Por Sanjuana Martínez
“Los normalistas pertenecen a Los Rojos”, me dijo el funcionario de Gobernación, cuya encomienda era hablar con algunos periodistas que empezamos a investigar el crimen de Ayotzinapa en los primeros días de octubre del año pasado.
Nunca supe su nombre, lo único que recibí fue una llamada telefónica: “Investigue la relación de Los Rojos con los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos. Ellos no son blancas palomitas como usted los pinta. Andaban metidos en el narco por eso se los llevaron. Usted es una periodista profesional, escriba también de eso”.
Lo dejé hablar, luego le contesté: “Si están vinculados con el narco, ¿dónde está el dinero? Acabo de regresar de allá y lo único que pude ver fue pobreza. Los estudiantes de esa normal no tienen ni camas para dormir, duermen en el suelo, comen apenas lo que cosechan y carecen de todo, absolutamente de todo. Son pobres, ¿cómo es posible que el narco esté metido si el dinero no se nota?”. El sujeto no supo que contestar. Solo se despidió y colgó.
Otros colegas me contaron que la Procuraduría General de la República (PGR) en ese momento dirigida por Jesús Murillo Karam, los había contactado de muy distinta forma para intentar venderles su versión y ensuciar a los normalistas. Su objetivo era claro: desacreditar a los 43 desaparecidos y lograr calmar los ánimos exacerbados de la sociedad mexicana que ya para ese entonces inundaba las calles de las principales ciudades de la República para exigir la aparición con vida de los muchachos y particularmente la renuncia de Enrique Peña Nieto.
Evidentemente la versión de Gobernación fue asumida por un grupo de “periodistas”. Y escribo entrecomillada la palabra porque me parece que son los mismos de siempre, esos merolicos que se dedican a repetir las versiones oficiales a cambio de distintas prebendas o pagos desde el gobierno.
Durante el último año hemos ido identificando a estos pseudoperiodistas dispuestos a vender su pluma al mejor postor y al gobierno en turno. Su desprecio hacia las víctimas de Ayotzinapa y sus familiares es realmente repulsivo. Son mercenarios. No hay otra palabra que los pueda definir con exactitud. Y no es un insulto, es simplemente una definición.
La última cruzada de estos agoreros del gobierno es ensuciar a las víctimas de Ayotzinapa. Como el gobierno no pudo convencer con su “verdad histórica” convertida patéticamente por ellos mismos en “mentira histórica”, pues ahora se valen de otros métodos.
Y no basta con tener la caja china a su disposición a través del duopolio televisivo que padecemos, ahora quieren llegarle a la gente con una especie de panfleto llamado “docudrama” y titulado La Noche de Iguala. El líbelo cinematográfico, por llamarlo de alguna manera, no es más que una especie de consigna difamatoria a base de técnicas dramáticas propias de un sketch de la Rosa de Guadalupe.
La película no llega ni a serie B. Los actores Adrián Villanueva, Alejandro de la Rosa, Óscar Serrano, Roberto Islas y otros, son sencillamente mediocres, el bajo presupuesto se nota porque seguramente los que cobraron mejor fueron los llamados “periodistas” que se decidieron a aceptar la encomienda del gobierno para finalmente realizar este bodrio.
La escenografía panfletaria es básica. El libreto de Gobernación contiene todos los detalles repetidos hasta la saciedad a través de la bautizada “mentira histórica”.
El guión intenta convencer a los espectadores que el crimen de Ayotzinapa es algo local, concretamente de Iguala y en general limitado al estado de Guerrero, asolado por dos cárteles de la droga antagonistas: los Guerreros Unidos y los Rojos. Por tanto, el culpable de todo es el Alcalde José Luis Abarca y su Policía municipal a las órdenes de Guerreros Unidos. Y por supuesto el ex Gobernador Ángel Aguirre. Hasta allí llegan las responsabilidades de este crimen, según esta versión oficialista.
La participación del Ejército ni siquiera es una remota posibilidad, ni mucho menos los informes de organismos internacionales como el de la CIDH que descartan de manera tajante que los normalistas hayan sido incinerados en el basurero de Cocula, versión que sostiene este docu-oprobio.
Y aunque ustedes no lo crean, hay quienes se presentan como autores de esta bazofia. Se trata de profesionales identificados plenamente con las versiones oficialistas del caso Ayotzinapa, Jorge Fernández Menéndez columnista de Excélsior y guionista del docudrama, y el director Raúl Quintanilla, director académico del Centro de Formación Artística de TV Azteca. Ustedes mismos saquen sus conclusiones.
Según Fernández Menéndez el docudrama es producto de 20 años de investigación periodística. Extraño, porque los hechos de Iguala sucedieron el año pasado: “En mi investigación, con base en lo que hemos conocido y que se está divulgando muy ampliamente en estos días, creo que es incontrovertible que los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados, no podemos saber si fueron los 43 o más, o menos, pero sí sabemos que hubo un secuestro, un asesinato, una incineración en el basurero de Cocula”, dijo en una entrevista a El Financiero.
Lo que no ha podido determinar nadie, Fernández Menéndez ya lo hizo: “fueron asesinados”. ¿Cuáles serán sus fuentes fidedignas para manifestar semejante certeza sin pruebas? Misterio, misterioso.
Y lo más importante: ¿cuántas veces creen ustedes que este “periodista” recorrió los cerros de Iguala, el basurero de Cocula y la normal de Ayotzinapa para escribir su guión? Sería interesante saber si se ensució sus zapatos para realmente acudir al lugar de los hechos, incluido el 27 batallón de Infantería y los cuarteles militares de la zona donde existen cárceles y crematorios clandestinos, según el testimonio del General José Francisco Gallardo, o bien el llamado C-4 de Iguala ignorado por las autoridades federales.
Lamentablemente al ver la película es fácil determinar que este “periodista” y su compañero director Quintanilla, se basaron completamente en el libreto, digo, expediente de la Procuraduría General de la República (PGR) para hacer su docudrama.
Dice el “periodista” Fernández Menéndez que a diferencia de Tlatelolco o el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, en el caso Ayotzinapa si se sabe lo que ocurrió: “…lo que pasó, en general, ya lo sabemos”. Es asombrosa la certeza de este investigador frente a las dudas que ha sembrado la propia mentira histórica.
Pero como dice José Saramago: “Puede ser que mi verdad sea para ti mentira. Puede ser, sí, la duda es el privilegio de quien ha vivido mucho, tal vez por eso no consigues convencerme para que acepte como certeza lo que me suena a falsedad”.
Por lo pronto, la película gobiernista ya ha generado reacciones contundentes. Una petición en Change.org para exigir que sea retirada de las salas de cine y fuertes declaraciones del comisionado Julio Hernández Barros, integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) quien dijo que el docudrama viola la Ley General de Víctimas, porque incorpora como parte de su línea argumental la versión difundida por la PGR, en particular que los normalistas fueron calcinados en el basurero de Cocula, a pesar de que esa versión ha sido descartada por organismos internacionales y la investigación de la desaparición forzada sigue abierta.
Finalmente, este docu-panfelto pasará sin pena ni gloria, pero quedará en la memoria de la abyección cinematográfica oficialista de México.
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