Por Javier Sicilia
Develar es un verbo precioso. Implica la manifestación de algo que está en la realidad de manera encubierta, la sorpresa de una revelación. Ese universo pertenece al arte. Teodoro Adorno lo resume en su Discurso sobre lírica y sociedad: “Las obras de arte son exclusivamente grandes porque dejan hablar lo que oculta la ideología. Lo quieran o no, su consecuencia (…) las lleva más allá de la conciencia falsa”.
No sé si la fuga del Chapo –aunque remita a las grandes literaturas de escapes carcelarios como El conde de Montecristo de Alejandro Dumas– pertenezca al arte. Sé, sin embargo, que en el imaginario social ha funcionado de manera semejante a la definida por Adorno. Ha permitido mostrar lo que las masacres, las desapariciones, los asesinatos, las corrupciones del sistema político y la impunidad no han podido: develar lo que la ideología del Estado –es decir, la representación de su realidad– ocultaba: los estrechos vínculos del Estado con el crimen organizado –su ausencia, en sentido ideológico, de garante de la armonía, de la paz–. Por lo mismo, se advierte la necesidad de su inminente transformación. No ha habido ya –al menos en los medios periodísticos que he consultado– nadie que ose defenderlo, y muchos son quienes hablan de la necesidad de un cambio.
Por desgracia, ese desocultamiento no ha sido absoluto. La ideología, que tiene sus subterfugios, ha querido ver en esa evidencia, vivida con sorpresa y asombro, un problema de gobierno, no la inoperancia total del Estado, su crisis terminal. Para la ideología política, que es incapaz de concebir un gobierno sin Estado, el develamiento que la fuga del Chapo trajo a la conciencia política se volvió un asunto de gobernabilidad. Si el Estado no funciona y está desfondado, no es porque la máquina ya no sirva o porque el monstruo esté muerto, sino porque el gobierno no tiene la capacidad de recomponerlo o de hacerlo vivir. Y es que el Estado no puede estar de otra manera con un presidente ausente, enfermo, sometido al poder del narco, a la corrupción de sí mismo y de la clase política, a los desdenes de una esposa que ha perdido el mínimo recato de su representación como primera dama, a la impunidad, a la violencia del crimen, a la violación de los derechos humanos, a la miserabilización de la gente. Por lo tanto, para recomponerlo es necesario ponerlo en manos de políticos que estén en condiciones de hacer valer su existencia.
Quizá en las cúpulas ese relevo se esté ya gestando y sólo aguarden la instalación de la siguiente legislatura para operar el cambio.
Sin embargo, de suceder, no servirá de nada, porque lo que en realidad la fuga del Chapo desocultó es la crisis absoluta del Estado, de la que la inoperancia y el desmoronamiento del gobierno de Peña Nieto son un síntoma más. O mejor, puso al desnudo lo que el Estado es realmente. No el custodio de los derechos del ciudadano, de sus libres voluntades pactadas en un contrato social, pero sí el poder que se ejerce violentamente sobre la ciudadanía y que ahora está fracturado en redes de poder económico de las que el crimen organizado, las partidocracias, los gobiernos y los poderes fácticos forman parte.
Si a la luz de ese desocultamiento, que la ideología no quiere asumir, releemos el argumento de Hobbes sobre el poder del Estado, es decir, sobre el poder soberano, veremos con mucha claridad que ese poder no se funda, como piensa la ideología, en la libre cesión por parte de los súbditos; como lo señala Giorgio Agamben, se funda “en la conservación por parte del soberano (del Estado) de su derecho natural de hacer cualquier cosa a cualquiera” bajo el argumento del derecho a castigar (a veces, como lo señala el propio Hobbes: “de un modo tan completo como en el puro estado de guerra de cada uno contra el propio semejante”) en función de un supuesto bien común que en el fondo encubre el bien de los intereses del poder. En el Estado actual, sometido a los poderes económicos, todo aquel cuya fuerza es grande ejerce ese derecho, y allí están las enormes franjas de muertos, desaparecidos, desplazados, miserabilizados, secuestrados, despojados –las crecientes franjas de víctimas– para atestiguarlo.
Este develamiento exige, por lo mismo, una profunda transformación de la vida política, pero no en el sentido en el que la fijación y la ocultación ideológica quiere: cambiando un gobierno por otro y dejando incólume el origen de la violencia; lo que reclama es una refundación nacional, un verdadero pacto social que nazca de la gente y para la gente, de la búsqueda de una vida buena, y no de un Estado cuyo fundamento está en la violencia del poder que se articula en derecho y que se ha diversificado en una infinidad de poderes económicos brutales.
Es tiempo de construir ese pacto verdaderamente social y humano. De lo contrario, con Peña Nieto o sin él, la violencia se generalizará en una forma de guerra civil con el horror más inimaginable, cuyo prolegómeno vivimos.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés; detener la guerra; liberar a José Manuel Mireles, a sus autodefensas, a Nestora Salgado, a Mario Luna y a todos los presos políticos; hacer justicia a las víctimas de la violencia; juzgar a gobernadores y funcionarios criminales; boicotear las elecciones, y devolverle su programa a Carmen Aristegui.E
Fuente: Proceso
