Andrés Manuel López Obrador señaló que el caso de Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien se encuentra en huelga de hambre y está sujeto a un proceso de juicio político, se trata de una venganza.
A través de su cuenta oficial de Twitter, el tabasqueño condenó la situación que vive el exfutbolista y dijo “no al desafuero para inhabilitar en lo político”.
En el caso Cuauhtémoc Blanco, legalidad aparte, es evidente que se trata de una venganza. No al desafuero para inhabilitar en lo político.
— Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 18, 2016
Blanco Bravo, quien inició una huelga de hambre en los primeros minutos de este sábado, aseguró que continuará en la Catedral de Cuernavaca hasta que las instalaciones del municipio sean “liberadas” por la policía del Mando Único.
Por la mañana, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) realizaron una rápida sesión extraordinaria, en la que dieron cuenta del juicio político contra el alcalde y luego crearon la Comisión Instructora del procedimiento conformada por tres integrantes, en este caso, la propia magistrada presidenta María del Carmen Verónica Cuevas López; así como sus compañeros Elda Flores y Manuel Díaz Carvajal.
Ellos se encargarán de darle trámite al juicio, analizar las causales y en todo caso determinar las conclusiones, para que al regreso de vacaciones, en enero, se pueda dar espacio al alcalde para la presentación de pruebas y alegatos en su defensa, y luego presentarlo al pleno para su evaluación y, en su caso, aprobación.
Por lo pronto, el Tribunal ha notificado a Blanco Bravo que no puede abandonar el estado en tanto no se resuelva el asunto. Y es que el procedimiento legal establece que el presidente del TSJ “decretará las providencias cautelares que corresponda para garantiza la estancia en la entidad del servidor público de que se trate hasta en tanto se dicte resolución definitiva”.
Además, luego de designar a la Comisión Instructora, se emplazará “al acusado y notificar a la Comisión (de Gobernación y Gran Jurado) del Congreso y al procurador general de Justicia del estado, señalándose un plazo de tres días para que en caso de existir, ofrezcan pruebas supervenientes, las cuales se recibirán y desahogarán previa su declaración de admisión dentro de los tres días subsiguientes”.
Fuente: Apro
