Por Carlos Fazio
La información en torno a los hechos del 1 de mayo en Jalisco ha sido confusa. Muy confusa. ¿Deliberadamente confusa? Desde el día del suceso las versiones difundidas por la Secretaría de la Defensa Nacional y el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, parecieran estar plagadas de medias verdades, ambigüedades y contradicciones que no resisten el análisis racional y empírico. Por ello, dadas las modificaciones del guión y sus inconsistencias, se podría estar ante una operación de bandera falsa (False Flag Operation). Es decir, un autoatentado paramilitar −compuesto por una doble acción de guerra sicológica y de propaganda− pensado para alcanzar un objetivo estratégico y una reacción que permitiera justificar una intervención o respuesta preparada de antemano en el marco de la orwelliana guerra sin fin diseñada por el Pentágono, y ejecutada en el caso de México por los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Esto es, la inmediata militarización de los estados de Jalisco, Colima, Guanajuato, Nayarit y Michoacán, según los propios voceros oficiales.
Una de las incongruencias más notables fue la versión sobre la desaparición de tres militares que fueron encontrados muertos cuatro días después en la zona en la que, presuntamente, un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana fue derribado por el disparo de un lanzacohetes RPG-27. Las imágenes con los restos calcinados de la nave matrícula 1009 (una de las pruebas materiales) fueron dadas a conocer por una televisora privada la noche del lunes 4 y, pese a la supuesta gravedad del caso, la Procuraduría General de la República no tenía asegurado el lugar para preservar evidencias. (Una versión indica que las imágenes las proporcionó la Sedena.)
A su vez, la noticia sobre el aseguramiento de 10 cohetes RPG útiles, dos lanzacohetes LAW y una camioneta con base para una ametralladora Barret .50 fue suministrada a los medios 72 horas después, sin que mediara ningún peritaje técnico-científico sobre la caída del helicóptero, lo que, aunado a las variaciones sobre el número de muertos, la ausencia de datos forenses y el silenciamiento sobre la identidad de las víctimas (presuntamente por razones de seguridad nacional), abona al desaseo con que se construyó la verdad oficial del caso.
Para entonces, mediante filtraciones y entrevistas arregladas con líderes de opinión afines al gobierno, se había venido construyendo la narrativa sobre el hecho. Por un lado, se hizo hincapié en el trágico fracaso de la misteriosa misión de una unidad de élite del cuerpo de fuerzas especiales del alto mando, en el marco del Operativo Jalisco a cargo del general de división Miguel González Cruz, comandante de la quinta Región militar (La Mojonera, Jal.) y reputado como el pacificador de Tamaulipas, operativo del que forman parte, además del Ejército, la Marina, la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
Por otro, sin pruebas fehacientes, se manufacturó la imagen del cártel Jalisco Nueva Generación/Los Cuines como la más reciente encarnación del mal a escala mundial. En sólo cinco años, el grupo criminal se convirtió en el mejor organizado y con una disciplina militar vertical, integrado por marines estadunidenses latinos (veteranos de Afganistán e Irak) y desertores de tropas de élite mexicanas, todos expertos en táctica y estrategia, con capacitación en contrainsurgencia y especializados en armamento sofisticado.
En ese contexto de manipulación mediática vía la siembra de matrices de opinión ad hoc, fue fácil fabricar un nuevo casus belli para las fuerzas armadas. De manera maniquea, sin identificar por su nombre al grupo de los presuntos perpetradores del supuesto derribo del helicóptero, el titular de la Sedena, general Salvador Cienfuegos, llamó a la unidad de los buenos mexicanos contra los malos, viles y cobardes criminales, los apátridas desadaptados sin escrúpulos y sin conciencia ética. El nuevo enemigo interno, difuso, asimétrico, irregular, cuyo modus operandi (no comprobado) llevó a algunos columnistas a identificarlo en la categoría preferida del Pentágono: CJNG= narcoterrorismo.
Como el público carecía de conocimientos para asimilar la nueva narrativa, el 8 de abril el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había plantado la noticia sobre la existencia de una alianza entre el CJNG y Los Cuines, quienes ante la erosión de los grupos delincuenciales históricamente poderosos habían expandido rápidamente su imperio criminal. Amplificada en los medios mexicanos, la noticia estaba destinada a que la audiencia estuviera convenientemente predispuesta a comprender y creer el nuevo relato oficial.
Las tres preguntas claves sobre el presunto derribo del helicóptero de la FAM tienen que ver con el móvil, la capacidad y la oportunidad de la acción de los supuestos agresores. ¿A quién benefició la acción con sus previsibles consecuencias? El malo (CJNG) habría justificado la nueva guerra del Estado bueno para nulificarlo (general Cienfuegos dixit) y decretado su propio suicidio. ¿Tenía realmente el CJNG capacidad tecnológica operativa para llevar a cabo la acción? No existe ningún antecedente con ese tipo de armamento. En cuanto a la oportunidad, la narrativa oficial no parece verosímil. Simplemente no tiene lógica: al desafiar al Estado los criminales pusieron en riesgo su propio imperio económico. Además, para la determinación de la autoría se necesitan pruebas materiales y en este caso los indicios son vagos y sirvieron para fabricar un casus belli al vapor: la guerra justa del Estado bueno.
La inmediatez para la explotación del evento −para sacar provecho del crimen− sugiere la existencia de un plan preconcebido: la guerra debe continuar. No es cierto que las mentiras tengan patas cortas; los expertos de la guerra sicológica cuentan con medios para sepultar u orillar la verdad, y eso hace que las mentiras puedan tener un recorrido sorprendentemente largo…
Fuente: La Jornada
