Por Víctor M. Quintana S.
El Chihuahua que se indigna y lucha comparece estos días ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en la audiencia dedicada a la represión a los movimientos sociales. Diversas organizaciones sociales norteñas harán ante este prestigiado tribunal de conciencia el recuento de 50 años de luchas, de agravios, de violencia en contra de los movimientos que la sociedad chihuahuense ha levantado para resistir a las políticas explotadoras, depredadoras y autoritarias, lo mismo del modelo económico de sustitución de importaciones que del modelo neoliberal, dominado por el capital financiero; de gobiernos salidos de la imposición, como de los emanados de una nunca acabada y estancada transición a la democracia.
Acusarán al Estado mexicano que en los años 60 mediante el gobierno de Giner Durán, apoyado por latifundistas ganaderos y madereros, reprimió a los campesinos de la UGOCM demandantes de tierra; desalojó, persiguió a campesinos y dirigentes y cerró las escuelas normales rurales. Lo denunciarán por haber clausurado todos los espacios de protesta pacífica y no dejarles a los campesinos, maestros y estudiantes otra vía que la de las armas. Lo acusarán de la represión sangrienta, la persecución, lasejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias que perpetró contra los grupos guerrilleros encabezados por Pablo Gómez y Arturo Gámiz en 1965, y Jorge González Eguiarte en 1968, y contra los guerrilleros encabezados por Diego Lucero y Avelina Gallegos en 1972.
Acusarán al Estado porque desde fines de los años 70 reprimió en Chihuahua a los dirigentes y las bases de los movimientos urbano-populares que reivindicaron y ocuparon lotes para autoconstruir sus viviendas, ante la carencia de las mismas, por el afán especulador de los terratenientes urbanos. Denunciarán los desalojos violentos, las aprehensiones, la negativa de los gobiernos a proporcionar servicios públicos a los asentamientos populares hasta que la lucha de los posesionarios se los fue arrancando.
Señalarán al Estado mexicano por ejercer diversas formas de violencia contra dirigentes y militantes de organizaciones campesinas como El Barzón, el Frente Democrático Campesino, el Comité Pro Mejoramiento del Agro, Agrodinámica Nacional, que han luchado contra los efectos perversos del modelo de agricultura capitalista, extractivista, favorecedor del libre comercio y los grandes productores nacionales y trasnacionales.
Denunciarán al Estado por encarcelar a los activistas campesinos que luchan contra las altas tarifas de energía eléctrica para riego como Armando Villarreal Martha, posteriormente asesinado; a quienes demandan precios justos para sus productos; políticas que favorezcan la soberanía alimentaria y el desarrollo de los agricultores pequeños y medianos. Acusarán al Estado de ejecutar desalojos violentos cuando las organizaciones ocupaban de manera pacífica, oficinas públicas, carreteras o puentes internacionales; de negar el acceso a programas y recursos públicos a quienes impugnan sus políticas excluyentes, y de criminalizar constantemente la protesta rural.
El Estado mexicano y los bancos serán acusados por reprimir continua y sistemáticamente a los deudores de la banca, sobre todo los agrupados en El Barzón, desde los años 90. Por ejecutar embargos, desalojos, expropiaciones injustas del patrimonio familiar; por golpear a quienes lo defienden en contra de banqueros y prestamistas. Por emplear torcidamente la ley contra dirigentes y activistas de las organizaciones de deudores y emprender campañas de linchamiento mediático contra ellos. Acusarán a las empresas forestales, mineras y turísticas que con el apoyo del Estado mexicano han ejercido la violencia institucional, policiaca o de guardias blancas contra las comunidades indígenas que defienden su territorio, sus recursos naturales, su tradición y su cultura, como las de Bakéachi, Coloradas de la Virgen, Mogotabo, Norogachi, y otras más. Los acusarán de amedrentar a las comunidades, de perseguir a sus dirigentes. De los asesinatos impunes de 10 líderes indígenas entre 1977 y 1992 y del asesor de Bowerasa Ernesto Rábago. Los acusarán también de las amenazas e intento de asesinato contra la abogada Estela Ángeles Mondragón y su hija.
Se fustigará al Estado mexicano en todos sus órdenes por la negligencia culpable y la represión directa contra las organizaciones de mujeres que defienden los derechos de éstas y en contra de mujeres que, solas, han luchado porque se les haga justicia. Lo acusarán del feminicidio de Marisela Escobedo, de Susana Chávez y de varias más. De haber emprendido campañas de desprestigio contra organizaciones como Justicia para Nuestras Hijas o el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres por cuestionar las políticas gubernamentales y exigir el fin de la impunidad de los agresores. Lo responsabilizarán de las amenazas contra dirigentes como Norma Ledezma, Lucha Castro, Cipriana Jurado, Marisela Reyes, y muchas más. También lo acusarán por la violencia simbólica que propicia en los medios de comunicación contra las defensoras de los derechos de las mujeres.
Denunciarán al Estado por la represión ejercida contra las organizaciones derechohumanistas de Chihuahua. Por criminalizar la labor de quienes velan por los derechos de las víctimas en un contexto de violencia criminal y violencia de Estado. Lo acusarán por propiciar el asesinato o haber actuado con negligencia en los casos de los integrantes de la familia Reyes Salazar: Josefina, Malena, Rubén y Elías, y de Luisa Ornelas. De Benjamín Le Baron y Luis Whitman; de Géminis Ochoa, Alicia Salaiz Orrantia, Paz Rodríguez Ortiz y Paz Alberto Rodríguez Salaiz, y del maestro Manuel Arroyo Galván. Lo señalarán por entorpecer el trabajo de los derechohumanistas, de no actuar con eficacia para protegerlos.
Con autoridad moral acusarán al Estado y a las empresas y grupos de poder económico que practican la minería extractivista y la sobrexplotación de mantos acuíferos y cuencas hidrológicas por los múltiples ataques a los activistas y a los campesinos que defienden el agua y el medio ambiente. Los acusarán del doble asesinato de Ismael Solorio y su esposa Manuelita Solís, el 22 de octubre de 2012: de los ataques a los ejidatarios de Benito Juárez, que rechazan la instalación de la mina El Cascabel. De las agresiones contra los agricultores que defienden la cuenca del río del Carmen contra la depredación por grupos de menonitas acaudalados. De los ataques contra los ejidatarios de Huizopa, municipio de Madera, por defender su tierra de la devastación practicada por Minera Dolores.
En síntesis, los activistas sociales de Chihuahua acusarán al Estado mexicano, y a los grupos de poder político y económico, de ejercer diversas formas de represión y violencia sistemáticas contra los movimientos sociales surgidos precisamente para defenderse y reivindicar sus derechos ante la explotación, exclusión, devastación y violencia multiforme generadas por las decisiones tomadas desde el propio Estado. Lo acusarán de intentar borrar con la violencia cualquier intento de resistencia y de construcción de contrapoderes emprendido por los diversos movimientos sociales. Lo acusarán de reprimir desde hace muchos años a quienes se indignan y se yerguen para construir condiciones de justicia, libertad y dignidad para todas y para todos.
Fuente: La Jornada
