de televisión por cable no dominadas por las filiales de Azcárraga Jean o por PCTV.
“La redacción implica una obligación con dedicatoria únicamente a los cableros y un derecho de cobrar sus servicios ‘a precios competitivos’ disfrazados de obligación”, afirma Salomón Padilla, vicepresidente y representante legal de ATRM.
La propia Comisión Federal de Competencia (CFC) ha respaldado la iniciativa de la diputada Carpinteyro. En un oficio enviado el lunes 3 a la legisladora del PRD, el presidente de este órgano desconcentrado, Eduardo Pérez Motta, advierte que “el cobro por la retransmisión de señales de televisión abierta por televisión restringida podría ser utilizado para desplazar o impedir indebidamente la entrada de operadores de televisión restringida, lo que podría generar ineficiencias en el mercado de televisión restringida.
“Por ello, el acceso gratuito de los medios de comunicación a las señales de televisión abierta contribuiría a eliminar los incentivos que tienen las empresas que manejan múltiples plataformas (que transmiten por televisión abierta y televisión restringida) a realizar prácticas anticompetitivas, lo que permitiría eliminar las ineficiencias que se generen con este tipo de conductas, en beneficio de los consumidores”, plantea en su parte medular el oficio de Pérez Motta enviado para comentar la iniciativa de ley impulsada por Carpinteyro.
Sólo promesas
Otras partes medulares del Pacto por México, firmado el domingo 2, prometen fortalecer las funciones de la CFC, organismo responsable de combatir las prácticas monopólicas; utilizar las bandas de los 700 MHz y de los 2.5 GHz para el acceso a la banda ancha en sitios públicos; “crear una instancia responsable de la agenda digital”, y regular “a cualquier operador dominante en telefonía y servicios de datos”, en clara referencia al dominio ejercido por empresas como Telmex y Telcel.
En el caso de la CFC, el pacto promete dotarla de “mayores herramientas legales mediante las reformas necesarias para determinar y sancionar posiciones dominantes de mercado en todos los sectores de la economía; en particular se le otorgará la facultad para la partición de monopolios. Se precisarán en la ley los tipos penales violatorios en materia de competencia y se garantizarán los medios para hacerlos efectivos. Asimismo, se acotarán los procedimientos para dar eficacia a la ley”.
Al preguntarle cuál es su postura respecto a este compromiso, Pérez Motta dice a este semanario que lo más importante no es agregarle facultades al organismo que encabeza, sino “cuidar las que ya tenemos por ley y que no se puedan erosionar a través de nuevas reformas”.
El presidente de la CFC no muestra mucho entusiasmo con este compromiso. Relata que en Estados Unidos sólo se ha utilizado tres veces en más de 100 años la facultad del organismo antimonopolios para partir empresas, como en el caso de AT&T.
“Esta facultad debe utilizarse en casos verdaderamente excepcionales. Es más importante preservar la facultad que tiene la comisión para incidir en los activos de las empresas monopólicas”, plantea.
Por su parte, en declaraciones a la agencia Bloomberg, Carlos Slim, presidente de Grupo Carso, afirmó en referencia indirecta a este tema:
“Necesitamos regulaciones que estimulen la inversión, que promuevan la cobertura y la competencia en todos los servicios. No necesitamos regulaciones que únicamente penalizan a las compañías por su tamaño.”
Entre los compromisos del Pacto por México no se aclara cuál será la posición del nuevo gobierno frente a la posibilidad del cambio de título de concesión de Telmex para que pueda ofrecer servicios de televisión restringida y competir en el mercado del triple play con Televisa y TV Azteca, sus adversarios frontales en este tema.
Por otro lado, el polémico tema de la banda de los 2.5 GHz, detentada en su mayoría por la empresa MVS, se distendió por ahora, luego del conflicto suscitado entre funcionarios del gobierno de Felipe Calderón y el consorcio encabezado por Joaquín Vargas.
En su primera conferencia de prensa, el nuevo titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, dejó abierta la posibilidad de un arreglo con MVS, al afirmar que la administración de Peña Nieto “podría dar marcha atrás al proceso de rescate de la banda de los 2.5 GHz del espectro radioeléctrico”.
Acerca del cambio de título de concesión de Telmex, Ruiz Esparza fue aún más vago. Afirmó que la SCT “estará abierta” a las distintas posibilidades y todo dependerá de la posición de la empresa.
Nuevas cadenas
En el único asunto donde han sido más claros Ruiz Esparza y el propio Peña Nieto en entrevistas de prensa es en el de la licitación de dos nuevas cadenas de televisión.
El titular de la SCT, quien formó parte del gabinete de Alfredo del Mazo en el Estado de México, reiteró que la licitación de las dos cadenas se efectuará en los próximos tres a cinco meses.
“Tenemos la instrucción de sacar en los próximos meses la licitación de las dos cadenas de televisión digital, lo que será un evento sumamente importante para el país. Estamos analizando las bases de la licitación”, abundó el funcionario.
Las bases de licitación están en manos de los integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). El proyecto fue impulsado desde principios de 2011 por el actual presidente de este organismo, Mony de Swaan, pero ha enfrentado múltiples obstáculos, así como diferencias con los otros cuatro comisionados.
Al autorizar la fusión de Televisa y Iusacell, la CFC puso como una de las seis condiciones que se licitaran dos nuevas cadenas de televisión digital. El plazo límite para conocer las bases de licitación se cumplió el 30 de noviembre pasado, y no se cumplieron.
Al preguntarle qué opina acerca de este tema, Pérez Motta comenta que la licitación de las dos nuevas cadenas de televisión digital “es un compromiso que aplaudo” y constituye “una muestra de que ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo se están haciendo bolas”.
–¿Tiene confianza en esta posibilidad a pesar de que se cumplió el plazo del 30 de noviembre y no estuvieron listas las bases de licitación?
–Mire, hay declaraciones del presidente Peña Nieto en este sentido y además hay un calendario que ya estableció el nuevo titular de la SCT. Eso garantiza que, al menos, en este tema hay un compromiso claro.
Fuente: proceso
