Por Javier Sisilia
Para Denise Dresser con toda mi solidaridad.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- No sé si Manlio Fabio Beltrones es el exgobernador de Sonora que, como en 1997 lo señalaron Sam Dillon y Craig Pyes, protegió en su momento al Cártel de Juárez. No sé si, como recientemente se ha destacado, pidió, en su calidad de coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, un “moche” al alcalde de Celaya a cambio de la asignación de 160 millones de pesos del presupuesto público para la pavimentación de ese municipio.
Sé, en cambio, que en su función de senador fue una pieza clave para los consensos que permitieron que en 2011 los senadores aprobaran por unanimidad la Ley de Atención a Víctimas. Sé también que Denise Dresser, en su artículo Cloaca abierta (Reforma, 31 de marzo), al revivir esas acusaciones a Beltrones, tocó un problema fundamental en la violencia que vivimos: el encubrimiento. La violencia que no ha dejado de azotar al país tiene, entre otras causas profundas, el encubrimiento no sólo de criminales dentro del PRI –como lo señala Denise–, sino dentro de todos los partidos políticos. La impunidad en 98% de los casos no es más que la expresión en cifras de un Estado corrompido que, al proteger a criminales, permite que las células delictivas que dice combatir continúen operando en todo el país.
El hecho de que Denise dirija, en la persona de Beltrones, sus baterías hacia el PRI, no es en este sentido fortuito. El PRI representa no a un partido, sino a la cultura política del país. Durante décadas, esa cosa que administró al Estado y retornó, no ha hecho otra cosa que enseñar la corrupción como fuente del poder. Llegar al poder ha significado violentar las leyes para provechos personales, usar el erario para comprar conciencias y recibir favores, reprimir, intimidar y, a veces, asesinar sin consecuencia alguna. Esa cultura, que le debemos al PRI, está en el corazón de cada uno de los partidos y de una buena parte de la ciudadanía: Los “moches” –las antiguas “mordidas”–, los vínculos con los cárteles de la droga, los atropellos a la ley, las intimidaciones –de las que a partir de su artículo ha sufrido Denise–, los asesinatos de otros periodistas y defensores de derechos humanos, la fabricación de culpables, la prepotencia, el uso del poder no como servicio sino como modo de vida y como una manera de delinquir y controlar la existencia de todos, son esa cultura que, como lo denuncia Denise en el artículo referido y en la entrevista que le hizo Arturo Rodríguez García (Denise Dresser, intimidada, Proceso 1955), ha estallado en los últimos 10 años de una forma atroz. Desde Felipe Calderón –no un priista, sino un panista, que la resumió al inicio de su mandato con un barbarismo: “Haiga sido como haiga sido”– hasta Arturo Montiel, pasando por los funcionarios responsables de la muerte de niños en la guardería ABC y por los vínculos criminales de Leonel Godoy, adonde llevemos la mirada –ya sea al PRI, al PAN, al PRD y sus comparsas– veremos esa cultura del encubrimiento y de la impunidad florecer y arropar la violencia y el crimen.
Hace unas semanas, conversando con el responsable de la seguridad en Morelos, Alberto Capella, le preguntaba: “Dígame, comisionado, ¿por qué en este estado, que se puede recorrer en un día, que no tiene grandes sierras ni selvas ni zonas, como Guerrero o Michoacán, inexpugnables, no han logrado contener el crimen?”. Su respuesta apunta en el mismo sentido que denuncia Denise: “Porque algunos de los presidentes municipales y algunos diputados son los mismos criminales y nadie quiere denunciarlos por miedo”.
No hay, en este sentido, y pese a los cientos de decenas de “cloacas abiertas” que refiere Denise, una verdadera y profunda investigación “de políticos de alto nivel” y de otros que pertenecen a las estructuras municipales. La red, cuyo sustento está en esa cultura que en su diseño institucional “mantiene a procuradores y fiscales sin autonomía, dependientes de los titulares del Poder Ejecutivo en el orden federal y estatal”, es tan intrincada, tan espantosa y enmarañada como la violencia y el miedo que ésta ha generado; tan terrible como los miles de víctimas que no encuentran justicia y se siguen acumulando; tan brutal como los periodistas intimidados o asesinados; tan insultante como los enriquecimientos ilícitos de Romero Deschamps, de Arturo Montiel, de Genaro García Luna; tan sobrecogedora como los crímenes de Mario Marín y de Ulises Ruiz. Entre ellos y El Chapo Guzmán y los otros capos a los que dicen perseguir los gobiernos no median más que el encubrimiento y la máscara de legalidad.
El problema radica en que no hemos dejado de sostener esa cultura. Cada vez que vamos a las urnas la legitimamos. ¿Tiene remedio? No lo sé. La violencia que florece al amparo de esa criminalidad institucionalizada, y que cada vez es peor, dice que no. Cuando un Estado está podrido como el nuestro no hay buenas reformas ni gente honesta que alcance. El cambio –así se anuncia cada día de mil maneras– vendrá, como siempre, de abajo y de las periferias.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco y de las Autodefensas, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón y Peña Nieto.
Fuente: Proces
