Por Gilberto López y Rivas
Ha trascurrido apenas un año del gobierno de Enrique Peña Nieto y, como un castillo de naipes, se derrumba el mito que construyeron los estrategas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del duopolio mediático alrededor de lo que significaría el regreso de esa facción política al Poder Ejecutivo federal. Las campañas de intoxicación ideológica basadas en ideas fuerza como: los priístas sí saben gobernar, ahora sí Peña va terminar con la violencia y dará seguridad a los ciudadanos y la economía popular saldrá del atolladero, probaron ser espejismos electoreros desvanecidos ante la realidad trágica de un país devastado.
La violencia cotidiana de una economía mafiosa-parasitaria, asociada estructuralmente con el Estado y los circuitos financieros de la economía formal, no ha disminuido. Por el contrario, se extiende e impone su control territorial cada vez con mayor poder de fuego y con la consiguiente cauda de muertos, secuestrados, desaparecidos, desplazados, robados o aterrorizados ciudadanos. El único cambio notable durante este año es el mutismo de la dictadura mediática frente a la guerra asimétrica contra una sociedad que, inerme, no encuentra más formas de protección relativa que el acatamiento de un estado virtual de suspensión de garantías o estado de sitio, el abandono forzado de casas y otras propiedades, los cierres crecientes de establecimientos comerciales que no aceptan pagar derecho de piso, el éxodo de pueblos enteros ante el acoso del crimen organizado y, frente a ello, la complicidad manifiesta de las autoridades de los tres poderes que afirman combatir el crimen e imponer la ley.
La estadística macabra de las ejecuciones sumarias iniciada con Felipe Calderón ha ido en aumento y varios analistas sostienen que ya rebasa los 100 mil muertos. Para dar una idea comparativa de la catástrofe humanitaria mexicana, una antropóloga estadunidense señala que el total de los soldados de Estados Unidos fallecidos en las guerras de Vietnam hasta Irak no llega a esa cantidad, mientras que en Nicaragua, en los 10 años de conflicto de baja intensidad contra la revolución sandinista, la cifra rondó en las 50 mil víctimas fatales. Peña Nieto, siguiendo los consejos de su asesor colombiano, oculta las dimensiones de la tragedia nacional, mientras se sataniza y persigue, esgrimiendo postulados de un inexistente estado de derecho, las únicas experiencias exitosas de lucha contra la delincuencia que son las policías comunitarias y los grupos de autodefensa basados en estructuras colectivas e igualmente comunales.
Si los derechos a la vida, la justicia y la seguridad pública de los mexicanos no están garantizados por el gobierno actual, el retorno priísta a la Presidencia de la República tampoco ha significado la rectificación de la política económica neoliberal de reformas estructurales que los antecesores en la Presidencia adoptaron en contra del interés nacional y del bienestar de la mayoría del pueblo mexicano. La reforma laboral de Peña Nieto, continuidad de la propuesta de Calderón, precarizó aún más la relación contractual entre capital y trabajo, haciendo prácticamente imposible la estabilidad del empleo y facilitando aún más la temporalidad discrecional y el despido de millones de trabajadores; legalizó y estimuló la subcontratación de fuerza laboral y limitó al extremo el derecho de huelga en favor de un mayor control patronal. Ello en el contexto de una recesión y estancamiento evidentes de la economía mexicana, el agravamiento del subempleo y el desempleo, la caída del número de cotizantes efectivos de las Afore y de las remesas del exterior, y los problemas crecientes para el pago de créditos hipotecarios.
La reforma constitucional educativa-administrativa-laboral y sus leyes secundarias impuestas por Peña Nieto, con la connivencia de los tres partidos mayoritarios agrupados en el Pacto por México, además de privatizar la educación a través de la supuesta autonomía de las escuelas y poner la carga de su funcionamiento sobre los padres de familia y los propios mentores, amenazan gravemente las prestaciones laborales del magisterio, su estabilidad en el empleo y constituyen una violación de los derechos ciudadanos a una educación gratuita, pública y laica. Esta medida de carácter también empresarial y efectuada sin tomar en cuenta a los educadores, los expertos en la materia, las universidades y la sociedad en su conjunto, no sólo ha provocado el repudio de los trabajadores de la educación, que con sus movilizaciones han concitado la solidaridad de millones de mexicanos que ahora se dan cuenta de la verdadera naturaleza de un régimen represivo y oligárquico, sino que además atenta, en cuanto al papel de profesores y alumnos, contra una educación verdaderamente creativa, liberadora y vinculada estrechamente con las comunidades.
Las reformas a los artículos 27 y 28 de las Constitución, de consumarse en los términos propuestos por Peña, constituyen la más grave de las acciones que pretenden revertir la nacionalización que hiciera el general Lázaro Cárdenas en 1938, y entregar nuestros recursos petroleros y eléctricos a grandes consorcios extranjeros y nacionales privados, lo que profundizaría la pérdida de soberanía que ya se deja sentir en las fuerzas armadas y los organismos de seguridad e inteligencia, ahora estrechamente vinculados subalternamente al gobierno de Estados Unidos. Esta medida hipotecaría el futuro de varias generaciones de mexicanos y pondría aún en mayor riesgo la existencia de México como nación independiente. Todo esto ha llevado a crear un espacio de convergencia de muchas fuerzas políticas en la Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación, que el 12 de octubre manifestó en un documento: Hermanos y hermanas, unidos todos, podemos rescatar nuestra nación, detener las contrarreformas neoliberales y caminar hacia nuestra liberación. ¡Despertemos!, es hora de que se vayan los neoliberales y de hacer a un lado a los gobiernos de la traición nacional.
Fuente: La Jornada
