Por Luis Javier Valero Flores
Contra la extendida creencia gubernamental, las empresas mineras canadienses no son peritas en dulce. La confirmación de la extrema voracidad de estas empresas fue extendida, no por una antigubernamental o globalifóbica organización, de esas que en todos los foros mundiales despotrican (no sin razón) contra la creciente -y al parecer ineludible- monopolización de la vida económica en todo el orbe.
No, según un estudio de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, de la Secretaría de Gobernación, la pretensión de las empresas mineras canadienses asentadas en México es mantener intactos los enormes beneficios que obtienen con la extracción de metales preciosos, a través del otorgamiento de condiciones casi ideales para la explotación, sin atenuantes, de la riqueza mineral del país, y en éste, especialmente en Chihuahua.
Tales condiciones, diseñadas y aplicadas por los gobernantes mexicanos, casi cumplen 30 años, a través de cuatro presidentes, dos del PRI y dos del PAN, y llegan hasta el actual priista mexiquense, Enrique Peña Nieto.
Los privilegios son soñados, especialmente desde el punto de vista fiscal, a propósito de la gran discusión y no menor enojo de amplios sectores de las capas medias del país a causa de la aprobación de la reforma fiscal -la enésima- por el Congreso de la Unión.
Según ese estudio, las mineras canadienses deben pagar muy elevados impuestos en su país, dependiendo de las provincias en que se encuentren asentadas. Tales erogaciones en nada se parecen a las que pagan en México, y tampoco se pueden comparar con las nuevas tasas de impuestos que deberán pagar a partir del 1o. de enero del próximo año, un irrisorio 7.5% de sus utilidades.
Así, “la First Majestic Silver, de Canadá, asentada en la mina La Encantada –con 4 mil hectáreas de extensión–, en Coahuila, paga de impuesto 68 mil 160 pesos, mientras que su más reciente utilidad bruta anual fue de mil 464 millones 679 mil pesos. La Fortuna Silver Mines y la Continuum Resources, establecidas en el yacimiento San José, con una extensión de 30 mil hectáreas en Oaxaca, sólo pagan un impuesto de 4 millones 252 mil pesos por derecho de minería, mientras sus ganancias ascienden a 2 mil 124 millones de pesos al año”. (Nota de Roberto Garduño, La Jornada, 6/X/13).
Otras empresas citadas en el mencionado estudio no se encuentran lejos de los ejemplos anteriores: La Timmis Gold, asentada en Sonora, paga por el impuesto referido 809 mil pesos, y sus ganancias ascendieron a 2 mil 61 millones de pesos.
Igual sucede con la “Aurico Gold, que en la mina El Chanate, en Sonora, y en un área de 3 mil 665 hectáreas, produce ganancias brutas al año por 933 millones de pesos, y por derecho sobre minería paga 129 mil 154 pesos al año”; o la “Agnico-Eagle Mines, que en la mina Pinos Altos de Chihuahua, cuya extensión es de 56 mil hectáreas, obtiene ganancias por 5 mil 716 millones de pesos, y por dicho impuesto sólo paga 954 mil 240 pesos”.
Pero en Canadá, esta misma empresa, la Agnico-Eagle Mines, en la mina Lapa, en Quebec, sobre un área de 796 hectáreas, “obtiene una ganancia de 2 mil 203 millones, y como gravamen paga, tan sólo a esa provincia, 262 millones 260 mil pesos, y un impuesto a la minería sobre utilidades brutas de 352 millones 618 mil pesos”.
Esa empresa, en la mina La Ronde, de Quebec, sobre mil 828 hectáreas, obtiene utilidades brutas por 5 mil 63 millones de pesos. De esa cantidad, debe pagar 602 millones al gobierno de Quebec, y 810 millones 233 mil pesos por el impuesto a la minería sobre utilidades brutas.
Es decir, plasmado sobre el papel, es muy fácil encontrar las razones por las cuales hemos recibido una verdadera avalancha de empresas mineras del país de la hoja de maple, sin que existan, aquí, las mínimas defensas para evitar el saqueo de nuestras riquezas naturales, o que, bien explotadas, generen el desarrollo social (y económico) que necesitamos, para evitar que una vez agotadas sólo dejen tras de sí, como siempre, la miseria, el abandono y el recuerdo de “los tiempos de la bonanza” minera.
Y eso, suponiendo que la explotación obedeciera a las más puntillosas normas ambientales, no las de aquí, sino las de sus países de origen.
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